Nuestra creatividad, intelecto y libertad forman parte de nuestra dignidad humana. Sin embargo, nuestra creatividad ni está libre de ocurrencias, nuestro intelecto puede equivocar y podemos ejercer nuestra libertad hacia el mal, especialmente cuando ya hemos invertido tiempo y esfuerzo.
Todos aspiramos a ser felices y eso nos hermana, así lo he vivido en todas las manifestaciones del arcoíris a las que asistí. En ese andar como parte de la humanidad no puedo evitar en reconocer que el final del arcoiris no es como lo pintan, así quedó demostrado en la marcha por el orgullo gay en la capital de España.
Tras esa felicidad, tras una fachada de normalidad frente a la sociedad, se vió una descalificación y modos de convivencia que nos invitan a saltar de la sartén del fuego, distorsionando el genuino desarrollo de identidad personal y contaminando la naturaleza de la ideología de género. No encuentro justificación alguna para violentar espacios comunes, para provocar con la excusa de que son partidos de centro y apoyan a la extrema derecha o a la derecha. El bien común incluye el respeto a todos.
Las pertinentes estrategias políticas y mediáticas están constituyendo a una de las herramientas de más rentabilidad electoral y adquisición de votantes. Su interés no es por el bien de todos, sino por el control social, el lucro y el triunfo electoral.
Todos estamos de acuerdo que debe ser ilegal faltar a la dignidad de las personas independientemente de sus idiologías, sin embargo lo vivido en la marcha LGTB este fin de semana en Madrid, acusando de homofobia a un grupo de personas que bajo la misma sombrilla de la convivencia y el amor quedaron claramente dañados para todos los involucrados.
Ante lo sucedido como ser humano y cómo esta no garantiza la dignidad de cada uno de nuestros actos, tú y yo sabamos que juzgar moralmente a otros forma parte de un problema social a superar; y también cada quien sabe si los actos que realiza en estas manifestaciones contribuyen o destruyen la propia dignidad de las personas LGTB.
CSIF exige una auditoria externa sobre la gestión de personal en la autoridad portuaria de Las Palmas
La Sección Sindical de CSIF en la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha solicitado formalmente al Consejo de Administración que analice la gestión de los Recursos Humanos de la entidad y adopte medidas urgentes para garantizar una administración eficaz, transparente y respetuosa con los derechos de la plantilla. CSIF reclama que el Consejo de Administración revise y, en su caso, revoque las competencias en materia de personal actualmente delegadas en la Presidencia. El sindicato recuerda que el Consejo es el órgano superior de gobierno de la Autoridad Portuaria y mantiene la responsabilidad de controlar, supervisar y evaluar la gestión, aunque determinadas funciones hayan sido delegadas. La organización sindical considera que durante los últimos años se han acumulado importantes problemas de organización, planificación y gestión de personal. Entre ellos, señala los sucesivos cambios de organigrama, las dificultades para dotar a la entidad de una plantilla adecuada, la falta de negociación y los conflictos derivados de la aplicación del convenio colectivo y de los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores. CSIF también advierte del deterioro del clima laboral y de la necesidad de prestar especial atención a los riesgos psicosociales y a la prevención de riesgos laborales. Para el sindicato, estas circunstancias afectan directamente al bienestar de las personas trabajadoras y pueden repercutir en la calidad de los servicios que presta la Autoridad Portuaria. Por este motivo, CSIF solicita una auditoría externa, independiente e integral que examine los procesos de selección y promoción, los nombramientos de responsables, la gestión de los expedientes de personal, el cumplimiento del convenio colectivo y la aplicación de los principios de mérito, capacidad, igualdad, objetividad, publicidad y transparencia. CSIF pide que las conclusiones de la auditoría sean presentadas ante el Consejo de Administración y comunicadas a la representación legal de los trabajadores, respetando la protección de datos y la confidencialidad. En caso de detectarse incumplimientos o deficiencias graves, el sindicato reclama la adopción de medidas correctoras y la exigencia de las responsabilidades que legalmente procedan.