El sindicato denuncia que la Consejería impone la colegiación obligatoria en el Colegio Oficial de Psicólogos para un puesto de carácter docente cuyas funciones no corresponden al ámbito de la psicología clínica y exige que, si mantiene ese requisito, asuma íntegramente su coste.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la forma en que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está implantando la figura de los psicólogos educativos en los centros públicos. A juicio del sindicato, se trata de un proceso precipitado, insuficientemente planificado y carente de una definición clara de sus aspectos esenciales.
CSIF advierte de que, a día de hoy, la propia Administración continúa sin explicar cómo se llevará a cabo la implantación efectiva de esta nueva figura, ni ha evaluado previamente las consecuencias organizativas y jurídicas que puede tener para los profesionales afectados. Para el sindicato, esta falta de información y planificación evidencia que la medida se está impulsando de forma precipitada, más como una actuación de carácter efectista y electoralista de cara a las elecciones autonómicas previstas para el primer trimestre de 2027 que como una estrategia rigurosa de mejora del sistema educativo.
CSIF recuerda que fue la única organización sindical que rechazó el modelo presentado por la Consejería por su falta de concreción, planificación y garantías. El sindicato denuncia que se pretende implantar esta figura sin definir sus funciones, coordinación, dependencia y efectos sobre las plantillas, y considera incoherente exigir la colegiación obligatoria en el Colegio Oficial de Psicólogos a funcionarios docentes que no desarrollarán funciones propias de la psicología clínica.
CSIF denuncia también la falta de coordinación entre las Consejerías de Educación y de Sanidad, una carencia que ya quedó de manifiesto con la implantación del protocolo de prevención del suicidio en los centros educativos. El último informe elaborado por UNICEF y la Consejería de Educación de Canarias evidencia la magnitud de los problemas de salud mental y bienestar emocional que afectan a la infancia y la adolescencia en Canarias y, para CSIF, demuestra que la Administración se equivoca al plantear respuestas parciales desde el ámbito educativo. El sindicato considera que se trata de un problema social y de salud pública que requiere políticas coordinadas entre Sanidad y Educación, con una estrategia integral, recursos suficientes y medidas serias, y no actuaciones aisladas de carácter político y propagandístico.
CSIF advierte de que la implantación de esta figura sin una definición clara de sus funciones y encaje en el sistema educativo puede generar conflictos competenciales, duplicidades, inseguridad jurídica y problemas en la configuración de plantillas y en las listas de empleo.
El sindicato reitera que no se opone a la incorporación de nuevos perfiles que contribuyan a mejorar la atención al alumnado, pero exige que su implantación se lleve a cabo con planificación, seguridad jurídica y una adecuada definición organizativa. Asimismo, advierte de que, si la Consejería mantiene un modelo que genere incertidumbre entre los funcionarios docentes afectados y persiste en imponer requisitos injustificados sin asumir los costes que conllevan, ejercerá cuantas acciones administrativas y judiciales resulten necesarias para la defensa de sus derechos e intereses.
