El desalojo del asentamiento instalado en la antigua Casa Leacock, en Santa María de Guía, se llevó a cabo este martes sin desórdenes, sin altercados y sin incidentes destacables. Un dato importante, porque en un asunto socialmente sensible como este conviene contar las cosas completas: hubo tensión, hubo preocupación entre las personas afectadas, pero no hubo una situación de caos ni una actuación marcada por el enfrentamiento.
El inmueble se encuentra en la carretera que une Gáldar con Guía, a la altura de Becerril, en un punto bien conocido por quienes transitan habitualmente entre ambos municipios. Durante años, este edificio terminó convertido en un asentamiento irregular en el que residían varias familias y personas que no contaban con título legal para ocupar la propiedad.
Y aquí conviene hablar claro. El drama habitacional existe. La dificultad para acceder a una vivienda en Gran Canaria es real. Los alquileres están disparados, las opciones para muchas familias son cada vez más escasas y las administraciones llevan demasiado tiempo llegando tarde. Pero una cosa es reconocer ese problema y otra muy distinta presentar cualquier ocupación como si fuera automáticamente una situación de vulnerabilidad incuestionable.
En el caso de la Casa Leacock, no todos los ocupantes respondían al mismo perfil. De hecho, algunos testimonios apuntan a que hubo personas que llegaron a gastar cantidades importantes de dinero, incluso hasta 6.000 euros, para adecentar habitaciones dentro del inmueble. Ese dato obliga a matizar mucho el relato. Quien invierte tal cantidad en acondicionar una estancia dentro de una propiedad ajena no puede ser presentado sin más como alguien completamente desamparado o sin capacidad alguna de actuación.
También se ha dicho que el Ayuntamiento de Santa María de Guía cerró las puertas a estas familias. Esa afirmación merece ser analizada con serenidad. Las administraciones tienen la obligación de atender los casos reales de necesidad, especialmente si hay menores de por medio. Deben activar los servicios sociales, estudiar cada situación y evitar que un desalojo derive en un problema mayor. Pero también hay que recordar algo básico: las personas desalojadas estaban ocupando una propiedad que no les correspondía.
No tenían contrato, no tenían autorización y, según distintas versiones, algunas ni siquiera contaban con una situación administrativa plenamente regularizada. Por tanto, convertir el caso únicamente en una denuncia contra el Ayuntamiento es una lectura incompleta. La administración puede haber llegado tarde, puede haber gestionado mal la situación o puede haber fallado en la prevención, pero eso no transforma una ocupación irregular en un derecho adquirido.
El fondo del problema es precisamente ese: durante años se permitió que la situación se enquistara. Lo que en un primer momento pudo verse como una solución provisional terminó convirtiéndose en un asentamiento estable. Y cuando las situaciones irregulares se cronifican, el desenlace siempre resulta más doloroso, más complejo y más difícil de explicar a la opinión pública.
El desalojo de la Casa Leacock no fue un episodio de desorden público. Fue, más bien, la consecuencia previsible de una ocupación que nunca debió normalizarse. Y también el reflejo de una política de vivienda insuficiente, incapaz de ofrecer respuestas antes de que los problemas lleguen al límite.
Defender el derecho a una vivienda digna no significa justificar la ocupación de propiedades ajenas. Del mismo modo, defender la propiedad privada no debería servir de excusa para ignorar que hay familias y personas atrapadas en una crisis habitacional cada vez más profunda.
Santa María de Guía necesita respuestas serias. Ni propaganda, ni victimismo automático, ni discursos que pretendan esconder la realidad. La Casa Leacock deja una lección clara: las administraciones deben actuar antes, los servicios sociales deben distinguir entre vulnerabilidad real y ocupación consolidada, y la sociedad no puede aceptar que entrar en una propiedad ajena termine convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una vía normalizada para acceder a una vivienda.
El desalojo se ejecutó sin desórdenes. Ahora queda por ver si las instituciones son capaces de hacer algo más difícil: evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.
