No estoy en contra de que el Papa León XIV visite Canarias. Conviene dejarlo claro desde el principio, porque el debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de una visita religiosa de enorme relevancia para miles de creyentes. La cuestión de fondo es otra: si el despliegue previsto, el coste público, las alteraciones en la vida diaria de la ciudadanía y el mensaje político que acompaña a esta visita son proporcionales a la realidad social que atraviesan las islas. Canarias no vive precisamente un momento cómodo. Casi una de cada tres personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. La pobreza infantil supera el 40%. Hay familias trabajadoras que, aun teniendo empleo, no llegan a fin de mes. Hay mayores con pensiones ajustadas, jóvenes expulsados del mercado de la vivienda y barrios donde la precariedad no es una estadística, sino una forma cotidiana de vivir. En ese contexto, resulta legítimo preguntarse si tiene sentido movilizar cientos de agentes, vehículos, unidades caninas, cortes de tráfico, suspensión de clases, medidas de teletrabajo y millones de euros públicos para una visita de apenas unas horas en cada isla. Por supuesto que debe existir seguridad. Nadie sensato discutiría que la visita de un jefe de Estado y líder religioso mundial requiere protección, planificación y coordinación. Pero una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es convertir la vida ordinaria de una isla en un asunto secundario. La proporcionalidad importa. Más aún cuando hablamos de dinero público. Las instituciones tienen la obligación de explicar con claridad cuánto cuesta esta visita, qué parte asume cada administración, qué beneficios reales se esperan y por qué se considera razonable adoptar medidas que afectan a colegios, trabajadores, movilidad y servicios públicos. La ciudadanía no debería enterarse solo de los actos solemnes, las fotografías oficiales y los grandes titulares. También tiene derecho a conocer la factura completa. También es comprensible que el Papa visite Arguineguín y se reúna con migrantes. Canarias conoce de primera mano el drama humano de la migración. Lo ha vivido en sus costas, en sus puertos, en sus barrios y en sus servicios públicos. Negar esa realidad sería injusto. Pero también sería incompleto que la visita proyectara únicamente esa imagen y no mirara con la misma intensidad a los canarios que sufren pobreza, exclusión, precariedad laboral y emergencia habitacional. Porque en Canarias también hay dolor silencioso. Hay familias que hacen cola para recibir alimentos. Hay niños que crecen en hogares donde falta lo básico. Hay trabajadores pobres, autónomos ahogados, pensionistas que cuentan cada euro y jóvenes que no pueden emanciparse. Esa realidad merece algo más que menciones protocolarias. Merece presencia, escucha y compromiso. La visita del Papa podría ser una oportunidad para lanzar un mensaje potente sobre la dignidad humana, la justicia social y la obligación moral de no abandonar a nadie. Pero para que ese mensaje sea creíble, no puede limitarse a los gestos simbólicos cuidadosamente organizados. Debe mirar también a quienes llevan años esperando respuestas dentro de las propias islas. La pregunta, por tanto, no es si el Papa debe venir a Canarias. La pregunta es si las instituciones están actuando con sensatez, transparencia y coherencia. Si están midiendo bien el coste económico y social de la visita. Si están priorizando la imagen por encima de las necesidades reales. Si están escuchando a una ciudadanía que respeta la fe, pero que también exige responsabilidad. Canarias puede recibir al Papa con respeto, hospitalidad y altura institucional. Pero esa bienvenida no debería impedir una reflexión incómoda: una tierra con estos niveles de pobreza no puede permitirse gestos grandilocuentes sin una explicación clara de costes, beneficios y prioridades. La fe merece respeto. La ciudadanía, también.