El PSOE de Gáldar reclama al Gobierno de Canarias la inmediata garantía del derecho de acceso a la propiedad de las viviendas protegidas para las familias arrendatarias
El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar, a propuesta del Concejal del Partido Socialista Obrero Español, Francisco Hernández, ha aprobado por unanimidad una moción en la que se insta al Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, a emitir con carácter urgente la resolución que permita a las personas arrendatarias de viviendas públicas anteriores al III Plan Canario de Vivienda (1988-1991) ejercer su legítimo derecho de acceso a la propiedad.
Esta solicitud responde a la situación de 32 familias del barrio de Becerril (promoción LP-990), quienes, tras más de dos décadas residiendo en viviendas públicas y cumpliendo con los requisitos legales, continúan privadas de la titularidad de sus hogares. La reciente comunicación de la entidad VISOCAN, responsable de la gestión de los alquileres, ha generado una profunda preocupación al informar que «no existe previsión por parte del Instituto Canario de la Vivienda de ofertar este grupo de viviendas».
El marco normativo vigente, concretamente el Decreto 1/2023, de 19 de enero, establece que las viviendas protegidas adjudicadas en régimen de alquiler antes de 1996 deben ser ofertadas en venta a sus arrendatarios, aplicando bonificaciones y descuentos sobre el precio de referencia. Además, el artículo 48.5 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, obliga a la Administración autonómica a favorecer el acceso a la propiedad de las personas arrendatarias de viviendas públicas, mandato que permanece plenamente vigente.
A pesar de las sucesivas resoluciones parciales emitidas entre 2023 y 2025, miles de familias canarias siguen a la espera de una solución definitiva. El PSOE considera inaceptable que, existiendo respaldo legal y compromiso social, se mantenga a las familias en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad respecto al futuro de sus hogares.
El Concejal socialista ha manifestado: «Es imprescindible que el Gobierno de Canarias cumpla con la legislación vigente y con su responsabilidad social, garantizando la seguridad jurídica y la certidumbre que merecen las familias afectadas. No se puede permitir que la voluntad política obstaculice derechos reconocidos por la ley».
Actualmente, cerca de 3.500 familias en Canarias se encuentran en idéntica situación, a pesar de que la Ley de Vivienda de Canarias y el Decreto 1/2023 reconocen expresamente su derecho. El PSOE reitera su compromiso con la justicia social y exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del Gobierno autonómico.
