La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) asume y respalda el comunicado de la Asociación de la Prensa de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife en el que, a la vista de lo ocurrido con dos reporteras de un medio digital canario en el suceso volcánico de La Palma, solicitan a la Delegación del Gobierno y a las autoridades competentes, que se garantice, hasta donde sea posible y seguro, el acceso a los profesionales de la información a los lugares y espacios de interés noticioso.
“El servicio público que prestan tanto los profesionales de la isla como los desplazados desde otros puntos del territorio autonómico no puede estar condicionado y mucho menos supeditado a favor de las coberturas que realizan medios nacionales.
Las asociaciones profesionales demandan un trato igualitario para todos los medios de comunicación y sus profesionales quienes, en el ejercicio serio y responsable de la profesión, prestan ahora mismo un servicio público de vital interés tanto para la ciudadanía palmera como para el resto de las islas.
Son los profesionales canarios, precisamente, quienes seguirán pegados a la noticia y a sus protagonistas cuando el foco mediático de cobertura nacional cambie de lugar. Son ellos quienes, con su quehacer diario, están documentando este trágico suceso tanto para entender su dimensión ahora como en el futuro».
Contra las distinciones entre medios nacionales y locales
No se puede permitir, a juicio de las asociaciones de prensa de Canarias, que se realicen distinciones entre ‘medios nacionales’ y ‘medios locales’. «Todos deben ser tratados con igualdad y transparencia, puesto que todos prestan un servicio público que nunca, pero menos en una situación como la actual, debe ser bloqueado», reclaman.
Por tanto, las asociaciones canarias de periodistas demanan «acceso libre e igualdad de trato para los medios de comunicación, tanto para contrastar las fuentes de la noticias como para moverse en los espacios donde suceden (siempre con respeto a las medidas de seguridad estimadas por las autoridades competentes) y mostramos nuestro rechazo a actitudes, denunciadas por compañeras/os y asociadas/os, de ‘discriminación’ en favor de determinados medios de comunicación en función de su ámbito de difusión».
«El ejercicio libre de la profesión es un bien común, es servicio público y es garantía para toda la sociedad”, concluye el comunicado.
