En pleno 2026, mientras el mundo debate sobre la inteligencia artificial y la hiperconectividad, un grupo de vecinos en Gran Canaria libra una batalla que parece de otro siglo. No piden tecnología de vanguardia; piden, simplemente, existir para el sistema.
Abigail, vecina de El Junquillo, en Montaña Alta (Santa María de Guía), es la voz de una frustración compartida por cerca de 40 vecinos de su zona y de Lomo de la Raya. Su testimonio no es solo una queja vecinal; es un grito de auxilio por la supervivencia del mundo rural.
Una promesa de progreso que terminó en aislamiento
La situación roza el absurdo kafkiano. Lo que empezó como un problema técnico por el acceso a fincas privadas, terminó en un apagón digital absoluto. Bajo la promesa de una modernización necesaria, se retiró el cableado de cobre para dar paso a la fibra óptica.
«Cortaron los cables, desmontaron la infraestructura… y la fibra nunca llegó a nuestras casas», explica Abigail.
El resultado es desolador: llevan casi dos años completamente incomunicados. Sin teléfono fijo y sin conexión a internet. En la práctica, se les ha arrebatado un servicio básico en una era donde la administración, la salud y la educación pasan, sí o sí, por una red que para ellos no existe.
La brecha digital tiene rostro humano
Detrás de la falta de cables hay historias de vulnerabilidad diaria. Para Abigail, madre de cuatro menores, la desconexión es una carrera de obstáculos:
-
Educación en pausa: Tiene que salir de su hogar para buscar cobertura móvil y compartir datos con sus hijos para que puedan realizar sus tareas escolares.
-
Inseguridad sanitaria: Ha tenido que dar números de familiares a médicos y colegios. «Si uno de mis hijos se pone enfermo, no hay forma de avisarme», relata con la angustia de quien sabe que el silencio de su teléfono no es paz, sino aislamiento.
-
Nuestros mayores, los más olvidados: En la zona residen personas mayores que dependen del teléfono para citas médicas o para mantener el vínculo con sus familias. Para ellos, no es falta de internet; es falta de seguridad y de dignidad.
Un problema de voluntad, no de geografía
La queja de estos vecinos es una interpelación directa a las instituciones y a la compañía responsable (Movistar). No se puede llenar la boca con discursos sobre la «España vaciada» o el apoyo a las zonas rurales si se permite que en 2026 haya ciudadanos de segunda categoría.
«No pedimos privilegios. Pedimos igualdad», sentencia Abigail. Sus reclamaciones, hasta ahora, han caído en saco roto, pero el mensaje es claro: vivir en una zona rural no debería ser sinónimo de vivir aislados del mundo.
Es hora de que alguien asuma la responsabilidad. No es solo una cuestión de cables; es una cuestión de derechos humanos básicos. El Junquillo y Lomo de la Raya no pueden seguir esperando.
