CSIF acusa al Gobierno de Canarias de utilizar la futura Ley de Atención a la Diversidad para maquillar la privatización de servicios esenciales para el alumnado NEAE
El sindicato denuncia que mientras se habla de inclusión y bienestar, se destinan casi 80 millones de euros a empresas privadas para gestionar un servicio que debería prestarse directamente desde la Administración pública.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los anuncios realizados por la Consejería de Educación sobre la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado esconden una realidad preocupante: la consolidación de un modelo de privatización de servicios esenciales para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Mientras el consejero Poli Suárez presume de cifras históricas de inversión e inclusión educativa, el Gobierno de Canarias acaba de comprometer cerca de 80 millones de euros para mantener externalizado el servicio de auxiliares educativos hasta 2029. Para CSIF, esta decisión evidencia la incapacidad del Ejecutivo para gestionar directamente recursos fundamentales para la escuela pública.
«No se puede hablar de inclusión real mientras se sigue entregando dinero público a empresas privadas para que gestionen un servicio esencial que debería estar plenamente integrado en la Administración educativa», denuncia el sindicato.
CSIF recuerda que los auxiliares educativos son una pieza imprescindible para garantizar la autonomía, la seguridad y la participación del alumnado con discapacidad y otras necesidades educativas especiales. Sin embargo, el modelo actual ha estado marcado por problemas recurrentes: insuficiente formación específica, precariedad laboral, alta rotación de personal, dificultades para cubrir bajas y sustituciones, y una falta de estabilidad que repercute directamente en la calidad de la atención que recibe el alumnado.
Para el sindicato, resulta incomprensible que un Gobierno que afirma haber convertido la atención a la diversidad en una prioridad continúe apostando por empresas privadas en lugar de crear empleo público estable y profesionalizado.
«La realidad es que cuando un servicio se externaliza, una parte importante de los recursos públicos termina financiando estructuras empresariales y beneficios privados, en lugar de destinarse íntegramente a mejorar la atención educativa», sostiene CSIF.
La organización sindical considera especialmente grave que la futura Ley de Atención a la Diversidad no afronte de manera decidida la incorporación de estos profesionales al sistema público educativo. Según CSIF, la inclusión no puede construirse sobre contratos mercantiles ni depender de adjudicaciones periódicas a empresas externas.
Asimismo, el sindicato advierte de que los avances legislativos perderán credibilidad si no vienen acompañados de una apuesta firme por la gestión pública directa de los servicios de apoyo educativo.
Por todo ello, CSIF exige al Gobierno de Canarias:
– El fin progresivo de la externalización de los auxiliares educativos.
– La creación de empleo público estable para cubrir necesidades estructurales de los centros educativos.
– Un plan de formación especializada y homologada para todos los profesionales de apoyo.
La garantía de cobertura inmediata de sustituciones.
– Una auditoría pública sobre la calidad del servicio prestado por las empresas adjudicatarias durante los últimos años. La participación real de sindicatos, familias y profesionales en la elaboración definitiva de la Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado.
CSIF concluye que la verdadera inclusión educativa no se logra con titulares, campañas institucionales o anuncios millonarios, sino con recursos públicos gestionados directamente por la Administración, profesionales estables y servicios de calidad al servicio del alumnado más vulnerable.
La inclusión no puede ser un negocio. Los derechos del alumnado NEAE no pueden depender de contratos privados.
