Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. En apenas unos días han accedido a la ciudad alrededor de 1.500 personas, una cifra que ha desbordado los recursos asistenciales, los dispositivos de seguridad y la capacidad de acogida de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. El propio presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha definido la situación como una «emergencia humanitaria y social» y ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de una emergencia nacional y la creación de un mando único que coordine la respuesta del Estado.
Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado esa posibilidad. La explicación oficial es jurídica: la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil no contempla las crisis migratorias como supuesto para declarar una emergencia de interés nacional. Según el Ministerio del Interior, esa figura está reservada para catástrofes naturales, accidentes tecnológicos o situaciones similares, por lo que considera que el marco legal actual no permite activar ese mecanismo.
Esa es la posición oficial. Pero el debate político y social va mucho más allá de la interpretación de una ley.
Cuando una frontera exterior de España y de la Unión Europea registra miles de entradas irregulares en pocos días, los centros de acogida se encuentran completamente saturados y los servicios públicos trabajan al límite de sus posibilidades, resulta legítimo preguntarse si el Estado está respondiendo con la rapidez y contundencia que exige una situación excepcional.
Las autoridades ceutíes llevan días alertando de un auténtico colapso operativo. El Gobierno local ha reclamado más medios, la derivación urgente de personas acogidas hacia otros territorios y una implicación mucho mayor del Estado para evitar que la situación siga deteriorándose. Diversos medios locales reflejan además la enorme preocupación existente entre instituciones y ciudadanos por la presión que soporta la ciudad.
Es evidente que gestionar una crisis migratoria exige respeto absoluto a la legalidad nacional, europea e internacional y la protección de los derechos humanos. Pero también es cierto que el Estado tiene la obligación de garantizar el control efectivo de sus fronteras, preservar la seguridad ciudadana y asegurar que ninguna ciudad quede desbordada por una situación extraordinaria.
Algunos califican lo que ocurre en Ceuta como una «invasión». Ese término tiene una fuerte carga política y jurídica y no forma parte de la terminología utilizada oficialmente por el Gobierno de España. Lo que sí es un hecho objetivo es que la presión migratoria registrada durante los últimos días es extraordinaria, ha superado ampliamente la capacidad de respuesta de la ciudad y ha obligado al presidente ceutí a reclamar una actuación excepcional del Estado.
La gran pregunta sigue sin respuesta: si una situación de este calibre no merece una actuación extraordinaria del Estado, ¿qué tendría que ocurrir para que el Gobierno considerase que se han alcanzado los límites de la capacidad ordinaria de respuesta?
Mientras Madrid insiste en que el ordenamiento jurídico no permite declarar una emergencia nacional por una crisis migratoria, en Ceuta continúan llegando personas, los recursos siguen tensionados y crece la sensación de que la ciudad afronta prácticamente sola una crisis que afecta a toda España y, por extensión, a toda la Unión Europea.
Porque Ceuta no es únicamente una ciudad autónoma. Es una frontera española. Y proteger una frontera española constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado.
