Excusas y justificaciones que terminan castigando a los más vulnerables

España siempre ha tenido fama de ser un país de pillos y caraduras, pero hay partidos políticos que aprovechan esa realidad para estigmatizar a todas las personas que reciben algún tipo de ayuda social, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Y digo esto porque Alberto Núñez Feijóo ha anunciado su intención de sustituir el actual IMV y distintos subsidios por una nueva prestación denominada «Renta de Activación», vinculada a compromisos de formación y búsqueda de empleo, y que podría reducirse o retirarse gradualmente a quienes rechacen reiteradamente ofertas de trabajo adecuadas sin causa justificada.
Muchos aplauden estas propuestas sin pensárselo demasiado, porque aparentemente parecen justas. Pero conviene conocer la realidad antes de opinar.
Actualmente, para acceder al Ingreso Mínimo Vital hay que superar una serie de requisitos económicos, administrativos y legales bastante exigentes.
¿Qué se exige actualmente para cobrar el IMV?
* Vulnerabilidad económica: Hay que demostrar que los ingresos y el patrimonio de la persona solicitante o de su unidad de convivencia están por debajo de los límites establecidos legalmente. En 2026, la renta garantizada para una persona sola es de 733,60 euros mensuales. Esta cantidad no es necesariamente lo que cobra cada beneficiario: el IMV complementa los ingresos que ya pueda tener hasta alcanzar la cuantía garantizada que le corresponda.
* Residencia: Como regla general, se exige residencia legal y efectiva en España durante, al menos, el año anterior a la solicitud. Existen excepciones, entre ellas para víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y menores incorporados a la unidad familiar en determinadas circunstancias.
* Unidad de convivencia: Con carácter general, debe llevar constituida al menos seis meses antes de presentar la solicitud, aunque también existen excepciones legales.
* Edad: La regla general para solicitar el IMV como beneficiario individual es tener al menos 23 años. Sin embargo, existen supuestos especiales que permiten acceder a personas más jóvenes, por ejemplo, cuando tienen menores a cargo o concurren otras circunstancias previstas en la ley. No existe un límite general de 65 años aplicable a todos los supuestos.
* Inscripción como demandante de empleo: La legislación ya contempla la inscripción de oficio de determinados beneficiarios en edad laboral por los servicios públicos de empleo. No afecta a todos por igual: existen excepciones para quienes trabajan, estudian en determinadas condiciones, tienen reconocida una discapacidad o dependencia y otras situaciones previstas legalmente.
* Plazos de resolución: La Seguridad Social dispone de un máximo de seis meses para resolver las solicitudes. Si transcurre ese plazo sin resolución expresa, se entiende desestimada por silencio administrativo, aunque el INSS sigue obligado a resolver.
* Obligaciones posteriores: Los titulares y los integrantes de la unidad de convivencia deben presentar anualmente la declaración del IRPF, incluso cuando sus ingresos sean reducidos, y comunicar los cambios personales, económicos o familiares que puedan afectar a la prestación, generalmente en un plazo de 30 días naturales.
Es decir, el IMV no es una ayuda que se conceda sin controles ni obligaciones. Existe una regulación específica, controles económicos y patrimoniales y mecanismos para revisar, suspender o extinguir la prestación cuando corresponda.
¿Cuántas personas reciben realmente el IMV?
Los últimos datos oficiales publicados, correspondientes a octubre de 2026, indican que el Ingreso Mínimo Vital llega a:
2.781.679 personas beneficiarias.
911.274 hogares.
1.120.877 niños, niñas y adolescentes, que representan el 40,3 % de las personas beneficiarias.
La prestación media es de 524,60 euros mensuales por hogar.
Conviene aclarar que esa media no significa que cada persona reciba esa cantidad: se trata de la prestación media por unidad de convivencia.
Son datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
¿Es cierto que se deniega aproximadamente el 60 % de las solicitudes?
La AIReF, en su evaluación del Ingreso Mínimo Vital de 2026, señala que durante 2025, a 31 de diciembre, el 28 % de las solicitudes presentadas había sido aprobado, el 58 % había sido denegado o inadmitido y el 14 % continuaba pendiente de resolución.
Por tanto, hablar de aproximadamente un 60 % de solicitudes que no prosperan es razonable para ese ejercicio, aunque hay que distinguir entre una denegación y una inadmisión.
La misma AIReF advierte de otro problema especialmente grave: en 2025, el 52 % de los hogares que reunían los requisitos para recibir el IMV no llegaron siquiera a solicitarlo.
Esto demuestra que el problema no es únicamente controlar posibles abusos, sino conseguir que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.
Y aquí está una de las cuestiones que deberían preocuparnos a todos: hay personas que cumplen las condiciones para recibir una prestación y, sin embargo, no consiguen acceder a ella.
¿Qué ocurre con quienes realmente necesitan trabajar?
La mayoría de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica no necesitan que las llamen vagas, caraduras o aprovechadas. Necesitan oportunidades laborales reales, salarios dignos y unas condiciones que les permitan vivir.
Además, el IMV ya contempla incentivos para compatibilizar la prestación con los ingresos del trabajo. Es decir, aceptar un empleo no supone necesariamente perder de golpe toda la ayuda.
Por supuesto que puede haber personas que intenten aprovecharse del sistema. Como ocurre en cualquier ámbito, el fraude debe perseguirse y sancionarse. Pero utilizar esos casos para poner bajo sospecha a todos los perceptores es injusto y no responde a la realidad.
Tampoco podemos meter en el mismo saco a una persona que rechaza voluntariamente un empleo adecuado y a otra que no puede trabajar por una enfermedad, una discapacidad, responsabilidades familiares o porque sencillamente no encuentra una oportunidad laboral compatible con sus circunstancias.
¿Y qué propone realmente Feijóo?
Su propuesta de Renta de Activación pretende agrupar el IMV y diferentes subsidios en una nueva prestación, vinculada a compromisos de formación y búsqueda activa de empleo.
El objetivo declarado es que trabajar resulte económicamente más atractivo y que la ayuda sea compatible con el empleo.
Pero hay preguntas fundamentales que todavía deben responderse:
¿Qué se considerará una oferta de trabajo adecuada?
¿Cuántas ofertas se podrán rechazar y por qué motivos?
¿Qué ocurrirá con las personas enfermas o con discapacidad?
¿Cómo se protegerá a quienes tienen menores o personas dependientes a su cargo?
¿Qué garantías tendrán quienes no encuentren empleo pese a buscarlo activamente?
¿Qué cuantías y condiciones tendrá la nueva prestación?
No podemos dar por hecho que todas estas cuestiones estén resueltas. Se trata de una propuesta política, no de una reforma legal que ya esté en vigor.
Y hay algo que no deberíamos olvidar: una persona que recibe 733,60 euros mensuales como renta garantizada individual no está viviendo precisamente entre lujos. Con esa cantidad resulta extraordinariamente difícil afrontar alimentación, vivienda, suministros y demás necesidades básicas, especialmente en ciudades donde los alquileres han alcanzado precios desorbitados.
Hay personas vulnerables, enfermas y con dificultades enormes para salir adelante que sobreviven con cantidades insuficientes o que ni siquiera consiguen acceder a las ayudas a las que podrían tener derecho, muchos están en la calle.
Por eso, antes de hablar de retirar prestaciones, habría que hablar de empleo digno, de salarios suficientes, de vivienda asequible, de atención a la discapacidad y de mejorar los mecanismos para que las ayudas lleguen a quienes las necesitan.
A quienes hoy les va bien económicamente y consideran que mantener estas prestaciones supone un gasto excesivo, convendría recordarles que la vida da giros bruscos Nadie tiene garantizado que mañana no pueda necesitar la protección del Estado, necesitamos más empatía y menos egoísmo.
Una sociedad no se mide solamente por cómo trata a quienes tienen éxito, sino también por cómo protege a quienes atraviesan sus peores momentos.
Combatir el fraude, por supuesto. Mejorar el acceso al empleo, también. Pero convertir la pobreza en una sospecha permanente y a las personas vulnerables en culpables de su situación no es justicia social, y esto forma parte de la estrategia electoral de Feijoo y la ultraderecha; poner bajo sospecha de ser unos aprovechados y caraduras, a quienes reciben algún subsidio y ayuda del Estado, para luego aprobar leyes que les quiten estas pagas, y ahorrárselas al Estado.
Es muy fácil exigir sacrificios a quienes menos tienen. Lo verdaderamente importante es construir un sistema que les permita dejar de necesitar ayudas porque han conseguido una vida digna, no porque se les haya retirado la protección.
Y no debemos dejarnos llevar por la pasión ideológica, sino ser objetivos y contrastar los discursos de los políticos con la realidad y los datos