La Sección Sindical de CSIF en la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha solicitado formalmente al Consejo de Administración que analice la gestión de los Recursos Humanos de la entidad y adopte medidas urgentes para garantizar una administración eficaz, transparente y respetuosa con los derechos de la plantilla.
CSIF reclama que el Consejo de Administración revise y, en su caso, revoque las competencias en materia de personal actualmente delegadas en la Presidencia. El sindicato recuerda que el Consejo es el órgano superior de gobierno de la Autoridad Portuaria y mantiene la responsabilidad de controlar, supervisar y evaluar la gestión, aunque determinadas funciones hayan sido delegadas.
La organización sindical considera que durante los últimos años se han acumulado importantes problemas de organización, planificación y gestión de personal. Entre ellos, señala los sucesivos cambios de organigrama, las dificultades para dotar a la entidad de una plantilla adecuada, la falta de negociación y los conflictos derivados de la aplicación del convenio colectivo y de los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores.
CSIF también advierte del deterioro del clima laboral y de la necesidad de prestar especial atención a los riesgos psicosociales y a la prevención de riesgos laborales. Para el sindicato, estas circunstancias afectan directamente al bienestar de las personas trabajadoras y pueden repercutir en la calidad de los servicios que presta la Autoridad Portuaria.
Por este motivo, CSIF solicita una auditoría externa, independiente e integral que examine los procesos de selección y promoción, los nombramientos de responsables, la gestión de los expedientes de personal, el cumplimiento del convenio colectivo y la aplicación de los principios de mérito, capacidad, igualdad, objetividad, publicidad y transparencia.
CSIF pide que las conclusiones de la auditoría sean presentadas ante el Consejo de Administración y comunicadas a la representación legal de los trabajadores, respetando la protección de datos y la confidencialidad. En caso de detectarse incumplimientos o deficiencias graves, el sindicato reclama la adopción de medidas correctoras y la exigencia de las responsabilidades que legalmente procedan.
