España se enfrenta a una cita que va mucho más allá de lo judicial. La comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez no puede interpretarse como un simple trámite procesal. Cuando quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno es llamado a declarar, lo que está en juego no es únicamente una cuestión legal: también se pone a prueba la dignidad institucional del país. Es cierto que Zapatero, como cualquier ciudadano, puede acogerse a los derechos que le reconoce la ley. Entre ellos, el derecho a no declarar si así lo considera oportuno su defensa. Pero una cosa es lo estrictamente legal y otra muy distinta la responsabilidad política, moral e institucional que acompaña a quien ha dirigido los destinos de España. La ley marca el mínimo. La ética exige bastante más. España está cansada de silencios calculados, de explicaciones a medias y de una sensación creciente de impunidad entre quienes han ocupado o siguen ocupando altas responsabilidades públicas. La ciudadanía observa con preocupación cómo determinados asuntos que afectan a la credibilidad del Estado, a la confianza en la justicia y a la imagen internacional del país acaban envueltos en estrategias políticas, recursos judiciales, maniobras parlamentarias y discursos contradictorios. No se trata solo de un caso concreto. Se trata de un clima general de deterioro institucional. Durante los últimos años, España ha vivido instalada en una tensión permanente. La confrontación política, las sospechas sobre el uso partidista de las instituciones, las dudas sobre la independencia de determinados órganos del Estado y las decisiones judiciales o legislativas más controvertidas han contribuido a erosionar la confianza pública. En ese contexto, cualquier gesto de opacidad por parte de un expresidente tendría un efecto devastador. Porque un expresidente no puede comportarse como si su responsabilidad terminara el día que abandona La Moncloa. La responsabilidad institucional no se jubila, no se archiva y no desaparece con el paso del tiempo. Quien ha representado al Estado conserva, incluso fuera del cargo, una obligación especial con la verdad, la transparencia y el respeto a los ciudadanos. Por eso, si Zapatero decidiera acogerse a su derecho a no declarar, el gesto podría ser legal, sí, pero resultaría políticamente muy difícil de defender. La ciudadanía no necesita más silencios. Necesita respuestas. Necesita claridad. Necesita comprobar que quienes han gobernado España siguen estando dispuestos a rendir cuentas cuando las circunstancias lo exigen. Un silencio en este momento no sería prudencia. Sería una forma de desentenderse de la responsabilidad institucional. Conviene decirlo sin rodeos: el 17 y 18 de junio no se examina únicamente a un expresidente. Se examina también la madurez democrática de España. Se examina si las instituciones son capaces de sostenerse sobre algo más que formalismos jurídicos. Se examina si quienes han ocupado los cargos más altos entienden que la confianza pública no se conserva con evasivas, sino con explicaciones. Si Zapatero declara con claridad, enviará un mensaje de respeto institucional y compromiso con la transparencia. Si opta por callar, el mensaje será el contrario: que incluso quienes han dirigido el país pueden permitirse no dar explicaciones cuando la sociedad más las reclama. Y eso, en un momento de profundo descrédito político, sería un golpe innecesario para España. El país no puede seguir instalado en la sospecha permanente. No puede normalizar que los grandes asuntos de Estado se resuelvan entre silencios, tecnicismos y estrategias de desgaste. La democracia no se fortalece únicamente cumpliendo la ley; se fortalece también dando la cara. Zapatero tiene derecho a callar. Nadie lo discute. Pero España tiene derecho a exigirle que no lo haga. La legalidad es el suelo. La ética es el techo. Y hoy España necesita altura institucional, no refugios procesales. Necesita dirigentes, actuales y pasados, capaces de entender que la confianza de un país no se conserva escondiéndose detrás de los derechos que la ley concede, sino ejerciendo con responsabilidad los deberes que la historia impone. El 17 y 18 de junio no serán solo unas fechas en el calendario judicial. Serán una prueba de dignidad democrática. España no puede permitirse otro silencio más. No puede seguir dando al mundo la imagen de un país atrapado en sus propias disputas, debilitado por sus contradicciones y resignado a que la política se parezca cada vez menos al servicio público y cada vez más a una lucha por la supervivencia del poder. Porque el pueblo llano, piense como piense y vote a quien vote, merece algo mejor. Merece instituciones serias, gobernantes responsables y antiguos presidentes que entiendan que haber dirigido España no fue un privilegio personal, sino una obligación histórica. Y, para no perder la costumbre de terminar con una expresión muy nuestra, canaria y directa, solo cabe decir: ¡Ve, María Purísima, cómo nos han dejado el cacharro! Uno mira alrededor y se pregunta en qué momento se apagó el farol. Porque casos se han dado, sí. Pero hay silencios que pesan más que una declaración. Y España, hoy, no está para más silencios. ¡QUE COSAS!