El pleno del Ayuntamiento de Santa María de Guía rechazó la moción de Unidos por Gran Canaria (UXGC-Guía) para revisar, acreditar y adaptar el Canal de Denuncias municipal a la Ley 2/2023 de protección del informante. La propuesta se topó con el voto en contra del grupo de gobierno y la abstención de Juntos por Guía–Nueva Canarias. Durante el debate, el equipo de gobierno justificó su rechazo alegando que la Ley 2/2023 no obliga al consistorio. Sin embargo, el artículo 13 de la norma impone expresamente esta obligación a todas las entidades locales. Al contar con 14.000 habitantes, el plazo de adaptación del municipio venció el 13 de junio de 2023, etapa en la que gobernaba Juntos por Guía, cuya postura actual de abstención resulta incoherente. Deficiencias en la sede electrónica Actualmente, el portal municipal solo cita la Directiva Europea 2019/1937, omitiendo la Ley 2/2023 española. Aunque existe un formulario en línea, no es público el marco de garantías exigido: Política de protección al informante y régimen de confidencialidad. Identidad funcional del Responsable del Sistema y procedimiento de gestión. Plazos de tramitación y medidas contra represalias. “Votar en contra es una decisión política, pero no puede sostenerse que la ley no obliga al Ayuntamiento. No pedimos un cambio estético, sino verificar que existe un sistema seguro y confidencial para los ciudadanos”, sostiene Felipe Pérez, portavoz de UXGC-Guía. Al no haberse acreditado el cumplimiento en la sesión plenaria, UXGC-Guía solicitará por escrito la documentación oficial del sistema para velar por el cumplimiento de la legalidad y la transparencia institucional.