Ha pasado casi un año desde que varias playas de Telde —entre ellas Melenara, Salinetas, Taliarte y La Garita— tuvieron que cerrarse por un episodio de contaminación marina tan grave como inaceptable en pleno siglo XXI. Un año de preguntas sin respuestas claras. Un año de versiones cruzadas, informes incompletos, responsabilidades diluidas y silencios institucionales que resultan tan preocupantes como el propio vertido.
La ciudadanía sigue esperando algo elemental: la verdad.
El 12 de julio de 2023, el Ayuntamiento de Telde anunció el cierre inmediato de varias playas del municipio tras detectarse niveles anómalos de contaminación fecal en el agua. La alarma quedó confirmada por los análisis de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que reflejaron la presencia de enterococos intestinales y E. coli por encima de los límites establecidos en el Real Decreto 1341/2007, norma que regula la calidad de las aguas de baño en España.
No hablamos de rumores. No hablamos de percepciones. Hablamos de datos oficiales, de análisis técnicos y de un problema que afectó directamente a la salud pública, al litoral, a la economía local y a la imagen de un municipio que vive de cara al mar.
Entre julio y septiembre de 2023, los informes realizados por Salud Pública y por el Laboratorio Insular reflejaron picos de contaminación que multiplicaban ampliamente los valores máximos permitidos. En Melenara, por ejemplo, se llegaron a registrar 1.700 UFC/100 ml de enterococos, cuando el límite legal se sitúa en 200. Son cifras suficientemente graves como para exigir explicaciones inmediatas, concluyentes y públicas.
Sin embargo, casi un año después, lo único verdaderamente claro es que nadie parece dispuesto a asumir responsabilidades.
Administraciones enfrentadas, ciudadanía desinformada
Desde el primer momento, el episodio derivó en un cruce de declaraciones entre administraciones. El Ayuntamiento apuntó inicialmente a posibles fallos en la red de saneamiento municipal. El Cabildo de Gran Canaria defendió el correcto funcionamiento de sus infraestructuras. El Gobierno de Canarias pidió prudencia y evitó señalar un origen concreto.
Mientras unos y otros se protegían tras el muro de las competencias, la ciudadanía seguía sin respuestas.
También se puso el foco sobre las jaulas de acuicultura situadas frente a la costa de Las Salinetas. La empresa responsable negó cualquier relación con el episodio, aunque informes oceanográficos encargados por el propio Cabildo en 2022 ya advertían de que, bajo determinadas condiciones de viento y marea, las corrientes podían transportar residuos orgánicos hacia la costa.
No corresponde a la ciudadanía sustituir a los técnicos ni dictar sentencia sin pruebas concluyentes. Pero sí corresponde a las administraciones investigar con rigor, informar con transparencia y explicar de forma comprensible qué ocurrió, por qué ocurrió y qué medidas se han adoptado para que no vuelva a pasar.
Eso es precisamente lo que no ha sucedido.
La transparencia no puede seguir esperando
Desde agosto de 2023, Telde espera un informe técnico definitivo sobre el origen del vertido. Espera una comparecencia pública conjunta de las administraciones implicadas. Espera la publicación completa de los análisis realizados entre julio y octubre. Espera, además, un plan serio de prevención para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.
Nada de eso ha llegado con la claridad que exige un caso de esta gravedad.
El 15 de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Telde afirmó que la investigación seguía abierta. El 3 de abril, el Cabildo declaró que no existían evidencias concluyentes. El 22 de mayo, el Gobierno de Canarias insistió en que no podía atribuirse el origen a una sola fuente.
Dicho de otro modo: casi un año después, seguimos prácticamente en el mismo punto.
Y eso es inadmisible.
Cuando un episodio afecta a la salud pública, al turismo, a la economía local y al ecosistema marino, la transparencia no es una opción política: es una obligación democrática. No basta con cerrar playas, emitir comunicados y esperar a que el tiempo desgaste la indignación vecinal. No basta con esconderse detrás de expedientes, competencias o informes que nunca terminan de ofrecer una conclusión clara.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué falló, quién falló, por qué falló y qué se ha hecho desde entonces para corregirlo.
Telde no puede acostumbrarse al silencio
Lo ocurrido en 2023 no puede quedar enterrado bajo trámites administrativos. No puede convertirse en otro expediente incómodo destinado a perderse entre despachos. No puede aceptarse que, ante un problema de esta magnitud, la respuesta institucional sea la ambigüedad permanente.
Telde no es una ciudad ajena al mar. Su costa forma parte de su identidad, de su economía, de su cultura y de su forma de vida. Melenara, Salinetas, Taliarte y La Garita no son simples puntos en un mapa: son espacios de convivencia, salud, memoria y orgullo colectivo.
Por eso, la ciudadanía no pide un favor. Exige un derecho.
Exige conocer el origen real del vertido. Exige que se publiquen todos los datos disponibles. Exige que las administraciones implicadas comparezcan juntas, den la cara y expliquen con claridad qué ocurrió. Exige responsabilidades, si las hubo. Y exige un plan de prevención verificable, con medidas concretas, plazos definidos y seguimiento público.
Porque la salud pública no puede depender de comunicados ambiguos. Porque el litoral no puede protegerse con excusas. Porque la confianza ciudadana no se recupera con silencio.
La verdad también debe salir a flote
Puede que el mar esté hoy limpio, pero las heridas siguen abiertas. Y seguirán abiertas mientras no haya claridad, justicia y responsabilidad.
Telde merece algo mejor que la confusión. Merece instituciones que colaboren en lugar de señalarse unas a otras. Merece representantes públicos que entiendan que gestionar no consiste solo en administrar competencias, sino también en asumir responsabilidades cuando las cosas fallan.
La ciudadanía ha sido paciente. Quizá demasiado.
Pero Telde no debe olvidar. No debe resignarse. No debe aceptar que un episodio de contaminación en sus playas quede reducido a un intercambio de notas oficiales y declaraciones sin consecuencias.
La verdad siempre termina saliendo a flote. En Telde, ya va siendo hora de que lo haga.
Y que nadie se equivoque: exigir explicaciones no es hacer ruido. Es defender la salud pública, el litoral y la dignidad de una ciudad que merece respeto.
¡Que Cosas!
