La vergonzosa petición de absolución a “Begoña Gómez” por parte de la Fiscalía —rematada con el ya célebre, “sin delito no hay autor”, — ha desatado una tormenta que va mucho más allá del caso concreto. Esa frase, impecable en términos penales, se ha convertido en un símbolo de algo que preocupa a muchos ciudadanos; la sensación de que el Ministerio Fiscal ya no actúa como órgano del Estado, sino como mero “instrumento del poder político sanchista”. Porque una cosa es aplicar la Ley, y otra muy distinta es convertir a ésta en un parapeto político. Y cuando la Fiscalía parece escribir titulares para blindar al Gobierno, la sospecha deja de ser sospecha, por el contrario, se convierte en “alarma democrática”, y desde ya le digo a la “fiscal sanchista” que lo tienen crudo, pues en la lista tiene por de momento (hoy 11 de julio) a 126 imputados pertenecientes todos a “la casa de Ferraz”. ¿Se atreverá a actuar igual que lo está haciendo con Begoña Gómez, ejerciendo del mejor abogado defensor y encima pagado por todos los españoles? El otro titular lo confirma: “La Fiscalía acusa a Peinado de inventarse una confabulación para impedir la salida de España de Begoña Gómez.” ¿Inventarse? ¿Confabulación? ¿Desde cuándo la Fiscalía utiliza el lenguaje de un tertuliano para desacreditar a un juez instructor? ¿Desde cuándo el Ministerio Público abandona la sobriedad institucional para entrar en el terreno de la descalificación personal? Aquí es donde lo jurídico y lo político se cruzan peligrosamente y que parece a todas luces de que, a Pedro Sánchez, esto es algo que se la trae al pairo. “El marco legal; lo que la Constitución exige y lo que la práctica niega” El artículo 124 de la Constitución Española establece que el Ministerio Fiscal debe actuar conforme a los principios de “legalidad e imparcialidad”, promoviendo la acción de la justicia en defensa del interés público. Pero también establece que el “Fiscal general del Estado” será nombrado por el Gobierno. Y es precisamente en este artículo constitucional, donde Pedro Sánchez, ha encontrado “un filón de oro”, para explotar e imponer sus criterios, aunque a todas luces, esa dependencia jerárquica, unida a la estructura piramidal del Ministerio Fiscal, genere una tensión evidente entre la teoría constitucional y la práctica política. La frase “sin delito no hay autor” es jurídicamente correcta. Pero su utilización como mensaje político en un caso de enorme sensibilidad revela, una “alineación institucional”, que debería preocupar a cualquier demócrata. Más aún cuando la Fiscalía no se limita a exponer su posición jurídica, sino que acusa, nada menos que al juez instructor de “inventarse una confabulación”; un lenguaje impropio de un órgano que debe representar la neutralidad del Estado. “La Abogacía del Estado”, por su parte, debería defender los intereses del Estado, no los del Ejecutivo. Sin embargo, en los casos que afectan al Gobierno social comunista de Pedro Sánchez, su actuación parece cada vez más sincronizada con la del Ministerio Fiscal. (¿De quién depende la fiscalía?), y esa sincronización erosiona la separación entre Estado y Gobierno, una separación que es esencial para la salud democrática, pero que el mentado Pedro Sánchez, alumno aventajado de Zapatero y admirador del chavismo más puros y rancio, no quiere o no se ha enterado que, para una España europea y democrática, no cuela, ni con vaselina. “La deriva institucional: cuando el poder deja de disimular” Lo que inquieta no es solo este caso. “Es la trayectoria” en sí misma. Los nombres que se acumulan en la percepción pública —Pumpido, Tezanos, Lola, Ortíz, Peramato, etc, etc, — no son anécdotas aisladas, sino señales de una “degeneración institucional”, en toda regla, que tristemente avanza dio a día y sin pausa. La democracia no se rompe de golpe. Se desgasta. Se contamina. Se llena de gestos que, sumados, revelan una tendencia; la subordinación del Estado al Gobierno. Cuando la Fiscalía, como la actual, actúa como defensa jurídica del Ejecutivo, cuando la Abogacía del Estado actúa como el brazo técnico del sanchismo, cuando los titulares parecen redactados para proteger al poder, el sistema entero se inclina y termina derrumbándose como la torre de Babel. Y lo más peligroso es que el gobierno social comunista actual ya ni siquiera disimula. “La mar risada del Estado” Los marinos, viejos lobos de mar, como este maúro de Telde que suscribe, lo sabemos bien: “la mar risada es traicionera”. Parece calma, parece dócil, parece segura. Pero debajo se mueve una fuerza silenciosa que puede tumbar al barco más sólido. Y este buque que es el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, ya solo lo sustenta, los ex etarras de Bildu, pues todavía les queda, que Marlaska les saque de la cárcel a unos cuantos criminales que les quedan pagando sus crímenes, y los “anti todo” comunistas de Sumar, que cuando se les acabe “el actual chollo” se van a tener que poner “a currar como todo cristo”, y a ver a dónde van a ir esa pandilla de fumados, caducos y trasnochados. Porque los otros dos partidos (vascos y catalanes), ya arriaron los botes salvavidas y se han alejado del barco, para que no los arrastre la corriente que a su alrededor se produce, cuando se éste se esté hundiendo sin remedio. España navega ahora en esa mar engañosa. La superficie parece tranquila: instituciones funcionando, comunicados solemnes, lenguaje jurídico impecable. Pero bajo esa superficie se mueve una corriente profunda, que es la erosión de la independencia institucional. La pregunta ya no es si este caso importa. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que la Fiscalía sea “el ariete político del Gobierno”. Porque cuando eso ocurre, el Estado deja de ser Estado. Y la democracia deja de ser democracia para convertirse en una especie de “chavismo bananero” con piel de cordero manso. El barco aún flota. Pero el agua, compañero, “siempre termina entrando”. Y de un momento a otro escucharemos…. ¡Abandonen el barco! ¡Maricón el ultimo! Y no se preocupen por salvar el “joyero zapatero” o a los