La llegada del buque de expedición MV Hondius a las costas de Tenerife ha vuelto a poner sobre la mesa la histórica y tirante relación competencial entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Lo que para los ministerios implicados en Madrid se ha intentado vender como una operación de protocolo ordinaria y coordinada, para el equipo de Fernando Clavijo representa un preocupante ejercicio de unilateralidad que, a ojos de la opinión pública canaria, vuelve a situar a las islas en una posición de vulnerabilidad y desinformación. El barco, que según diversas fuentes del entorno regional habría sido rechazado previamente en puertos de Cabo Verde y Marruecos debido a las incógnitas sobre la situación sanitaria real en su interior, terminó buscando refugio en el archipiélago. La respuesta de Moncloa fue la de acoger la embarcación; una decisión que, según denunció con dureza el propio Clavijo, se tomó sin compartir los informes de salud detallados ni consensuar las medidas de seguridad con las instituciones locales. El vídeo de la discordia y el «fondeo» de conveniencia en Granadilla El malestar del presidente canario quedó registrado de forma patente ante los medios de comunicación en unas declaraciones que reflejan la impotencia de la administración autonómica: «Se nos ha notificado de manera unilateral por el Gobierno de España que el barco va a tener que estar fondeado… lamentamos la falta de diálogo, la falta de entrega de informes y la falta de explicación lógica.» Desde Canarias se plantearon alternativas lógicas para evitar el riesgo en suelo insular, como el uso de vuelos de repatriación directa o el traslado inmediato de los pasajeros españoles en cuarentena hacia hospitales de referencia en la península, como el de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, todas las propuestas fueron sistemáticamente rechazadas por el Ejecutivo de Sánchez. Finalmente, el polémico buque no realizó un fondeo convencional a merced de las corrientes en aguas abiertas, sino que acabó amarrado en el interior del dique del Puerto de Granadilla de Abona. Este movimiento ha sido calificado por sectores locales como un «fondeo fake»: un atraque encubierto en una infraestructura industrial apartada del flujo turístico principal. Para muchos, esto evidencia el temor del Gobierno central a visibilizar un problema sanitario real a las puertas de las principales zonas de motor económico de Tenerife. Desembarco ministerial y contradicciones de agenda La gestión de la crisis a bordo del MV Hondius propició un despliegue político de primer nivel en Tenerife. Ministros clave del Ejecutivo central como Mónica García (Sanidad), Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) acudieron a la isla para supervisar los protocolos. Este desembarco, no obstante, ha encendido el debate político regional. En los mentideros locales la pregunta es inevitable: ¿qué habría ocurrido si el Gobierno de Canarias fuera del mismo signo que el de Madrid? La percepción mayoritaria es que un ejecutivo socialista en las islas habría blindado la posición centralista o, al menos, habría intentado suavizar el evidente riesgo sanitario para no desgastar las siglas del partido. La controversia más agria, sin embargo, ha salpicado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sectores de la oposición y de las propias fuerzas de seguridad han afeado al ministro que prefiriera personarse en Canarias —en unas fechas que casualmente coincidían con las celebraciones del multitudinario festival LGBTIQ+ Maspalomas Pride en Gran Canaria— en lugar de asistir en la península al funeral oficial de los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Huelva. Una coincidencia de agenda que ha servido de munición política para denunciar lo que consideran un orden de prioridades distorsionado por parte de las carteras de Interior y Sanidad. El caso del MV Hondius se cierra, de momento, con más preguntas que respuestas sobre la transparencia real de lo que ocurría en el buque y deja, una vez más, la incómoda sensación en el archipiélago de que las decisiones que afectan directamente al territorio canario se siguen tomando en los despachos de Madrid sin mirar de frente a quienes gestionan el día a día de las islas.