En el norte de Gran Canaria está Guia, un pueblo de gran belleza que cuenta con una docena de comercios y un burdel. Su apertura, hace escasos días, ha alterado la tranquilidad de los vecinos. Cuando llega la noche, las luces de colores que salen de las habitaciones del prostíbulo destacan en un paisaje de verdes medianías. La casa parece que flotara en el limbo, como la actividad que se ejerce dentro, y las chicas que allí trabajan no tener otra salida que el cielo.
Este negocio ha pasado a formar parte de la red de clubes de alterne y burdeles que hay en España, sin contar las calles, saunas, parques o polígonos industriales donde también se ejerce la prostitución. La lucha contra la trata ha puesto en declive a los clubes de alterne, que se trasladan a los apartamentos y se anuncian a través de Internet.
En nuestro país, la prostitución se encuentra en una enorme laguna jurídica que básicamente lo convierte en legal. Es decir, se mueve entre la legalidad, en el caso de los establecimientos que obtienen licencias administrativas como hostales o como bares musicales que alquilan habitaciones, y el secreto de lo que sucede en el interior de sus estancias.
Como explica la magistrada de lo Social en Madrid, Amaya Olivas Díaz, miembro de Jueces para la Democracia, “desde 2015, ante las exigencias europeas de estabilidad presupuestaria, España introduce en el PIB el dinero que mueve la prostitución, y la Ley 20/ 2007 regula el marco para que se pueda cotizar por cuenta propia. Sin embargo, [al Estado] sí le supone un conflicto que los trabajadores del sector intenten organizarse para proteger sus derechos, como denuncia la Asociación de Profesionales del Sexo”.
Es importante aceptar que el tráfico ilegal de mujeres con fines sexuales es uno de los grandes males de nuestra sociedad, y por ello, ambas posturas en cuanto a la prostitución –abolicionistas y pro derechos o pro regulación– coinciden en su erradicación. Numerosas ONGs, como Médicos del Mundo, advierten de que no se puede regular la explotación sexual, porque la prostitución y la trata van muy unidas, pero otras muchas organizaciones temen que la postura abolicionista lleve a las prostitutas a la clandestinidad más absoluta y las coloque en una situación de mayor vulnerabilidad.
A este respecto, la magistrada acerca posturas en CTXT dando voz a la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), quienes presentan “una investigación rigurosa en red en siete países, sobre cómo la organización de lxs trabajadorxs sexuales puede mejorar sus condiciones de vida y luchar contra la trata de personas”.
Anoche entré en la web donde las chicas se anuncian. Se habían dejado retratar pero parecían distanciadas e indiferentes, como el cortejo de las Musas y las Gracias cuando fueron presentadas a Febo. Traté de imaginar sus vidas, pero los datos son confusos en cuanto al perfil medio de la mujer que ejerce la prostitución en España. Es posible que muchas sean madres solas sin ingresos, a las que les toca tragar con todo. O quizá sean inmigrantes, o ambas cosas a la vez.
En estos momentos no sólo la prostitución divide al feminismo, sino a Europa entera, entre abolir, prohibir y regular, pues más allá de las valoraciones éticas de cada uno, hay un debate sobre la industria del sexo que separa en un abismo a la sociedad entera: existen diferencia entre prostitución libre y forzada.
Según un informe sobre Trata de Personas con fines de explotación sexual de 2011, publicado por el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, España es un país de destino y tránsito de personas sometidas a trabajo forzoso y trata sexual, que suponen el 90% de los inmigrantes controlados por redes que operan en todo el territorio español. Dentro de la estructura social, estas personas ocupan uno de los escalones más bajos y marginales. Son las más vulnerables, pero la red prevista para ayudarlas a salir de ahí es muy precaria.
Chus Álvarez, responsable para América Latina de la GAATW, en una entrevista a Amanda Andrades en CTXT, señalaba el caso de Nueva Zelanda como ejemplo de lo que puede suceder. Como medida de prevención, “las mujeres migrantes en Nueva Zelanda no pueden ejercer el trabajo sexual legalmente. Así que siguen haciéndolo, pero sin estar protegidas por el marco legal de aquellas que son nacionales”.
En la misma entrevista se abría un melón: “Respecto a las víctimas de trata hay un número igualado de mujeres (55%) y hombres (45%). Un 90% del total serían explotadas por personas o empresas, y de estas, el 22% con fines de explotación sexual y el 68% con fines de explotación laboral” (datos de la Organización Internacional del Trabajo).
Desde Pro Derecho Humanos y otros colectivos de defensa de los derechos de las personas que realizan trabajo sexual, existen voces que afirman que sólo si el delito (proxenetismo, tráfico, abusos, explotación) se diferencia de la legalidad (el ejercicio voluntario de la prostitución), será cuando más eficazmente se podrá combatir la esclavitud sexual. Es decir, el propio reconocimiento de la actividad como trabajo operaría como garantía contra la violencia.
En España, el modelo nórdico que castiga al cliente cobra fuerza. El Gobierno advierte que se penará con cárcel a quienes faciliten inmuebles para la comisión de delitos relacionados con la prostitución o la explotación sexual. En su proyecto normativo plantea multas para los clientes, sanción que se convertirá en penas de cárcel si la mujer es menor de edad. De prosperar el borrador de la ley habrá importantes reformas en el Código Penal, que hasta ahora contempla la profesión más vieja del mundo, pero sólo para penalizar el proxenetismo y la explotación ilegal de personas.
Sin embargo, tantos los modelos de legalización de Holanda y Nueva Zelanda y el abolicionista de Suecia y Noruega tienen fallos y ventajas, y una cosa en común: el estigma de las prostitutas permanece.
Desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo advierten que “las trabajadoras del sexo no son víctimas, no quieren ser salvadas, tienen identidad política, y reclaman sus derechos”, políticas sociales que garanticen el respeto a los derechos de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales en el marco de la industria del ocio.
Por todos estos motivos, Eva Ferreras, periodista especializada en igualdad de género, finalizaba su reportaje en CTXT subrayando la necesidad de que “en el debate público sobre legislación estén presentes las prostitutas: es a ellas a quienes más van a afectar sus consecuencias”.
Asimismo es sustancial que el debate no quede monopolizado por un discurso en clave de género, puesto que hombres y trans también ejercen la prostitución, y estos últimos sufren discriminación en el ámbito laboral.
Anoche me acosté pensando en las chicas del burdel de mi pueblo. Las imaginé enviando cada mes dinero a sus familias, soñando con una vida mejor. Recordé entonces la primera vez que me enviaron a hacer un reportaje a un prostíbulo. Al entrar en la zona privada, una imagen me conmovió. Todas las mujeres estaban sentadas frente al televisor viendo ‘Lo que necesitas es amor’.
