Durante las últimas décadas hemos normalizado un uso cada vez más intenso, y en muchos casos abusivo, de los servicios públicos. A veces actuamos como si fueran recursos inagotables, olvidando que su sostenimiento depende de todos. Y cuando se abusa, el sistema acaba por resentirse, no hay administración pública capaz de mantener en pie un modelo que no cuente con la corresponsabilidad ciudadana.
Hemos pasado de cuidar nuestro entorno a desentendernos de él, como si lo que ocurre “de la puerta hacia fuera” no fuera también responsabilidad nuestra. Las aceras, las calles, las redes de saneamiento o el abastecimiento de agua son parte de un patrimonio común que compartimos y financiamos entre todos.
Atrás quedó aquella costumbre de nuestras madres o abuelas, para quienes ya sumamos una edad, de limpiar su tramo de calle o el acceso a su vivienda. Era un gesto sencillo, pero cargado de sentido comunitario. Hoy, en cambio, parece haberse extendido la idea de que todo corresponde a la administración, especialmente a los ayuntamientos, sin reparar en que cada servicio tiene un coste que finalmente recae en toda la ciudadanía.
Lo mismo ocurre con la recogida de residuos sólidos urbanos o la retirada de enseres. Es imposible mejorar estos servicios si una parte de la población no cumple con las normas básicas. No podemos seguir depositando lo que nos estorba donde nos viene en gana ni saturar los contenedores o las calles con vertidos incontrolados. Mantener el sistema cuesta dinero y ningún modelo es sostenible si se abusa de él.
Las redes de saneamiento, por ejemplo, sufren un daño enorme por el vertido de toallitas, a pesar de las campañas constantes que recuerdan que no deben tirarse al inodoro. Y, aunque las administraciones deben asumir sus obligaciones, y así debe seguir siendo, es evidente que ningún esfuerzo institucional será suficiente si no existe una mínima colaboración ciudadana.
Del mismo modo, nuestros espacios libres también forman parte de ese patrimonio común: las zonas ajardinadas, los parques infantiles, las instalaciones deportivas, las áreas de esparcimiento. Todo eso es nuestro, de todos y para todos. Y si no lo cuidamos y lo respetamos, si no lo sentimos como propio, su deterioro será inevitable. No podemos exigir parques limpios si no recogemos lo que tiramos, no podemos pedir jardines cuidados si no evitamos dañarlos, no podemos reclamar mejores instalaciones deportivas si las maltratamos sin pensar en quién vendrá después. Amar lo nuestro es la primera condición para protegerlo.
En definitiva, para que los servicios públicos funcionen y no revienten, necesitamos algo tan simple como corresponsabilidad. Administraciones y ciudadanía debemos remar en la misma dirección. Porque los servicios públicos son un derecho, sí, pero también un compromiso colectivo.
Y si no recuperamos ese compromiso, esa conciencia de lo común, corremos el riesgo de perder aquello que tanto nos ha costado construir. Un servicio público solo es fuerte cuando su gente lo respeta. Y un municipio solo avanza cuando su ciudadanía cuida lo que es de todos.
Juan Jiménez Suárez
Concejal de Vías, Obras e Infraestructuras
Ayuntamiento de Santa María de Guía
