El sindicato critica la inacción de los responsables políticos que no han tomado medida alguna al respecto a pesar de los riesgos que puede implicar para los agentes a sus órdenes y sobre todo para la ciudadanía

Después de estallar el caso Ladrillo de la Policía Canaria, el Subinspector Carmelo Sosa -el imputado a quien mayores penas solicita el Ministerio Fiscal, de 4 a 6 años de cárcel- alegó ante el Juzgado de Las Palmas que ciertas manifestaciones trasladadas a su Señoría en el curso del procedimiento que lo enjuicia le habían llevado a una “profunda depresión”.

Sin embargo, en los cuadrantes de trabajo coincidentes en el tiempo no hay constancia de ninguna ausencia, y así lo confirma el sindicato de la Policía Canaria. De hecho, añade, en el periodo en el que Sosa refiere esa “profunda depresión” ante el Juzgado, no hay constancia siquiera de comunicado o información oficial de ningún tipo sobre incidencia o discontinuidad en el servicio del subinspector al mando de la base de Gran Canaria.

Este hecho contrasta con las numerosas bajas e incapacidades temporales, según corrobora Cobas Canarias, padecidas por los agentes bajo su mando que declararon en el caso Ladrillo, y que coinciden con la denuncia por presuntos delitos de  prevaricación continuada, acoso laboral y contra la libertad sindical presentada por varios policías y el propio sindicato.

Según señala co.bas Canarias,  los responsables políticos de la Policía Canaria y su Jefatura son los encargados de garantizar que los agentes se encuentren en perfectas condiciones para realizar su trabajo, pero en este caso, han permitido que un Jefe de Policía o mando superior de una base policial manifieste “profunda depresión” y permanezca en servicio y en su cargo. Sin realizar evaluación o tomar medida alguna al respecto, lo cual, tratándose de un Cuerpo de Seguridad, cuyo cometido es garantizar la integridad y el bienestar de la ciudadanía, es especialmente grave. “Lo alegado implicaría riesgos para los propios agentes bajo sus órdenes y para los ciudadanos en general, dada la naturaleza de instituto armado del Cuerpo General de la Policía Canaria; si la razón de la baja no es de la gravedad alegada en sede judicial, el reproche es obvio, y si lo es, es muy grave que permitan que siga en su puesto”, explica un portavoz.

Este hecho podría ser una prueba más de que la intención de los responsables del caso Ladrillo -que al parecer se produce por pretender simular un atentado a agente de la autoridad para a continuación presuntamente falsear documentos que sostuvieran esa versión-  fue obtener resultados y conseguir estadísticas por encima de todo; solo ello podría explicar la incoherencia de que un jefe de Policía alegue profunda depresión y continúe en servicio.