Cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo “la legalidad ya no basta” Un gobierno que ha perdido el apoyo parlamentario, que no puede aprobar leyes, presupuestos ni reformas, y que sobrevive únicamente aferrado a los resquicios legales del sistema, plantea una inquietante pregunta democrática: ¿se gobierna para el país o simplemente para conservar el poder? Porque la ley puede permitirlo, pero la ética política y el respeto a la voluntad de los ciudadanos, exigen algo más que permanecer sentado en un sillón. Existen momentos en la vida política de una nación en los que la diferencia entre “legalidad y legitimidad” adquieren una importancia decisiva. Son situaciones en las que un gobierno puede seguir siendo jurídicamente válido, pero políticamente se encuentra agotado, incapacitado para gobernar y desconectado de la realidad parlamentaria que debería sostenerlo. Tal es el caso actual del gobierno social comunista que preside Pedro Sánchez. Y eso ocurre como ahora, que el ejecutivo ha perdido la mayoría que lo respaldaba, y es incapaz de sacar adelante proyectos legislativos de relevancia; por lo tanto, lo que estamos viendo ahora mismo en España, es como el gobierno de Pedro Sánchez fracasa reiteradamente en la búsqueda de acuerdos y queda reducido a gestionar la mera supervivencia política; lo que lo asemeja más a un sistema dictatorial, que a una democracia plena y moderna. Nadie discute que la Ley pueda amparar su permanencia. Lo que cada vez resulta más discutible es que esa permanencia sea compatible con la esencia misma de una democracia parlamentaria. Porque conviene recordar una verdad elemental: gobernar no consiste en ocupar el poder, sino en ejercerlo eficazmente al servicio de los ciudadanos, pues continuar como hasta ahora, se traduce en una absoluta falta de “ética política”. Cuando un gobierno carece de apoyos para legislar, cuando no puede aprobar presupuestos, cuando cada iniciativa nace condenada al rechazo parlamentario y cuando la acción política queda reducida a la propaganda, la pregunta deja de ser jurídica para convertirse en moral. ¿Tiene sentido seguir gobernando cuando ya no se puede gobernar? Como humano imperfecto que soy , pero nada más que como humano,  puedo hasta entender de que Pedro Sánchez con todos los problemas que le acosan que van  desde lo personales, con la corrupción generalizada entre los a suyos e incluso ya condenados  en firme, o de su propia esposa pendiente de juicios   , tenga la tentación de eternizarse en el poder, para luchar o al menos intentar arreglar “el fregado” donde se encuentra metido hasta las cejas; pero mantener  esa actitud, insisto que no solo ya no es ética, antipatriótica, sino también cobarde,  que le está haciendo un daño enorme al país  y mostrando un escaparate de España ante el mundo, que no se lo merece.   “El abuso del decreto o la política de la puerta trasera” En estas circunstancias suele aparecer un recurso cada vez más frecuente, “el Decreto-Ley”. Pensado originalmente para situaciones excepcionales y urgentes, termina convirtiéndose en una herramienta cotidiana mediante la cual el Ejecutivo intenta sustituir la falta de respaldo parlamentario por decisiones adoptadas desde el Consejo de ministros. Lo preocupante no es únicamente el uso intensivo de este mecanismo. Lo verdaderamente alarmante es cuando los Decretos son presentados sabiendo de antemano que difícilmente sobrevivirán al debate parlamentario o incluso que serán posteriormente derogados o anulados como está ocurriendo cada vez que el Congreso o Senado, tienen de validar alguno nuevo. En ese momento la política deja de orientarse a resolver problemas para convertirse en una mera puesta en escena. La actividad gubernamental se transforma en un escaparate destinado a aparentar iniciativa, mientras las instituciones se consumen en un ciclo permanente de bloqueo, rectificaciones y enfrentamientos. La consecuencia es devastadora para la credibilidad democrática., dentro y fuera de España Los ciudadanos contemplan cómo su país permanece inmóvil mientras sus dirigentes libran una batalla cuyo principal objetivo parece ser la permanencia en el poder al precio que sea de Pedro Sánchez y su equipo sanchista, que poco tiene que ver con el PSOE, histórico y autentico   “Una democracia no puede vivir en funciones permanentes” Gobernar sin mayoría durante un periodo breve puede ser una circunstancia excepcional, pero hacerlo de forma prolongada, como pretende este gobierno social comunista de Pedro Sánchez se convierte en un problema estructural; pues, “El país deja de avanzar. Las reformas necesarias se paralizan. Las inversiones se retrasan. La incertidumbre económica aumenta y La confianza institucional se deteriora.” Y mientras tanto, la ciudadanía asiste con creciente frustración a un espectáculo político donde la capacidad para conservar el cargo parece haber sustituido a la voluntad de resolver los problemas reales. La democracia no fue concebida para sostener gobiernos incapaces de gobernar indefinidamente pues esta fue concebida para que las instituciones reflejaran la voluntad popular y para que los representantes pudieran adoptar decisiones efectivas en nombre de los ciudadanos , no para que un señor de forma egoísta y dictatorial, pretenda ponerla a su servicio, para que le resuelva “sus problemas familiares, o de partido, que se ha visto sumido en una serie de escándalos por corrupción  e incluso con dirigente ya condenados y sufriendo cárcel. Cuando esa capacidad desaparece, prolongar artificialmente una legislatura puede acabar convirtiéndose en un ejercicio de resistencia política incompatible con el espíritu que inspiró el sistema.   ¿Resistencia democrática o apego al poder? Quienes defienden esta situación suelen argumentar que mientras no exista una alternativa parlamentaria viable, el gobierno tiene derecho a permanecer, y legalmente es cierto; pero la política no debería limitarse a hacer únicamente aquello que la Ley permite, porque no se puede dejar de lado a la ética o a la moral, que también deberían ser atendidas como las normas democráticas más elementales cuando aconsejan. “la ética democrática debe exigir y   asumir que perder la confianza de las cámaras tiene consecuencias políticas.” De lo contrario, se corre el riesgo de trasladar a la sociedad un mensaje muy peligroso, y es que “conservar el poder es más importante que ejercerlo eficazmente”. Cuando un gobierno