Hay frases que envejecen mal. Y luego está aquella sentencia política de Félix Bolaños, pronunciada en octubre de 2024 para justificar el indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del PP que ayudó a destapar la trama Gürtel: “Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España”. La frase sonaba solemne. Institucional. Casi ejemplarizante. Venía a decir que el Estado democrático protege a quien, aun habiendo formado parte de un engranaje corrupto, decide romper el silencio y ayudar a que la verdad salga a la luz. Era una idea razonable. Incluso necesaria. Porque sin arrepentidos, sin informantes, sin grabaciones, sin gente que decida contar lo que sabe, muchas tramas de corrupción seguirían funcionando bajo la alfombra. El problema no era la frase. El problema era saber si era un principio o una consigna de ocasión. Porque cuando el colaborador se llamaba José Luis Peñas, cuando el caso era Gürtel y cuando los señalados pertenecían al Partido Popular, el Gobierno de Pedro Sánchez entendió que había razones de justicia, equidad y ejemplaridad democrática para concederle un indulto parcial. Peñas había sido condenado. No era un héroe impoluto. Formó parte de aquello que luego ayudó a desmontar. Pero su colaboración fue determinante para abrir una de las mayores causas de corrupción de la democracia española. Entonces el Gobierno lo vendió como un mensaje ejemplar: colaborar con la Justicia se reconoce. Muy bien. La pregunta incómoda llega ahora: ¿vale la misma doctrina cuando quien colabora señala al PSOE? Ahí entra Víctor de Aldama. Un personaje incómodo, áspero, nada presentable para una campaña de regeneración democrática. Pero precisamente por eso la comparación resulta tan explosiva. Porque tampoco Peñas era un santo. Tampoco venía de un convento cívico. La colaboración con la Justicia casi nunca llega envuelta en pureza moral. Suele llegar desde dentro del barro, desde gente que conoce el barro porque lo ha pisado. Y ahora los datos son demoledores: José Luis Ábalos, exministro de Transportes y hombre fuerte del PSOE durante años, condenado a 24 años y tres meses de prisión; Koldo García, su exasesor, condenado a 19 años y ocho meses; y Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio, pero sin ingreso en prisión por su colaboración con la Justicia. La imagen política es devastadora. El que habló, el que colaboró, el que permitió tirar del hilo, se libra de la cárcel efectiva. Los que estuvieron en el núcleo político de la trama reciben penas durísimas. Y entonces vuelve la frase de Bolaños como un boomerang contra el propio Gobierno: “Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno”. ¿También Aldama? Porque aquí está la cuestión. Si la colaboración de José Luis Peñas merecía reconocimiento cuando sirvió para retratar la corrupción del PP, ¿por qué la colaboración de Aldama fue recibida durante meses con descalificaciones, desprecio y acusaciones de mentira cuando empezó a señalar al entorno socialista? Cuando Aldama empezó a hablar, la reacción no fue institucional, sino defensiva. No se escuchó aquello de “dejemos trabajar a la Justicia”. No se activó la doctrina Bolaños. No se dijo que toda información útil contra la corrupción debía ser bienvenida, viniera de quien viniera. Lo que se escuchó fue otra cosa: que todo era falso, que era una estrategia de defensa, que era mentira, que era una inventada. “Todo es mentira”, vino a decir Pedro Sánchez. Pero la sentencia ha dejado una pregunta mucho más incómoda: ¿todo era mentira o era demasiado verdad? Nadie sensato debería convertir automáticamente a Aldama en una fuente sagrada. Sus declaraciones debían probarse. Sus acusaciones debían documentarse. Sus intereses personales eran evidentes. Y, como cualquier acusado, podía buscar una ventaja procesal. Pero ese mismo filtro debería haberse aplicado siempre, también cuando los arrepentidos perjudicaban al PP. La lucha contra la corrupción no puede depender del carné de los afectados. Si colaborar con la Justicia merece reconocimiento, lo merece siempre. Si el colaborador es sospechoso por intentar beneficiarse, lo es siempre. Si un condenado puede recibir trato favorable por ayudar a descubrir delitos, esa regla no puede cambiar según el color político del escándalo. Lo contrario tiene un nombre muy viejo: doble vara de medir. Y aquí conviene hacer una precisión: no es lo mismo el indulto concedido por un Gobierno que la suspensión de una entrada en prisión decidida por un tribunal. Jurídicamente son figuras distintas. Pero políticamente la contradicción sigue ahí. Porque el debate no es solo técnico. El debate es moral. El Gobierno no puede aplaudir al colaborador cuando hunde al adversario y llamarlo mentiroso cuando destapa las cloacas propias. Ábalos no era un militante cualquiera. Fue ministro. Fue secretario de Organización del PSOE. Fue una pieza clave del sanchismo. Koldo no era un desconocido perdido en una administración secundaria. Era el asesor de confianza de ese núcleo de poder. Y Aldama no aparece en esta historia como un personaje periférico sin relevancia, sino como una figura central para entender cómo se movieron contratos, comisiones, influencias y favores en plena pandemia. En otras palabras: esto no es una anécdota. No es un daño colateral. No es un expediente incómodo que pueda cerrarse con una frase de manual. Es una crisis política de primer nivel. El Gobierno de Sánchez hizo del caso Gürtel una bandera moral. Construyó parte de su legitimidad política sobre la censura a la corrupción del PP. Y tenía derecho a hacerlo. Gürtel fue una vergüenza nacional. Pero quien sube al púlpito de la regeneración queda obligado a soportar el mismo foco cuando las sombras aparecen en su propia casa. No basta con decir “todo es mentira”. Esa frase puede servir para una rueda de prensa, pero no para cerrar una investigación. La democracia no se defiende desacreditando de entrada a quien declara ante un juez. Se defiende dejando que los tribunales verifiquen, contrasten y resuelvan. Y ahora los tribunales han hablado. Ábalos, 24 años y tres meses. Koldo, 19 años y ocho meses. Aldama, cuatro años y medio, sin cárcel efectiva por colaborar. Esa secuencia no