Cuando un Gobierno actúa como si las instituciones fueran de su propiedad, la democracia empieza a estar en peligro.
Lo publicado en el BOE no puede leerse como una simple convocatoria de plazas judiciales. Es mucho más que eso. Es una señal preocupante. Un aviso de hasta dónde está dispuesto a llegar el poder político cuando pretende meter la mano en uno de los pilares básicos del Estado: la Justicia.
La creación de 700 nuevas plazas judiciales, con 125 de ellas previstas por una vía que no pasa por el sistema ordinario de oposición, abre una pregunta inevitable: ¿se está reforzando la Justicia o se está intentando colonizarla?
Porque una cosa es modernizar la Administración de Justicia, agilizar procedimientos o cubrir necesidades reales del sistema. Y otra muy distinta es abrir la puerta a que el Gobierno pueda influir en quién entra en la carrera judicial. Eso no es una reforma menor. Eso afecta directamente a la separación de poderes.
La historia demuestra que los ataques a la democracia rara vez se presentan como ataques. Suelen venir envueltos en palabras amables: “modernización”, “eficiencia”, “adaptación”, “renovación”. Pero detrás de esos términos puede esconderse algo mucho más grave: el control progresivo de las instituciones que deberían vigilar al propio Gobierno.
España ya ha vivido demasiados episodios de politización institucional como para mirar hacia otro lado. El nombramiento de figuras afines en organismos clave, las tensiones con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, y aquella famosa frase de Pedro Sánchez —“¿de quién depende la Fiscalía?”— dejaron una sensación muy difícil de borrar.
Por eso esta medida genera tanta indignación. No porque la ciudadanía rechace que haya más jueces. Al contrario: España necesita una Justicia mejor dotada, más rápida y más eficaz. Lo que resulta inaceptable es que ese refuerzo pueda utilizarse como excusa para introducir criterios de afinidad política en un poder que debe ser independiente.
La Justicia no solo debe ser independiente. También debe parecerlo.
Y cuando un Gobierno abre una vía para colocar jueces sin el filtro exigente, objetivo y garantista de una oposición, la apariencia que deja es demoledora. Parece una maniobra para asegurarse influencia en el futuro. Parece un intento de moldear la Justicia a conveniencia del poder político. Y en democracia, las apariencias también importan.
Un país serio no acepta jueces de partido. Un país serio no permite que el Gobierno trate la Justicia como un botín. Un país serio no juega con la separación de poderes como si fuera plastilina.
Si esta medida prospera sin una explicación clara, sin garantías suficientes y sin un control independiente, estaremos ante algo mucho más grave que una reforma administrativa. Estaremos ante un punto de inflexión. Un paso más hacia un modelo en el que el poder político no se conforma con gobernar, sino que aspira también a controlar los contrapesos que deberían limitarlo.
Y eso no puede normalizarse.
La Justicia no pertenece al Gobierno. No pertenece a Pedro Sánchez, ni a su ministro, ni al partido que ocupe el poder en cada momento. La Justicia pertenece a los ciudadanos. Y precisamente por eso debe estar protegida de cualquier intento de manipulación política.
Lo que está ocurriendo merece una respuesta firme, serena y contundente. No se trata de una cuestión ideológica más. Se trata de defender las reglas básicas de una democracia sana.
Porque cuando el poder político empieza a decidir quién debe vigilar al poder político, el problema ya no es solo jurídico. Es democrático.
Y España no puede permitirse esa deriva.
¡Qué cosas!
