Los recientes asaltos violentos a la valla de Melilla que tuvieron lugar a principios del mes de marzo no solo han traído de cabeza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE); una vez en territorio español, decenas de agentes han tenido que proceder a la ejecución de más de 800 solicitudes de asilo ordenadas por el actual Ejecutivo.
“No han respetado ni la cuarentena”, apuntan los agentes a La Gaceta de la Iberosfera. Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están desbordados: con una capacidad de 782 plazas, la ocupación del CETI melillense ha superado los 900 inmigrantes ilegales, según el informe de la situación sanitaria del centro publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME) del 25 de agosto de 2020. Esta circunstancia ha motivado que el actual Gobierno haya optado por obligar a los agentes a ejecutar un «asilo exprés».
El ministerio del Interior podría haber optado por las devoluciones en caliente avaladas por el Tribunal Constitucional como ya hizo tras la invasión de Ceuta en mayo del año pasado, pero, en esta ocasión, el Ejecutivo ha decidido cambiar las denominadas “devoluciones exprés” por un “asilo exprés”, una medida con que pretende dejar el CETI de Melilla libre de ocupación.
La mayoría de los inmigrantes ilegales que asaltaron -armados con garfios y palos– la frontera española provienen de Sudán, seguidos de malienses y otros orígenes como Burkina Faso, Guinea Conakry, Chad, Costa de Marfil, Camerún o Libia, según fuentes de las FCSE. El hecho de que la mayor parte de ellos sean de origen sudanés constata que se ha producido un cambio en los flujos migratorios: los inmigrantes que principalmente terminaban en Libia para llegar a Europa a través del Mediterráneo Central, están optando actualmente por la Ciudad Autónoma de Melilla dada la indolencia del actual Gobierno en materia migratoria.
La inacción del ministerio del Interior está provocando que las mafias que operan en todo el Magreb estén decididas a movilizar a cada vez más inmigrantes con el fin de establecer España como una de las principales vías de entrada a Europa. Así lo demuestran los últimos balances del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que, a nivel estadístico, sitúan a nuestro país como el objetivo de más del 50 por ciento de toda la inmigración ilegal que llega a territorio europeo. Lejos de los 5.889 inmigrantes ilegales que han entrado en Italia y más lejos aún de las 1.037 entradas contabilizadas en Grecia, España ha recibido un 56 por ciento de toda la inmigración ilegal llegada a Europa.
Por otro lado, los agentes de las FCSE destinados en Melilla también alertan de que la decisión del Gobierno puede provocar un efecto llamada ya que, lejos de actuar como un muro de contención frente a la inmigración ilegal, se está enviando un mensaje con el que se da entender a los miles de subsaharianos que aún esperan al otro lado de la frontera que, una vez en España, serán acogidos en lugar de ser devueltos a Marruecos. “En menos de un mes habrá plazas libres y esto lo sabrán al otro lado ya que ellos están comunicados en todo momento”, concluyen fuentes policiales.
