Los municipalistas ven positivo poder emplear el superávit presupuestario de la Comunidad Autónoma para invertir en la mejora de los servicios públicos, pero señalan que Canarias necesita mucho más.
Municipalistas Primero Canarias califica la aprobación del denominado decreto Canarias, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como un “avance insuficiente” para el archipiélago. Los municipalistas consideran “positiva” la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 23/2026, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que se espera contribuyan a mejorar la situación económica en las islas, pero afirman que las medidas adoptadas se quedan “muy por debajo de lo que Canarias espera, merece y necesita”.
Aparte de las medidas fiscales para la recuperación económica de la isla de La Palma, que considera “de justicia”, el secretario de Organización de Primero Canarias, Samuel Henríquez, valora especialmente el artículo 3 del Real Decreto, que autoriza destinar el superávit presupuestario de la Comunidad Autónoma a sufragar inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2026 y 2027. En la práctica, esto permitirá al Gobierno de Canarias utilizar unos 600 millones de euros para invertir, por ejemplo, en la creación de vivienda social y asequible.
“Se podrá usar dinero público que está en los bancos para emplearlo no solo en soluciones al problema de la vivienda sino también para mejorar los servicios públicos, la educación o la sanidad y eso es siempre una muy buena noticia”, afirma Samuel Henríquez. Para los municipalistas, no obstante, se trata de un logro insuficiente. “Nos dejan emplear el dinero público sobrante de años anteriores en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, en lugar de obligarnos a depositarlo en el banco, como hasta ahora”, pero “Canarias necesita mucho más que eso”, subraya Henríquez.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros dista mucho de la propuesta original, en cuya elaboración participó Municipalistas Primero Canarias. El texto solicitaba al Gobierno de España la mejora de los recursos destinados a políticas esenciales y proyectos estratégicos para el archipiélago. Además de la actualización de los convenios de carreteras y obras hidráulicas, figuraba, a petición de Primero Canarias, la suscripción de un nuevo convenio específico con el Estado para la construcción y rehabilitación de vivienda pública. También la extensión a toda la población residente en las islas de la deducción general del 60% del IRPF, correspondiente a la cuota estatal de este impuesto, como compensación por la merma de poder adquisitivo y la mayor carestía de la vida que imponen la lejanía e insularidad. El documento incluía, además, medidas de apoyo a los trabajadores autónomos de Canarias, cuya actividad se resiente por las desventajas estructurales del archipiélago, así como un fondo de compensación adicional para la movilidad interinsular que permita financiar la implantación del bono canario de transporte regular válido para todas las islas.
A propuesta de los municipalistas, el decreto original incorporaba también un programa extraordinario de saneamiento, depuración y reutilización de aguas en zonas de alta presión antrópica con el objetivo de eliminar los vertidos contaminantes al mar, un programa de fondos estatales para la recuperación social, económica y laboral en las zonas rurales deprimidas, la creación de una comisión mixta Canarias – Estado, con representación de los cabildos insulares, para la elaboración de los planes de ordenación del espacio marítimo en Canarias y varios programa de ayudas para la implantación de las energías renovables. “No podemos renunciar a todo eso”, resalta Samuel Henríquez. “Es necesario que sigamos reclamando una financiación estatal más justa para Canarias”.
