¿falta De Respeto A La Ciudadanía, Irresponsabilidad Política O Simple Huida Hacia Adelante
¿falta De Respeto A La Ciudadanía, Irresponsabilidad Política O Simple Huida Hacia Adelante
¿Falta de respeto a la ciudadanía, irresponsabilidad política o simple huida hacia adelante?

Hay momentos en los que la política española parece escrita por un guionista empeñado en llevar la ficción hasta el límite de lo verosímil. Y, sin embargo, la realidad insiste en superarla.

El último episodio lo encontramos en el anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre el inicio del procedimiento para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. La orden se publicará en el BOE, se activará la maquinaria administrativa y se representará, una vez más, la apariencia de normalidad institucional. Todo ello en un contexto político en el que el Gobierno no ha logrado aprobar unos nuevos Presupuestos durante la legislatura y en el que su estabilidad parlamentaria parece cada vez más frágil.

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿estamos ante un ejercicio de responsabilidad institucional o ante una nueva maniobra para ganar tiempo?

España atraviesa un bloqueo político evidente. No hay una mayoría sólida, no hay capacidad real para impulsar grandes reformas y la legislatura avanza entre cesiones, tensiones internas, desgaste público y una sensación creciente de provisionalidad. En una democracia madura, cuando un Gobierno no puede gobernar con estabilidad, lo razonable no es fingir fortaleza, sino reconocer la situación y devolver la palabra a los ciudadanos.

Pero el Ejecutivo ha optado por otra vía: mantener el relato de la normalidad aunque la realidad diga lo contrario. Se anuncia una agenda, se proyecta actividad, se habla de futuro y se actúa como si el problema fuera únicamente de comunicación. Sin embargo, el problema no es de relato. Es de legitimidad política, de apoyos parlamentarios y de credibilidad institucional.

El anuncio presupuestario, en este contexto, no puede analizarse como un simple trámite técnico. Tiene una evidente carga política. Sirve para trasladar la imagen de un Gobierno que sigue trabajando, que mantiene el rumbo y que pretende agotar la legislatura. Pero esa imagen choca con una pregunta básica: ¿puede un Ejecutivo presentar seriamente unos Presupuestos si sabe que no cuenta con una mayoría suficiente para aprobarlos?

Cuando un Gobierno anuncia unos Presupuestos sin tener garantizados los apoyos necesarios, corre el riesgo de convertir una herramienta esencial del Estado en una pieza más del teatro político. Y eso no es menor. Los Presupuestos no son propaganda. Son el instrumento que define las prioridades económicas, sociales y estratégicas de un país. Utilizarlos como gesto de supervivencia política sería una falta de respeto a la ciudadanía.

Porque España no necesita más escenificaciones. Necesita claridad.

La ciudadanía no merece vivir instalada en una campaña permanente, ni asistir a una sucesión de anuncios destinados más a ocupar titulares que a resolver problemas. Tampoco merece que se le presente como normal lo que no lo es. Un país no puede avanzar con un Gobierno que aparenta estabilidad mientras depende de equilibrios cada vez más precarios.

A ello se suma el desgaste provocado por las controversias judiciales y políticas que rodean al entorno del Ejecutivo. Pretender que todo esto no afecta a la autoridad moral y política del Gobierno es, sencillamente, negar la evidencia. La confianza pública no se sostiene solo con discursos solemnes ni con comparecencias calculadas. Se sostiene con coherencia, responsabilidad y respeto institucional.

Por eso, cada vez son más las voces que consideran que España necesita elecciones generales. No como un capricho partidista, sino como una salida democrática a una situación de bloqueo. Las urnas no son una amenaza. Son precisamente el mecanismo que permite renovar legitimidades, aclarar mayorías y devolver al país un rumbo político definido.

Pedro Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad para resistir. Nadie puede negarlo. Ha sobrevivido a crisis internas, a derrotas políticas, a cambios de posición que parecían imposibles y a pactos que durante años él mismo había rechazado. Pero resistir no siempre equivale a gobernar. Y permanecer en el poder no siempre significa servir al interés general.

La política no puede reducirse a una estrategia de supervivencia personal. España es mucho más que una legislatura, mucho más que un cálculo parlamentario y mucho más que la ambición de un presidente. Las instituciones no pueden convertirse en decorado de una huida hacia adelante.

Si el anuncio de los Presupuestos de 2026 responde a una voluntad real de gobernar, el Ejecutivo deberá demostrar que cuenta con apoyos suficientes, con un proyecto serio y con capacidad para aprobarlos. Pero si, como muchos sospechan, se trata solo de un gesto cosmético para ganar tiempo y desplazar el foco de otros problemas, entonces estaremos ante una irresponsabilidad política de primer orden.

España no necesita humo. No necesita teatro. No necesita solemnidad vacía. Necesita decisiones, claridad y liderazgo real.

Y cuando un ciclo político se agota, lo responsable no es alargarlo artificialmente. Lo responsable es asumirlo, dar la cara y permitir que sean los ciudadanos quienes decidan.

Porque una democracia se respeta escuchando a la ciudadanía, no entreteniéndola con simulacros.

Y desde Canarias, donde sabemos decir las cosas claras cuando toca, conviene recordarlo sin rodeos: a España se la gobierna con responsabilidad, no con trucos de supervivencia. Se la respeta con hechos, no con anuncios. Y se la defiende dejando hablar al pueblo cuando la política ya no tiene salida clara.

¡Qué cosas!

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La Fiscalía Entre El Fuego Político Y La Ley
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NGC

La Fiscalía entre el fuego político y la ley “cuando el Estado deja de disimular”

La vergonzosa petición de absolución a “Begoña Gómez” por parte de la Fiscalía —rematada con el ya célebre, “sin delito no hay autor”, — ha desatado una tormenta que va mucho más allá del caso concreto. Esa frase, impecable en términos penales, se ha convertido en un símbolo de algo que preocupa a muchos ciudadanos; la sensación de que el Ministerio Fiscal ya no actúa como órgano del Estado, sino como mero “instrumento del poder político sanchista”. Porque una cosa es aplicar la Ley, y otra muy distinta es convertir a ésta en un parapeto político. Y cuando la Fiscalía parece escribir titulares para blindar al Gobierno, la sospecha deja de ser sospecha, por el contrario, se convierte en “alarma democrática”, y desde ya le digo a la “fiscal sanchista” que lo tienen crudo, pues en la lista tiene por de momento (hoy 11 de julio) a 126 imputados pertenecientes todos a “la casa de Ferraz”. ¿Se atreverá a actuar igual que lo está haciendo con Begoña Gómez, ejerciendo del mejor abogado defensor y encima pagado por todos los españoles? El otro titular lo confirma: “La Fiscalía acusa a Peinado de inventarse una confabulación para impedir la salida de España de Begoña Gómez.” ¿Inventarse? ¿Confabulación? ¿Desde cuándo la Fiscalía utiliza el lenguaje de un tertuliano para desacreditar a un juez instructor? ¿Desde cuándo el Ministerio Público abandona la sobriedad institucional para entrar en el terreno de la descalificación personal? Aquí es donde lo jurídico y lo político se cruzan peligrosamente y que parece a todas luces de que, a Pedro Sánchez, esto es algo que se la trae al pairo. “El marco legal; lo que la Constitución exige y lo que la práctica niega” El artículo 124 de la Constitución Española establece que el Ministerio Fiscal debe actuar conforme a los principios de “legalidad e imparcialidad”, promoviendo la acción de la justicia en defensa del interés público. Pero también establece que el “Fiscal general del Estado” será nombrado por el Gobierno. Y es precisamente en este artículo constitucional, donde Pedro Sánchez, ha encontrado “un filón de oro”, para explotar e imponer sus criterios, aunque a todas luces, esa dependencia jerárquica, unida a la estructura piramidal del Ministerio Fiscal, genere una tensión evidente entre la teoría constitucional y la práctica política. La frase “sin delito no hay autor” es jurídicamente correcta. Pero su utilización como mensaje político en un caso de enorme sensibilidad revela, una “alineación institucional”, que debería preocupar a cualquier demócrata. Más aún cuando la Fiscalía no se limita a exponer su posición jurídica, sino que acusa, nada menos que al juez instructor de “inventarse una confabulación”; un lenguaje impropio de un órgano que debe representar la neutralidad del Estado. “La Abogacía del Estado”, por su parte, debería defender los intereses del Estado, no los del Ejecutivo. Sin embargo, en los casos que afectan al Gobierno social comunista de Pedro Sánchez, su actuación parece cada vez más sincronizada con la del Ministerio Fiscal. (¿De quién depende la fiscalía?), y esa sincronización erosiona la separación entre Estado y Gobierno, una separación que es esencial para la salud democrática, pero que el mentado Pedro Sánchez, alumno aventajado de Zapatero y admirador del chavismo más puros y rancio, no quiere o no se ha enterado que, para una España europea y democrática, no cuela, ni con vaselina. “La deriva institucional: cuando el poder deja de disimular” Lo que inquieta no es solo este caso. “Es la trayectoria” en sí misma. Los nombres que se acumulan en la percepción pública —Pumpido, Tezanos, Lola, Ortíz, Peramato, etc, etc, — no son anécdotas aisladas, sino señales de una “degeneración institucional”, en toda regla, que tristemente avanza dio a día y sin pausa. La democracia no se rompe de golpe. Se desgasta. Se contamina. Se llena de gestos que, sumados, revelan una tendencia; la subordinación del Estado al Gobierno. Cuando la Fiscalía, como la actual, actúa como defensa jurídica del Ejecutivo, cuando la Abogacía del Estado actúa como el brazo técnico del sanchismo, cuando los titulares parecen redactados para proteger al poder, el sistema entero se inclina y termina derrumbándose como la torre de Babel. Y lo más peligroso es que el gobierno social comunista actual ya ni siquiera disimula. “La mar risada del Estado” Los marinos, viejos lobos de mar, como este maúro de Telde que suscribe, lo sabemos bien: “la mar risada es traicionera”. Parece calma, parece dócil, parece segura. Pero debajo se mueve una fuerza silenciosa que puede tumbar al barco más sólido. Y este buque que es el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, ya solo lo sustenta, los ex etarras de Bildu, pues todavía les queda, que Marlaska les saque de la cárcel a unos cuantos criminales que les quedan pagando sus crímenes, y los “anti todo” comunistas de Sumar, que cuando se les acabe “el actual chollo” se van a tener que poner “a currar como todo cristo”, y a ver a dónde van a ir esa pandilla de fumados, caducos y trasnochados. Porque los otros dos partidos (vascos y catalanes), ya arriaron los botes salvavidas y se han alejado del barco, para que no los arrastre la corriente que a su alrededor se produce, cuando se éste se esté hundiendo sin remedio. España navega ahora en esa mar engañosa. La superficie parece tranquila: instituciones funcionando, comunicados solemnes, lenguaje jurídico impecable. Pero bajo esa superficie se mueve una corriente profunda, que es la erosión de la independencia institucional. La pregunta ya no es si este caso importa. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que la Fiscalía sea “el ariete político del Gobierno”. Porque cuando eso ocurre, el Estado deja de ser Estado. Y la democracia deja de ser democracia para convertirse en una especie de “chavismo bananero” con piel de cordero manso. El barco aún flota. Pero el agua, compañero, “siempre termina entrando”. Y de un momento a otro escucharemos…. ¡Abandonen el barco! ¡Maricón el ultimo! Y no se preocupen por salvar el “joyero zapatero” o a los