Hay instituciones que no se sostienen solo sobre organigramas, despachos y nombramientos publicados en el BOE. Se sostienen, sobre todo, sobre algo mucho más delicado: la confianza. La Guardia Civil es una de ellas. Y cuando esa confianza se resquebraja en la cúspide, no basta con invocar la presunción de inocencia, ni con refugiarse en la comodidad de los comunicados políticos. Hace falta una respuesta institucional a la altura del uniforme.
La imputación —hoy, formalmente, la condición de investigados— de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas, en el llamado caso Leire, coloca a la institución en una situación de enorme gravedad. No porque una investigación judicial equivalga a una condena. No lo es. Conviene repetirlo: nadie debe ser condenado públicamente antes de que hable la Justicia. Pero tampoco puede confundirse la presunción de inocencia con la permanencia automática en el cargo, especialmente cuando lo que está bajo sospecha afecta al corazón mismo de la cadena de mando.
Aquí está la cuestión: no hablamos de un cargo político cualquiera ni de una polémica menor. Hablamos de la dirección de un cuerpo de naturaleza militar, con funciones policiales esenciales, sometido a disciplina, jerarquía, neutralidad institucional y servicio permanente al Estado. Hablamos, además, de una causa que gira en torno a presuntas presiones o maniobras relacionadas con la Unidad Central Operativa, una de las unidades más sensibles y prestigiosas de la Guardia Civil. Por eso el problema no es únicamente jurídico. Es moral, institucional y operativo.
El Gobierno sostiene que abrir investigaciones internas por filtraciones no puede considerarse delito por sí mismo. Ese argumento, en abstracto, es razonable. Toda filtración en una investigación delicada debe investigarse. De hecho, no hacerlo sería una irresponsabilidad. Pero el debate real no está ahí. El debate está en si esas actuaciones se utilizaron, o pudieron utilizarse, como una forma de presión sobre agentes que investigaban asuntos especialmente incómodos para el poder político. Y mientras esa duda esté encima de la mesa judicial, quienes ocupan la cúspide de mando no pueden seguir actuando como si nada hubiese ocurrido.
La Guardia Civil tiene una cultura propia, exigente y severa. No es un departamento administrativo más. Su Código de Conducta no habla del honor como una frase bonita para colocar en una pared. Lo define como “principal divisa”. La integridad, la rectitud, la honradez, la disciplina, la responsabilidad y el ejemplo no son ornamentos retóricos: son obligaciones. Y si esos principios se exigen al guardia destinado en un puesto de pueblo, al agente que patrulla una carretera de madrugada o al cabo que firma un parte disciplinario, deben exigirse con más fuerza aún a quienes dirigen el Cuerpo desde arriba.
Esa es la contradicción que más daño provoca. A cualquier guardia civil se le recuerda que debe evitar comportamientos que comprometan el prestigio del Cuerpo. A cualquier mando se le exige ejemplaridad. A cualquier agente se le puede abrir un expediente por conductas que afecten a la imagen de la institución, incluso antes de que exista una condena penal. Entonces, ¿por qué la vara de medir tendría que relajarse cuando miramos hacia la Dirección General o hacia la Dirección Adjunta Operativa?
No se trata de aplicar una justicia de titulares ni de alimentar una cacería política. Se trata precisamente de lo contrario: de proteger a la Guardia Civil de la batalla partidista. La permanencia de González y Llamas en sus cargos convierte cada decisión interna, cada nombramiento, cada expediente y cada declaración pública en materia contaminada por la sospecha. Aunque finalmente resultaran exonerados, la institución ya estaría pagando un coste innecesario: el de parecer subordinada a la conveniencia política del momento.
Por eso la salida más limpia no tiene por qué ser una dimisión entendida como confesión de culpabilidad. Puede ser un apartamiento temporal, una renuncia preventiva o un cese por razones de higiene institucional. Llámese como se quiera. Lo importante es que la Guardia Civil no quede atrapada en una defensa numantina de sus máximos responsables mientras sus propios principios internos reclaman otra cosa.
La presunción de inocencia protege a las personas frente a una condena anticipada. Pero la responsabilidad política e institucional protege a las instituciones frente al deterioro de su credibilidad. Son planos distintos. Confundirlos es un error interesado. Nadie pide que se nieguen derechos a los investigados. Lo que se exige es que quienes están bajo una investigación de esta naturaleza no sigan mandando sobre el mismo cuerpo cuya actuación aparece en el centro de la controversia.
El honor, en una institución como la Guardia Civil, no consiste en resistir en el cargo hasta que la presión amaine. Consiste en saber cuándo la permanencia personal empieza a perjudicar al conjunto. Consiste en anteponer el prestigio del Cuerpo al interés propio o al interés del Gobierno que nombró a sus responsables. Consiste, en definitiva, en comprender que hay momentos en los que marcharse no es una derrota, sino el último servicio que puede prestarse.
Mercedes González y Manuel Llamas tienen derecho a defenderse. Tienen derecho a explicar su versión ante el juez. Tienen derecho a que no se les condene en una plaza pública. Pero la Guardia Civil también tiene derecho a no ser arrastrada por una crisis que afecta directamente a su imagen, a su independencia operativa y a la confianza de sus propios agentes.
Viendo las ordenanzas, el Código de Conducta y la tradición moral del Instituto Armado, la respuesta es clara: sí, deben cesar o ser apartados mientras se aclaran los hechos. No por venganza. No por ruido político. No porque una imputación equivalga a culpabilidad. Deben hacerlo porque el honor, cuando se toma en serio, obliga más cuanto más alto se está en la escala de mando.
La Guardia Civil ha sobrevivido a gobiernos, crisis, errores y escándalos porque su fuerza no reside en quienes ocupan temporalmente un despacho, sino en miles de hombres y mujeres que cumplen su deber cada día lejos del foco. A ellos se les debe una dirección limpia de sospecha. Y a la ciudadanía, también.
