El difícil “café para todos»  “Del parche al proyecto y mientras, la vivienda sigue esperando una solución de Estado” La vivienda en España se ha convertido en el principal termómetro del malestar social. Jóvenes incapaces de emanciparse, familias atrapadas por alquileres desorbitados, una oferta menguante y una sensación creciente de que el acceso a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. En este contexto, el Gobierno ha aprobado dos reales decretos en materia de vivienda, fruto de una negociación agónica entre PSOE y Sumar que incluso retrasó la celebración del propio Consejo de ministros. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una respuesta eficaz al problema o, simplemente, ante un nuevo ejercicio de parcheo político?   “Dos decretos y demasiadas dudas” Las medidas aprobadas incluyen la ampliación de la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y la renovación automática de determinados arrendamientos, entre otras iniciativas. Sobre el papel, muchas de estas medidas responden a demandas sociales legítimas.; por lo que, resulta en principio difícil oponerse a una mayor protección de las familias vulnerables o a combatir determinadas prácticas especulativas, y el problema surge cuando se analiza el conjunto. Porque el acceso a la vivienda no es únicamente un problema de regulación; es, sobre todo, un problema de oferta. España lleva años construyendo menos vivienda de la que necesita, mientras aumenta la presión demográfica en las grandes ciudades y zonas turísticas. Y todo apunta a que ninguno de los dos Decretos parece afrontar de manera decisiva esa raíz estructural. La sensación que deja el paquete aprobado es la de una intervención destinada a “aliviar síntomas sin atreverse a operar la enfermedad.”   “El difícil papelón de, café para todos» Más revelador que el contenido de los decretos ha sido el proceso que ha conducido a ellos. El Gobierno ha intentado construir un equilibrio imposible entre sensibilidades contrapuestas, como el de intentar satisfacer a los movimientos sociales e inquilinos movilizados, tranquilizar a propietarios e inversores, mantener la cohesión entre PSOE y Sumar y, además buscar una posible mayoría parlamentaria para la convalidación definitiva ¡Toma ya!   El resultado recuerda a la vieja expresión española del «café para todos»; un conjunto de concesiones parciales diseñado para que nadie se sintiera excluido. Sin embargo, la política demuestra con frecuencia que cuando se pretende contentar a todos se corre el riesgo de decepcionar también a todos.   La izquierda más crítica considera insuficientes las medidas porque no intervienen con mayor contundencia el mercado inmobiliario. Los sindicatos de inquilinos exigían actuaciones todavía más ambiciosas. Por su parte, sectores liberales y conservadores advierten de que una excesiva regulación puede retraer aún más la oferta de alquiler y generar el efecto contrario al deseado. No parece, por tanto, que haya surgido un consenso social alrededor de la reforma.   “¿Otro fracaso político del Gobierno social comunista de Pedro Sánchez?” Calificar estas medidas como un fracaso absoluto de este gobierno social comunista que preside Pedro Sánchez, sería probablemente exagerado.  Porque hay que reconocer que algunas de ellas pueden ofrecer alivio temporal a miles de personas y responder a situaciones socialmente muy delicadas. Pero, por otra parte, tampoco puede afirmarse que constituyan una gran victoria política. La imagen proyectada por el Ejecutivo ha sido la de un Gobierno que negocia hasta el último minuto consigo mismo, que necesita dividir el paquete en dos decretos para intentar salvar obstáculos parlamentarios y que llega a la aprobación bajo la presión de protestas ciudadanas y de una crisis social cada vez más evidente. Más que transmitir la sensación de una estrategia planificada, el proceso ha dado la impresión de responder a una urgencia política, y esa percepción suele ser peligrosa para cualquier gobierno.   “El gran obstáculo: el Congreso” Ahora llega la parte verdaderamente complicada. Un Real Decreto-Ley no concluye su recorrido en el Consejo de ministros, necesita ser convalidado posteriormente por el Congreso para mantenerse vigente y ahí aparecen las incertidumbres. El Ejecutivo deberá reunir una mayoría parlamentaria compleja, en la que conviven formaciones con visiones radicalmente distintas sobre la propiedad privada, la regulación del mercado del alquiler y el papel del Estado en la vivienda. Distintas informaciones apuntan precisamente a que el Gobierno diseñó parte de las medidas pensando en facilitar esa futura. La experiencia reciente tampoco invita al optimismo; pues, un Decreto anterior sobre vivienda ya encontró serias dificultades parlamentarias y terminó decayendo al no obtener el respaldo suficiente. Por ello, hablar hoy de éxito, así a la ligera, pienso honradamente que, sería prematuro. “La vivienda necesita algo más que Decretos” Quizá el principal problema de la política española de vivienda es que continúa abordándose desde la urgencia. Cada nuevo conflicto social genera una reacción normativa. Cada caso mediático produce un nuevo anuncio. Cada tensión parlamentaria desemboca en una nueva negociación. Pero la vivienda no puede resolverse únicamente mediante “Decretos de emergencia”. Mas, por el contrario, requiere planificación a largo plazo, seguridad jurídica, colaboración entre administraciones, incremento sustancial de la vivienda pública, agilización urbanística, incentivos a la construcción y mecanismos eficaces para movilizar vivienda vacía sin expulsar inversión y oferta del mercado. En definitiva, necesita una lo que se dice, “una auténtica política de Estado”.   “De esta manera, llegamos a una primera conclusión” Los dos Decretos aprobados esta semana pueden ofrecer protección inmediata a determinados colectivos y responder a algunas demandas ciudadanas legítimas. Eso es innegable. Pero también es legítimo preguntarse si constituyen una solución real al problema de la vivienda o simplemente una nueva capa de regulación sobre un sistema que continúa generando escasez y frustración. Más que un fracaso rotundo, parecen reflejar las dificultades de un Gobierno que intenta gestionar una emergencia habitacional con herramientas parciales y consensos frágiles. La verdadera prueba no será la fotografía del Consejo de ministros ni los titulares de hoy. Será comprobar dentro de unos años si hay más viviendas accesibles, más jóvenes emancipados y menos familias dedicando