Ceuta lleva casi un mes soportando una presión migratoria, sanitaria y social extraordinaria mientras el Gobierno acumula retrasos, mensajes triunfalistas y contradicciones que dañan seriamente su credibilidad

La pregunta no debería formularse desde la resignación, sino desde la exigencia democrática: ¿España y los españoles nos merecemos un presidente y un Gobierno capaces de afrontar una crisis de esta magnitud con previsión, coordinación y transparencia?

La respuesta es evidente. España merece algo mejor.

La entrada masiva de decenas de miles de personas por la frontera de Ceuta, iniciada los días 30 y 31 de julio, no ha sido un episodio migratorio ordinario. Ha supuesto una grave crisis humanitaria, territorial, sanitaria y de seguridad. Una situación excepcional ante la que el Gobierno tenía la obligación de actuar desde el primer momento con todos los recursos disponibles.

Sin embargo, mientras Ceuta trataba de contener una emergencia sin precedentes, el presidente del Gobierno inició sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote. Desde allí encontró tiempo para recomendar música y libros a los ciudadanos, pero tardó semanas en ofrecer una respuesta política acorde con la gravedad de lo sucedido.

Nadie discute el derecho de un presidente a descansar. Lo que se cuestiona es la imagen de desconexión transmitida cuando una parte de España se encontraba desbordada. Gobernar implica asumir responsabilidades también cuando el calendario marca vacaciones. Y en una crisis nacional no basta con permanecer informado a distancia: hay que dirigir, comparecer, explicar y tomar decisiones.

También se ha difundido que el dispositivo de seguridad de La Mareta superaba al refuerzo inicial enviado a Ceuta. Esa comparación exige prudencia porque las cifras publicadas no han sido confirmadas oficialmente y algunas proceden de informaciones correspondientes a otros años. Pero incluso prescindiendo de ese dato, la sensación de abandono expresada por policías, sanitarios y vecinos resulta imposible de ignorar.

Una crisis “resuelta” que seguía empeorando

Especialmente desafortunadas fueron las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando afirmó en redes sociales: “Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez”.

La frase fue publicada cuando Ceuta continuaba soportando las consecuencias de la entrada masiva, con miles de personas todavía en la ciudad, campamentos improvisados, servicios públicos bajo una presión extraordinaria y una creciente preocupación ciudadana.

Declarar resuelta una crisis antes de resolverla no es liderazgo. Es propaganda. Y la propaganda, cuando choca con la realidad que viven los ciudadanos, termina convirtiéndose en una forma de desprecio.

Algo parecido ha sucedido en el ámbito sanitario. El Ministerio de Sanidad ha sostenido que la asistencia ordinaria a los ceutíes no llegó a quedar interrumpida y que no existió un colapso sanitario propiamente dicho. Los profesionales que trabajan sobre el terreno, sin embargo, han denunciado saturación, falta de personal, turnos extraordinarios y ausencia de medios suficientes.

Puede discutirse técnicamente si existió un “colapso” o una “tensión asistencial extrema”. Lo que no puede hacerse es utilizar una discusión terminológica para minimizar el esfuerzo y las advertencias de médicos y sanitarios. Si semanas después es necesario enviar vacunas, contratar refuerzos y adoptar nuevas medidas de salud pública, resulta difícil sostener que todo estaba plenamente controlado.

Robles y Marlaska: dos versiones que no encajan

Todavía más preocupantes son las contradicciones dentro del propio Gobierno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que agentes del Centro Nacional de Inteligencia destinados en Ceuta trasladaron información sobre una convocatoria para intentar cruzar la frontera. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste, por el contrario, en que no existió ningún informe del CNI ni de servicios aliados que anticipara una entrada de semejante magnitud.

Es posible que ambas versiones se apoyen en una distinción formal: pudo existir un aviso o una comunicación sin que llegara a elaborarse un informe que previera las dimensiones de la crisis. Pero esa explicación no resuelve el problema principal.

Si hubo una advertencia, ¿quién la recibió? ¿Qué valoración se hizo? ¿Por qué no se adoptaron medidas preventivas? ¿Falló la transmisión de la información, su análisis o la decisión política?

Los ciudadanos no necesitan una disputa semántica entre ministerios. Necesitan saber qué ocurrió y quién asumirá la responsabilidad por los fallos. Cuando dos ministros ofrecen relatos aparentemente incompatibles sobre una crisis de seguridad nacional, la credibilidad del Ejecutivo queda seriamente dañada.

Ceuta ha tenido que hacerse escuchar

Miles de ceutíes han salido a la calle durante estas semanas para exigir una respuesta inmediata, proporcionada y eficaz. Conviene no manipular esas protestas: no todos los participantes defendían las mismas posiciones ni puede afirmarse que toda la ciudad reclamara indiscriminadamente la expulsión de los migrantes.

Sí existe, en cambio, un rechazo creciente a que los polideportivos y otras instalaciones públicas destinadas a los vecinos se conviertan en alojamientos improvisados. El propio Gobierno de Ceuta ha anunciado que utilizará los mecanismos legales disponibles para impedirlo.

La atención humanitaria es una obligación. También lo es proteger la convivencia y evitar que una emergencia sostenida recaiga exclusivamente sobre los servicios, los barrios y las instalaciones de una ciudad de apenas 85.000 habitantes. Presentar ambas responsabilidades como incompatibles sería una falsedad.

Un mando único 26 días después

El Gobierno convocó el Consejo de Seguridad Nacional 26 días después del comienzo de la crisis. Tras esa reunión, Ceuta fue declarada situación de interés para la Seguridad Nacional y se constituyó un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El Ejecutivo también acordó movilizar recursos, habilitar nuevos espacios de acogida, reforzar la coordinación entre administraciones y mantener este dispositivo, inicialmente, hasta el 31 de diciembre.

Son medidas importantes. La pregunta incómoda es por qué se adoptaron casi un mes después.

Si la situación requería finalmente una declaración de interés para la Seguridad Nacional y un mando único, significa que su gravedad era extraordinaria. Precisamente por eso cuesta comprender que esa coordinación no se activara durante las primeras horas o, como mínimo, durante los primeros días.

La designación de Ángel Víctor Torres puede ser cuestionada políticamente, pero los insultos personales no sustituyen a los argumentos. Lo relevante será comprobar si dispone de autoridad real, medios suficientes y capacidad para coordinar a Interior, Defensa, Sanidad, el Gobierno ceutí y los servicios de inteligencia. Si el mando único se limita a centralizar comparecencias y repartir responsabilidades, habrá llegado tarde y servirá de muy poco.

El Rey y las medias verdades

También se ha asegurado que Felipe VI no visita Ceuta porque el Gobierno se lo impide. Esa afirmación no está acreditada en esos términos.

El Ejecutivo sostiene que no ha puesto obstáculos y que la Casa Real organiza su propia agenda. Al mismo tiempo, el Rey no fue invitado a presidir la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, aunque la ley permite su asistencia cuando el presidente del Gobierno lo convoca.

La cuestión, por tanto, no es tan sencilla como afirmar que existe una prohibición expresa. Pero sí cabe preguntar por qué, ante una crisis territorial de esta gravedad, no se ha buscado una presencia institucional del jefe del Estado acordada con el Gobierno y útil para los ceutíes.

Los rumores no pueden ocupar el lugar de los hechos

En las últimas horas ha circulado la versión de que Pedro Sánchez podría continuar sus vacaciones en Andorra. Hasta el momento no existe una confirmación oficial suficientemente sólida que permita presentarlo como un hecho.

Utilizar un rumor sin comprobarlo debilitaría cualquier crítica legítima. No hace falta exagerar ni añadir datos dudosos. La realidad ya ofrece motivos suficientes para exigir explicaciones: falta de previsión, reacción tardía, mensajes triunfalistas, contradicciones entre ministros y una coordinación extraordinaria aprobada cuando Ceuta llevaba casi un mes bajo una presión insoportable.

España no merece esta falta de responsabilidad

España necesita un Gobierno capaz de proteger sus fronteras, defender su integridad territorial y atender con humanidad a quienes llegan, sin abandonar a los ciudadanos que soportan directamente las consecuencias.

También necesita un presidente que dé la cara cuando estalla una crisis, no únicamente cuando el problema ya ha ocupado todos los titulares. Un Gobierno serio no declara resuelto lo que sigue abierto, no responde con eufemismos a los profesionales saturados y no permite que dos ministros mantengan versiones incompatibles sin ofrecer una explicación inmediata.

Ceuta no puede convertirse en una ciudad utilizada como instrumento de presión por Marruecos, ni en el lugar donde el Gobierno improvisa soluciones que no se atrevería a imponer en cualquier otra parte de España.

Los españoles no debemos acostumbrarnos a que reaccionar tarde se presente como eficacia, que rectificar se venda como previsión y que coordinar después de 26 días se anuncie como liderazgo.

No, España no merece esta forma de gobernar. Y Ceuta, española por historia, por voluntad y por derecho, merece mucho más que silencios, contradicciones y decisiones tardías. Merece seguridad, recursos, transparencia y respeto. Desde el primer día, no cuando las vacaciones terminan.