La ley no puede ser rehén del ruido político
Desde que se diera a conocer la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez de la Audiencia Nacional, asistimos, con una mezcla de estupor y vergüenza, a un espectáculo profundamente preocupante para un país democrático como España. Escuchar las declaraciones públicas de dirigentes políticos —diputados, senadores, presidentes autonómicos, alcaldes e incluso miembros del Ejecutivo— cuestionando sin el menor reparo la actuación del magistrado Luis Calama, encargado de la instrucción, produce una profunda indignación. Frente a este despropósito, escribo desde la convicción de que la sociedad española posee una madurez y un respeto institucional muy superiores a los demostrados por quienes han reaccionado de forma tan lamentable. No asistimos a un debate jurídico legítimo ni a una crítica técnica. Se trata de un ataque frontal, emocional y desmedido contra un pilar esencial de nuestro Estado de derecho: la independencia judicial.
Conviene recordar quién es el juez encargado de este caso. Don Luis Calama es un magistrado de perfil discreto, alta preparación y reconocido prestigio, especializado en cibercrimen, fraudes tecnológicos y complejas investigaciones económicas. Tratar de dibujarlo como un jurista de «tres al cuarto», como se intenta desde ciertos sectores de la política, es un burdo ejercicio de manipulación.
España no es una república bananera. Desacreditar descaradamente a un juez por el simple hecho de que una resolución resulte incómoda es inaceptable. Las acusaciones que se investigan —supuestos delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, penados con hasta ocho años de cárcel por su extrema gravedad— exigen máximo rigor. Mirar para otro lado y esperar a que el tiempo entierre las responsabilidades es incompatible con un sistema democrático sano.
La Justicia no es un instrumento al servicio de ningún partido político, por más que declaraciones como aquella del presidente Pedro Sánchez —«¿de quién depende la Fiscalía?»— inviten trágicamente a pensarlo. Administrar justicia no puede concebirse como un arma de doble filo contra el adversario, ni como un obstáculo a destruir cuando cerca a los propios. El poder judicial es, o debe ser, la garantía última de que todos somos iguales ante la ley, desde el ciudadano más humilde hasta el más alto cargo gubernamental.
Nuestro país necesita dirigentes que respeten las reglas del juego democrático, incluso cuando no les favorecen. Necesita ciudadanos que defiendan sin complejos la independencia judicial. Y necesita jueces que puedan ejercer su labor sin soportar presiones, amenazas veladas ni campañas sistemáticas de descrédito. Cuando se ataca a los jueces por cumplir con su deber, no se ataca a una persona: se está atacando a la libertad de todos.
Este tipo de comportamientos no son inocuos. Cuando un responsable público desacredita a un juez sin pruebas, no está defendiendo una idea política, sino debilitando los cimientos de la democracia. Proyectamos, tanto hacia el interior como hacia el exterior, una imagen impropia de un Estado consolidado.
La independencia judicial no es negociable. La Constitución española es meridiana en este aspecto: los jueces y magistrados son independientes y están sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta premisa no es un privilegio corporativo, sino una garantía irrenunciable para los ciudadanos. Es la certeza de que cualquiera, sea expresidente, ministro o ciudadano anónimo, será investigado o juzgado bajo las mismas reglas. Cuestionar de forma asidua la legitimidad de un magistrado envía un mensaje peligrosísimo: la idea de que la ley es moldeable a los intereses del poder.
En democracia, la crítica a las instituciones es natural y saludable, pero existe una línea roja: la que separa la discrepancia razonada de la presión política. Insinuar que un juez actúa por motivaciones ideológicas busca condicionar su labor. Y cuando esa coacción se ejerce de forma coordinada desde distintos niveles del poder, el daño institucional es irreparable. La Justicia no puede ser un campo de batalla partidista, ni un escudo, ni un arma. Debe ser un espacio de neutralidad, rigor y respeto.
Frente a esto, la ciudadanía no puede permanecer impasible. La reacción social ante estos ataques debe ser firme, pues normalizar el desgaste de los tribunales es normalizar el desgaste de la propia democracia. Defender la independencia judicial no es proteger a un juez en concreto; es defender el derecho a vivir en un país donde las instituciones funcionan sin miedo.
España ha construido durante décadas un sistema judicial sólido, con defectos y virtudes, pero cimentado sobre principios democráticos incuestionables. Las instituciones no pertenecen a los partidos; pertenecen a los ciudadanos. La separación de poderes no es un concepto abstracto, es el cortafuegos que impide que un gobierno controle los procesos o blinde a sus dirigentes.
En conclusión, me reafirmo en que defender la Justicia es defender a España. Quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación moral de respetarla. Exigimos serenidad institucional, respeto a la ley y un compromiso férreo con la independencia judicial. Porque sin jueces libres, no hay ciudadanos libres.
Y, recurriendo a nuestro rico pero a veces olvidado léxico canario para que el mensaje quede claro: esto lo digo y me planto. Y a ustedes, los políticos, manténganse a raya y no se me meen fuera del tiesto… ¡que casos se han dado!
¡Qué cosas!
