Dos tragedias ferroviarias en nueve meses: ¿cuántos muertos más necesita España para exigir responsabilidades?
La tragedia de Urda vuelve a poner contra las cuerdas al Ministerio de Transportes. Tras los 46 fallecidos de Adamuz, España asiste a otro desastre ferroviario de enormes proporciones. Óscar Puente debe asumir su responsabilidad política y abandonar el cargo.
Primero, las víctimas. Después, las responsabilidades
Antes de cualquier valoración política, desde estas líneas queremos expresar nuestro más profundo pesar por las personas fallecidas en el terrible accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo.
Nuestro pensamiento está con sus familiares, con quienes hoy esperan noticias de sus seres queridos y con aquellas familias que han recibido la peor llamada de sus vidas. Deseamos también una pronta recuperación a los heridos y reconocemos el trabajo de los profesionales sanitarios, bomberos, cuerpos de seguridad y equipos de emergencia que están interviniendo en unas circunstancias extremadamente difíciles.
Porque detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una historia y una vida que no volverá.
Y precisamente por respeto a las víctimas, creemos que guardar silencio sobre las responsabilidades políticas sería un error.
Nueve meses después, otra tragedia. ¿Qué está pasando con nuestros trenes?
El pasado 18 de enero, España quedó conmocionada por el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, donde perdieron la vida 46 personas.
Hoy, 28 de octubre, apenas nueve meses y diez días después, volvemos a enfrentarnos a una tragedia de dimensiones estremecedoras.
Las informaciones sobre el accidente de Urda hablan ya de decenas de fallecidos, con balances provisionales que en algunos medios alcanzan las 64 víctimas mortales.
Si se confirma esta última cifra, estaríamos hablando de 110 personas fallecidas en dos accidentes ferroviarios en apenas nueve meses y diez días.
Ciento diez vidas.
Ciento diez razones para exigir explicaciones.
¿Es normal que un país que presume de disponer de una de las mejores redes de alta velocidad del mundo sufra dos catástrofes de semejante magnitud en un periodo tan corto?
Por supuesto, dos accidentes no demuestran automáticamente que tengan una misma causa. Sería irresponsable afirmarlo antes de conocer los resultados de las investigaciones.
Pero tampoco podemos aceptar que la respuesta política se limite a lamentar lo sucedido, prometer investigaciones y esperar a que el paso del tiempo termine enterrando las preguntas incómodas.
Los ciudadanos tienen derecho a saber si los sistemas de seguridad funcionan correctamente, si los protocolos se cumplen, si existe una supervisión suficiente y si se han adoptado todas las medidas necesarias después de Adamuz.
Y, sobre todo, tienen derecho a viajar sin preguntarse si llegarán vivos a su destino.
Óscar Puente: la responsabilidad política no puede viajar siempre en otro vagón
El ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a estar en el centro de una crisis ferroviaria de extraordinaria gravedad.
No afirmamos que el ministro haya causado personalmente ninguno de estos accidentes. Determinar las causas corresponde a los investigadores y, cuando proceda, a los tribunales.
Pero una cosa es la responsabilidad penal o técnica y otra, muy distinta, la responsabilidad política.
Un ministro no tiene que conducir un tren, revisar personalmente cada vía ni supervisar cada señal para responder por la gestión del departamento que dirige.
Su obligación es garantizar que las instituciones, los responsables técnicos y los sistemas de supervisión cuenten con los recursos, controles y procedimientos adecuados.
Después de Adamuz, cabía esperar explicaciones convincentes, transparencia y una revisión rigurosa de la seguridad ferroviaria.
Ahora, con otra tragedia sobre la mesa, la pregunta resulta inevitable: ¿qué tiene que ocurrir para que se asuman responsabilidades políticas en España?
Desde nuestra posición editorial consideramos que Óscar Puente debería presentar su dimisión.
No como una condena anticipada por las causas del accidente, que todavía deben esclarecerse, sino como un ejercicio de responsabilidad ante la acumulación de tragedias de semejante magnitud bajo su mandato.
El Ministerio de Transportes necesita recuperar la confianza de los ciudadanos. Y esa confianza exige una dirección capaz de ofrecer respuestas técnicas solventes, escuchar a los profesionales ferroviarios y afrontar los problemas sin convertir cada crítica en una confrontación política.
España necesita al frente de Transportes a alguien que inspire confianza por su capacidad de gestión, conocimiento del sector y rigor en materia de seguridad.
Nadie es imprescindible. Mucho menos cuando lo que está en juego son vidas humanas.
La Policía Nacional y una información que exige explicaciones
A la conmoción por el accidente se añade otra cuestión que merece ser aclarada.
Han surgido informaciones sobre una supuesta prohibición a la Policía Nacional para intervenir en el lugar del siniestro.
Hasta el momento no disponemos de confirmación oficial que permita afirmar que se haya dictado semejante orden.
Lo que sí consta es la movilización de efectivos de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias, dentro del dispositivo organizado para atender la catástrofe.
Conviene recordar que las emergencias de esta magnitud requieren una cadena de mando y una coordinación operativa que eviten interferencias entre los distintos servicios.
Ahora bien, si realmente existió una instrucción expresa para impedir la participación de efectivos de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior debería explicar quién la dictó, por qué motivo y si respondió a criterios de competencia territorial, coordinación o cualquier otra circunstancia.
No se trata de enfrentar a unos cuerpos policiales con otros. Se trata de saber si todos los recursos necesarios estuvieron disponibles y si las decisiones se adoptaron pensando exclusivamente en la eficacia del rescate.
En una tragedia de estas características no debe existir espacio para rivalidades institucionales, decisiones arbitrarias ni disputas políticas.
Las investigaciones no pueden convertirse en una excusa para no responder
A estas alturas, nadie debería estar interesado en buscar culpables antes de conocer los hechos.
Pero tampoco debemos confundir la prudencia con la pasividad.
La investigación de Adamuz sigue abierta más de nueve meses después del accidente, sin que se hayan establecido todavía todas las conclusiones definitivas.
Ahora se suma la investigación de Urda.
Los ciudadanos merecen conocer qué ocurrió, qué mecanismos de seguridad fallaron o no lograron evitar el siniestro, qué decisiones se adoptaron y qué medidas se implantarán para impedir que vuelva a repetirse algo semejante.
Las comisiones, los informes y las comparecencias son necesarios. Pero no pueden ser un refugio permanente frente a las responsabilidades de gestión.
La transparencia debe ser completa, las investigaciones independientes y las conclusiones públicas.
Y si se detectan negligencias, deben exigirse responsabilidades a quienes corresponda, con independencia de su cargo, de la empresa a la que pertenezcan o del partido que gobierne.
Señor Puente, España necesita respuestas, no más excusas
Hoy no es un día para utilizar el sufrimiento de las familias como arma partidista. Tampoco para exigir silencio a quienes legítimamente reclaman responsabilidades.
El dolor y la crítica política pueden convivir. De hecho, en una democracia deben hacerlo.
Óscar Puente tiene derecho a explicar su gestión y a defender las actuaciones de su ministerio. Pero los ciudadanos también tienen derecho a considerar que su etapa al frente de Transportes debe terminar.
Y esta es nuestra posición.
Señor Puente, dimita.
Hágalo por responsabilidad política, por respeto a una sociedad que necesita recuperar la confianza en su sistema ferroviario y porque el cargo de ministro no puede convertirse en un puesto inmune a las consecuencias de las crisis que se producen bajo su gestión.
Después de Adamuz y Urda, España no necesita más enfrentamientos políticos ni declaraciones grandilocuentes.
Necesita seguridad, gestión, explicaciones y responsables que respondan por sus decisiones.
Hoy, por encima de todo, están las víctimas y sus familias.
Y por ellas, precisamente por ellas, las preguntas no pueden quedar sin respuesta.
