La Alternativa Sindical de Policía, ASP, ha difundido dos comunicados en los que lanza un mensaje contundente sobre dos asuntos que, a su juicio, afectan directamente a la confianza ciudadana en las instituciones y a las condiciones de trabajo de los agentes de la Policía Nacional en Canarias.
En el primero de ellos, la organización sindical se pronuncia sobre la presunta implicación del actual Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, en el sumario del conocido como caso Plus Ultra. ASP evita reclamar expresamente su dimisión o su cese, pero sostiene que, en un sistema institucional con una cultura sólida de responsabilidad pública, determinadas decisiones deberían adoptarse de forma automática cuando existen investigaciones judiciales de especial gravedad y repercusión social.
El sindicato subraya que el hecho de que una investigación judicial pueda terminar afectando a la máxima representación de la Policía Nacional en Canarias resulta preocupante mientras no se esclarezcan los hechos. En ese contexto, ASP advierte de una progresiva degradación de los estándares éticos y de responsabilidad pública, algo que, según la organización, contribuye a erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El comunicado también recuerda que el nombre del actual responsable policial en Canarias ya había aparecido vinculado mediáticamente al denominado “Delcygate”, un episodio relacionado con los hechos ocurridos en el aeropuerto de Barajas y con el traslado de equipajes cuyo contenido, según señala ASP, no habría sido aclarado públicamente. La organización insiste en que este tipo de situaciones no pueden normalizarse ni quedar sin explicación ante la opinión pública.
ASP destaca, al mismo tiempo, la labor de jueces, magistrados y unidades policiales como la UDEF, a quienes atribuye un papel esencial en la defensa de la legalidad y del servicio público. En esa línea, el sindicato diferencia entre la actuación de los profesionales que investigan y trabajan con discreción y el deterioro institucional que, a su entender, generan determinados responsables cuando no ofrecen explicaciones suficientes.
El segundo comunicado se centra en los graves incidentes registrados el pasado 21 de junio en el aeropuerto de Gran Canaria, especialmente en el área de control de pasaportes de llegadas internacionales. ASP rechaza que se intente ocultar o minimizar lo ocurrido y acusa a AENA Gran Canaria de desconocer o no asumir la magnitud del problema.
Según el sindicato, entre las 20:30 y las 22:00 horas coincidieron hasta ocho vuelos internacionales con demora, lo que provocó una acumulación masiva de pasajeros en una zona que, según denuncia, no estaba preparada para absorber ese volumen de personas. Los guardias de fronteras de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para intentar contener el colapso operativo, garantizar la seguridad de los viajeros y ordenar el tránsito de pasajeros en un escenario de tensión creciente.
ASP describe una situación especialmente delicada: familias con niños y bebés atrapadas en una sala saturada, calor sofocante, viajeros nerviosos, algunos pasajeros quitándose la camisa por las altas temperaturas y episodios de ansiedad entre los presentes. El sindicato asegura además que algunos agentes terminaron indispuestos y que incluso tuvieron que recibir asistencia médica.
La organización agradece la colaboración de efectivos de la Guardia Civil y del personal de seguridad privada del aeropuerto, que acudieron en apoyo de los compañeros encargados de gestionar una situación límite. Sin embargo, advierte de que estos episodios no son aislados y que forman parte de un problema estructural que afecta desde hace años al puesto fronterizo del aeropuerto de Gran Canaria.
ASP sostiene que AENA ha ignorado reiteradamente las advertencias y propuestas trasladadas por los profesionales policiales para reorganizar las franjas horarias de llegada de vuelos internacionales y evitar concentraciones masivas de pasajeros en espacios insuficientes. Para el sindicato, el problema no solo afecta a la seguridad del pasaje, sino también a la integridad física y laboral de los policías nacionales destinados en el aeropuerto.
El comunicado también denuncia el estado de las instalaciones policiales, que ASP califica de deplorable. La organización habla de dependencias deterioradas, averías constantes, filtraciones de aguas fecales, presencia de cucarachas y ratas, así como infraestructuras obsoletas que, según afirma, forman parte del día a día de los agentes que prestan servicio en esas instalaciones.
En conjunto, ambos comunicados trasladan una misma idea central: la necesidad de transparencia, responsabilidad institucional y respeto a las condiciones dignas de trabajo de los policías nacionales. ASP reclama explicaciones públicas, soluciones reales y una actuación decidida ante situaciones que, según el sindicato, ponen en riesgo tanto la credibilidad de las instituciones como la seguridad de ciudadanos y profesionales.
La organización concluye con un mensaje claro: la transparencia no debe tratarse como una opción, sino como una obligación democrática.
