Ser pobre en España
La quiebra del ascensor social
“La generación mejor formada de nuestra historia frente a un futuro cada vez más inaccesible”
Hubo una época en España en la que el esfuerzo parecía tener premio. No garantizaba hacerse rico, pero sí permitía aspirar a una vida mejor que la de los padres. Estudiar una carrera, conseguir un empleo estable, formar una familia o comprar una vivienda eran objetivos alcanzables para una parte importante de la población. Hoy, sin embargo, esa promesa parece haberse convertido en una reliquia del pasado.
La pregunta resulta incómoda, pero imprescindible: ¿qué le ha ocurrido a nuestra sociedad para que miles de jóvenes con titulaciones universitarias, másteres, idiomas y empleo sigan siendo pobres?
No hablamos de casos marginales. Hablamos de una realidad cada vez más extendida. La paradoja española del siglo XXI consiste en que trabajar ya no garantiza escapar de la pobreza. El mérito académico tampoco. Y eso debería encender todas las alarmas.
Las estadísticas oficiales intentan reflejar esta situación a través de tres indicadores fundamentales: pobreza monetaria, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Sin embargo, detrás de esos tecnicismos se esconde una realidad mucho más sencilla de entender, y es que millones de personas viven peor de lo que deberían vivir después de haber hecho todo lo que la sociedad les pidió que hicieran.
La pobreza monetaria afecta a quienes tienen ingresos insuficientes para mantener unos niveles de vida considerados normales.
“Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 19,5% de los españoles continúa en esta situación, mientras que el 25,7% de la población sigue encontrándose en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, el 8,1% sufre carencia material y social severa”.
Lo verdaderamente preocupante es que una parte creciente de estos ciudadanos trabaja. Son camareros, dependientes, administrativos, técnicos, graduados universitarios o profesionales cualificados. Cumplen horarios, cotizan, pagan impuestos y, aun así, no consiguen construir un proyecto vital independiente.
“La generación que estudió para prosperar y descubre ahora, que trabaja solo para sobrevivir”
Mientras tanto, el precio de la vivienda se ha convertido en el gran devorador de salarios. Para muchos jóvenes, alquilar una vivienda supone destinar más de la mitad de sus ingresos mensuales. Comprar una casa es, simplemente, una fantasía. Quienes hace décadas accedían a una vivienda con un sueldo medio observan hoy con asombro cómo sus hijos, con más formación que ellos, apenas pueden aspirar a compartir piso hasta edades cada vez más avanzadas.
Y lo más preocupante es que esta situación no parece fruto de una fatalidad inevitable, sino también de años de políticas incapaces de equilibrar oferta y demanda. Gobiernos de distintos signos han prometido soluciones que nunca terminan de llegar mientras el acceso a la vivienda continúa deteriorándose. Se anuncian planes, ayudas y decretos, pero la realidad para miles de jóvenes sigue siendo la misma: cada año es más difícil alquilar, más difícil comprar y más difícil emanciparse.
Con demasiada frecuencia, la política de vivienda ha parecido más orientada al titular inmediato que a la resolución de un problema estructural. El resultado es demoledor. La vivienda, que debería ser un instrumento de integración social y una herramienta para construir proyectos de vida, se ha convertido en uno de los mayores factores de desigualdad. Quienes heredaron una propiedad o disponen de apoyo familiar parten con una ventaja decisiva frente a quienes únicamente cuentan con su trabajo y su salario.
Pero la pobreza actual no se limita al dinero.
La llamada carencia material y social severa afecta todavía al 8,1% de la población española. Traducido a un lenguaje comprensible significa millones de personas incapaces de afrontar gastos imprevistos, mantener adecuadamente su vivienda o disfrutar de algo tan elemental como una semana de vacaciones al año. De hecho, más de un tercio de los españoles no tiene capacidad para asumir gastos inesperados y uno de cada tres no puede permitirse unas vacaciones de una semana fuera de casa.
No es una cuestión de pobreza extrema. Es la normalización de una precariedad permanente.
Se nos repite con frecuencia que el empleo bate récords y que los indicadores macroeconómicos muestran fortaleza. Puede ser cierto. Pero también es cierto que una parte creciente de los ciudadanos no percibe esa prosperidad en su vida cotidiana. Las cifras pueden mejorar mientras la sensación de inseguridad económica sigue instalada en amplias capas de la población.
Y quizás ahí radique uno de los mayores fracasos de nuestro tiempo.
Porque cuando una sociedad logra convencer a una generación de que estudiar merece la pena, pero luego no le ofrece oportunidades acordes a ese esfuerzo, está sembrando frustración. Cuando trabajar cuarenta horas semanales no basta para independizarse, está generando desafección. Y cuando quienes cumplen las normas descubren que progresar depende cada vez menos del esfuerzo y cada vez más del patrimonio heredado o de la ayuda familiar, está debilitando la propia idea de justicia social.
Lo más inquietante es que parece haberse aceptado esta situación con una preocupante resignación. Como si fuera normal que un ingeniero de treinta años viva como vivía un estudiante de veinte. Como si fuera razonable que una pareja con empleo estable no pueda acceder a una vivienda. Como si una generación entera tuviera que conformarse con vivir peor que la anterior.
Y no, no es normal.
No es normal que un joven con dos carreras y varios másteres tenga menos capacidad de emancipación que sus padres a la misma edad. No es normal que una pareja con empleo estable necesite ayuda familiar para acceder a una vivienda. No es normal que trabajar haya dejado de ser una garantía razonable de progreso.
España lleva años celebrando cifras macroeconómicas positivas mientras una parte creciente de la ciudadanía siente que vive en una realidad paralela a la que describen los discursos oficiales. Porque los datos pueden mejorar sobre el papel, pero si el ciudadano no puede alquilar una vivienda, ahorrar, formar una familia o afrontar una avería inesperada, difícilmente percibirá esa mejora en su vida cotidiana.
Quizás haya llegado el momento de reconocer una verdad incómoda; “el ascensor social español no está simplemente averiado. Lleva demasiado tiempo detenido entre plantas mientras millones de personas esperan una oportunidad que nunca termina de llegar”.
“Menos discursos y más soluciones”
Y eso exige medidas concretas, no consignas.
Exige un gran pacto nacional por la vivienda que trascienda legislaturas y colores políticos. Exige incrementar de forma decidida la oferta de vivienda pública y protegida, agilizar licencias urbanísticas que hoy retrasan durante años nuevas promociones y poner suelo disponible allí donde la demanda resulta evidente.
Exige facilitar el acceso de los jóvenes a la compra o al alquiler mediante incentivos eficaces, sin convertir esas ayudas en un nuevo factor de encarecimiento de los precios. Exige favorecer la seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos y combatir con firmeza la especulación allí donde exista, pero sin demonizar a quienes ponen viviendas en el mercado.
Exige también impulsar políticas económicas que recuperen el valor real de los salarios, promover empleos estables y combatir una precariedad que se ha instalado como una característica casi permanente del mercado laboral.
Porque una sociedad que deja de premiar el esfuerzo termina castigando la esperanza. Y una democracia puede convivir durante algún tiempo con la desigualdad, con la confrontación política o incluso con las crisis económicas. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es que una generación entera llegue a la conclusión de que estudiar, trabajar y sacrificarse ya no sirve para prosperar.
Ese sería el auténtico fracaso colectivo de nuestro tiempo.
No el de una economía que crece más o menos, sino el de un país que corre el riesgo de romper el vínculo esencial entre esfuerzo y recompensa. Y cuando ese vínculo se rompe, no solo se resiente la prosperidad. También se debilitan la confianza, la cohesión social y la fe en el futuro.
Y ningún Gobierno, sea del color que sea, debería sentirse satisfecho mientras uno de cada cuatro españoles siga encontrándose en riesgo de pobreza o exclusión social y mientras miles de jóvenes, pese a estudiar, trabajar y esforzarse, tengan la sensación de que el futuro se aleja de ellos a la misma velocidad que suben los alquileres y el coste de la vida.
Porque cuando trabajar sirve para sobrevivir, pero no para progresar, el problema ya no es económico. Es, sencillamente, una cuestión de justicia social.
Todo ello esto nos lleva a la triste conclusión de que, “En España los títulos cuelgan de la pared y la pobreza sigue sentada a la mesa”
O como diría un maúro de Telde como yo… “Al pobre Pepito le han vuelto a coger la camella con esto de la venta de los plátanos”. Y es que compadre, por desgracia… ¡Casos se han dado!
¡Qué cosas!
