El Hierro, Ceuta y la inmigración: ¿por qué las soluciones del Gobierno llegan cuando se acercan las elecciones?
La movilización de medios militares para aliviar la emergencia migratoria en El Hierro, a tres semanas de las elecciones generales, reabre el debate sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, la aplicación de los acuerdos de repatriación y la respuesta del Estado ante las crisis de Canarias y Ceuta.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir al Ejército del Aire para trasladar a personas migrantes desde El Hierro, según informa este domingo el diario ABC, plantea una cuestión que merece una explicación convincente: ¿por qué ha tenido que alcanzarse una situación de emergencia para adoptar medidas extraordinarias que podrían haberse planificado con antelación?
No se trata de estar a favor o en contra de quienes llegan a nuestras costas buscando una vida mejor. Tampoco de cuestionar la obligación de prestar asistencia humanitaria. Se trata de exigir responsabilidad política, planificación y transparencia a un Ejecutivo que tiene entre sus competencias el control de fronteras y la gestión de los flujos migratorios.
El Hierro ha recibido más de 8.000 migrantes en apenas cinco semanas, una presión extraordinaria para una isla de reducidas dimensiones y recursos limitados. El pasado 6 de noviembre, su Cabildo declaró la emergencia social ante las dificultades para mantener los dispositivos de acogida y atención.
La situación no puede atribuirse exclusivamente a un acontecimiento inesperado. La ruta atlántica lleva años sometiendo a Canarias a episodios de elevada presión migratoria. Por ello, cabe preguntarse si el Estado ha desarrollado mecanismos suficientes para anticiparse a estas circunstancias o si continúa actuando cuando los recursos locales se encuentran al límite.
Un acuerdo con Gambia que merece explicaciones
Existe otro asunto que debe incorporarse al debate: los acuerdos internacionales de readmisión.
España y Gambia firmaron el 9 de octubre de 2006 un acuerdo marco de cooperación migratoria que contempla la repatriación y readmisión de nacionales que se encuentren irregularmente en el territorio del otro país.
El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece mecanismos de colaboración para combatir la inmigración irregular, respetando las garantías jurídicas y los derechos fundamentales.
Es importante aclarar que no se trata de un convenio de extradición ni permite devolver indiscriminadamente a cualquier persona que llegue a Canarias. Debe acreditarse su nacionalidad, examinarse su situación jurídica y respetarse, entre otras garantías, el derecho a solicitar protección internacional.
Pero esa realidad legal no exime al Gobierno de dar explicaciones.
¿Cuántas personas llegadas a Canarias son de nacionalidad gambiana? ¿Cuántas han sido identificadas? ¿Cuántos expedientes de retorno se han tramitado y cuántas repatriaciones se han materializado al amparo de este acuerdo?
Son preguntas concretas que merecen respuestas igualmente concretas. La ciudadanía tiene derecho a conocer si los instrumentos internacionales de los que dispone España están siendo utilizados eficazmente y qué obstáculos impiden su aplicación cuando procede.
Trasladar personas desde El Hierro a otros territorios puede resultar imprescindible para aliviar la saturación, pero no constituye por sí mismo una solución estructural al problema migratorio.
¿Y Ceuta? Una crisis que tampoco puede quedar en segundo plano
La situación de Ceuta obliga a ampliar el análisis.
La ciudad autónoma, gobernada por el Partido Popular, también ha soportado una importante presión migratoria y ha necesitado medidas extraordinarias de apoyo estatal.
El Gobierno central aprobó actuaciones específicas durante los últimos meses, incluida la movilización de recursos e instalaciones del Ministerio de Defensa para atender la emergencia. Por tanto, no sería riguroso afirmar que Ceuta no ha recibido ninguna ayuda.
Sin embargo, reconocer esas actuaciones no significa dar por resuelto el problema.
La cuestión es si ambas administraciones han recibido respuestas proporcionadas a sus necesidades y si las decisiones del Ejecutivo han llegado con suficiente rapidez.
La solidaridad institucional no debería depender del partido que gobierna un territorio. Canarias y Ceuta merecen una respuesta del Estado basada en criterios objetivos, necesidades acreditadas y obligaciones legales, sin que el color político de sus gobiernos pueda convertirse en un factor de diferenciación.
Sería conveniente que el Ejecutivo detallara públicamente qué recursos ha destinado a cada emergencia, cuánto tiempo ha transcurrido entre las solicitudes de ayuda y su ejecución, y qué medidas permanentes están previstas.
Tres semanas para las elecciones y una reacción que genera preguntas
Hay una circunstancia política imposible de ignorar.
España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre, mientras que la campaña electoral comenzará oficialmente el día 13. La decisión de reforzar los traslados desde El Hierro se produce, por tanto, en plena precampaña.
La proximidad electoral no demuestra que exista una motivación partidista detrás de la intervención. La gravedad de la emergencia justifica que el Estado movilice los medios necesarios para atenderla.
Pero tampoco puede exigirse a la ciudadanía que renuncie a preguntar por la oportunidad de las decisiones políticas.
Si se dispone de medios para organizar traslados extraordinarios, reforzar los dispositivos y coordinar diferentes administraciones, resulta razonable exigir explicaciones sobre los planes preventivos que existían antes de que la situación se agravara.
La responsabilidad de un Gobierno no consiste únicamente en reaccionar ante una crisis. También implica anticiparse, coordinar recursos y evitar, en la medida de lo posible, que los territorios más vulnerables tengan que declarar una emergencia para obtener refuerzos.
La inmigración exige algo más que respuestas de urgencia
La gestión migratoria no puede reducirse a una sucesión de intervenciones extraordinarias.
España necesita una política que combine la protección de las personas, la vigilancia de sus fronteras, la cooperación efectiva con los países de origen y tránsito, la aplicación de los procedimientos legales de retorno y una distribución responsable de los recursos de acogida.
También necesita información transparente. Conocer cuántas personas llegan, cuántas solicitan protección internacional, cuántas reciben autorización para permanecer y cuántas son retornadas conforme a la legislación vigente no debería convertirse en una controversia partidista.
La ausencia de explicaciones suficientemente detalladas favorece la desconfianza y dificulta que la sociedad evalúe los resultados de las decisiones públicas.
Y mientras continúa el debate político, son los profesionales sanitarios, los servicios de emergencia, las organizaciones humanitarias, las fuerzas de seguridad y los habitantes de los territorios afectados quienes afrontan directamente las consecuencias de cada nuevo episodio de saturación.
Pedro Sánchez debe explicar qué estrategia existe más allá de las elecciones
El Gobierno tiene la obligación de asistir a El Hierro y a cualquier otro territorio español que atraviese una situación extraordinaria. Movilizar recursos para hacerlo no debería ser motivo de reproche.
Lo que sí merece una crítica exigente es que una emergencia de esta magnitud vuelva a poner sobre la mesa las mismas preguntas sobre previsión, coordinación y gestión que llevan años acompañando a la ruta migratoria canaria.
Pedro Sánchez debe explicar qué medidas permanentes se están adoptando, cómo funcionan los acuerdos de readmisión, qué planificación existe para afrontar nuevas llegadas y cuáles son los criterios para movilizar recursos estatales en Canarias y Ceuta.
También debe aclarar qué compromisos económicos y operativos podrán mantenerse después del 29 de noviembre, con independencia del resultado electoral.
La política migratoria de un país no puede depender de improvisaciones ni de los tiempos de una campaña electoral. Debe responder a una estrategia de Estado verificable, sostenida y sometida al control público.
Porque el problema no termina cuando despega un avión militar con personas trasladadas desde El Hierro. Para esa isla puede significar un alivio inmediato, pero las causas de la crisis, la presión sobre las fronteras y las dificultades de coordinación siguen existiendo.
Y esa es precisamente la cuestión que debería ocupar el centro del debate: ¿estamos ante medidas que forman parte de una solución duradera o ante otra respuesta de emergencia que dejará pendientes los mismos problemas para el próximo Gobierno?
