La sentencia contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama no es una noticia más. Es un terremoto político, institucional y moral. No hablamos de un concejal menor, ni de un funcionario perdido en una administración secundaria. Hablamos de quien fue ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y, durante años, uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez.
Ábalos ha sido condenado a más de 24 años de prisión. Koldo García, su mano derecha, a más de 19. Y Aldama, pieza clave de la trama, recibe cuatro años y medio, aunque no entrará en prisión de momento por su colaboración con la Justicia. Para muchos ciudadanos, esta diferencia resulta difícil de digerir. Puede tener explicación jurídica, sí. Pero políticamente deja una sensación amarga: el que colabora se salva de la cárcel inmediata, mientras España descubre hasta qué punto se pudo pudrir una parte del poder durante los años más duros de la pandemia.
Y aquí está la cuestión central: esta sentencia no puede cerrarse solo con tres nombres propios. La responsabilidad penal es individual, pero la responsabilidad política sube por la escalera del poder.
Porque Ábalos no era un cualquiera. Era el número dos del PSOE. Era ministro. Era un hombre de partido, de Gobierno y de absoluta proximidad al presidente. Si una trama de esta gravedad operó desde el entorno del Ministerio de Transportes, si se utilizaron cargos, contactos, adjudicaciones o influencias para beneficiar a unos pocos en plena emergencia sanitaria, entonces España tiene derecho a exigir respuestas mucho más altas que las de un comunicado de partido.
Pedro Sánchez debe explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo cuando lo supo.
Si no sabía nada, el presidente queda retratado por una falta de control político alarmante sobre una de las personas más poderosas de su Gobierno y de su partido. Pero si sabía, aunque fuera parcialmente, lo que estaba ocurriendo en torno a su número dos, entonces la conclusión es inevitable: debe dimitir.
No por presión mediática. No por estrategia de la oposición. No por desgaste electoral. Debe dimitir porque un presidente del Gobierno no puede seguir sentado en La Moncloa si conocía una trama de corrupción vinculada a su círculo de confianza y permitió que siguiera adelante, miró hacia otro lado o actuó solo cuando el escándalo ya era imposible de tapar.
La sentencia, además, no agota el caso. Todavía quedan piezas, investigaciones y posibles responsabilidades pendientes en torno al Ministerio de Transportes. Lo conocido hasta ahora puede no ser el final, sino solo la primera puerta judicial abierta de un asunto mucho más amplio.
Por eso resulta insuficiente presentar esta condena como un capítulo cerrado. No lo es. Es una herida abierta en la credibilidad del Gobierno, del PSOE y de las instituciones. La ciudadanía soportó confinamientos, miedo, muertes, restricciones y sacrificios económicos durante la pandemia. Mientras tanto, según lo que hoy castiga la Justicia, algunos habrían convertido la emergencia en una oportunidad para enriquecerse, influir y repartirse beneficios.
Eso no merece tibieza. Merece contundencia.
También merece una reflexión sobre la suavidad percibida de la condena a Aldama. La colaboración con la Justicia es una herramienta legítima en un Estado de derecho. Puede servir para destapar tramas, recuperar pruebas y llegar más arriba. Pero cuando el resultado práctico es que una figura central evita la prisión inmediata, el ciudadano común siente que la Justicia premia demasiado a quien participó en el daño. La ley podrá justificarlo; la calle no tiene por qué aplaudirlo.
España necesita saber toda la verdad. No media verdad, no una versión administrada por los partidos, no una explicación de conveniencia. Toda la verdad.
Y esa verdad tiene que llegar hasta donde tenga que llegar. A los despachos del Ministerio, a las reuniones del partido, a los contratos públicos, a los intermediarios y, si procede, a La Moncloa.
Porque la corrupción no solo roba dinero. Roba confianza. Roba dignidad institucional. Roba la fe de los ciudadanos en que las reglas son iguales para todos.
La sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama deja una pregunta que Pedro Sánchez ya no puede esquivar: ¿sabía lo que hacía su número dos?
Si la respuesta es no, debe asumir una responsabilidad política enorme por no haberlo visto.
Si la respuesta es sí, su dimisión no sería una opción. Sería una obligación democrática.
