El sindicato CSIF celebra el laudo arbitral emitido en relación con el proceso electoral celebrado en la Agencia Tributaria Canaria (ATC), el cual estima íntegramente las pretensiones del sindicato y reconoce que la exclusión del personal funcionario en prácticas del censo electoral fue injustificada y contraria a derecho.
El árbitro determina que los funcionarios en prácticas deben considerarse electores válidos, ya que, pese a no haber adquirido aún la condición de funcionarios de carrera, están ejerciendo sus funciones con continuidad, percibiendo retribuciones y sujetos a las mismas condiciones laborales que el resto del personal. Esta interpretación se alinea con la doctrina de la jurisprudencia electoral y el propio Estatuto Básico del Empleado Público.
Lo más grave es que la decisión de excluir a este colectivo no partió de la Mesa Electoral por iniciativa propia, sino que se tomó por recomendación expresa de la propia Administración, lo cual pone de manifiesto una posible conducta antisindical por parte de la Agencia Tributaria Canaria, al interferir en un proceso que debe regirse por la legalidad y por los principios de objetividad, neutralidad y garantía de participación.
Desde CSIF consideramos que esta actuación de la administración vulnera derechos fundamentales y afecta gravemente a la legitimidad del proceso electoral, ya que impide el ejercicio del derecho de sufragio a trabajadores públicos en activo, limitando así su capacidad de representación y participación en los órganos sindicales.
Este laudo no solo repara una injusticia, sino que sienta un precedente importante para la defensa de los derechos del personal en prácticas en todas las administraciones públicas. CSIF exige a la Agencia Tributaria Canaria que depure responsabilidades y garantice que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
