La orden de búsqueda y detención contra Vito Quiles ha reactivado una pregunta que ningún Estado de derecho puede permitirse ignorar: ¿la Justicia española actúa con la misma contundencia con todos los ciudadanos, o solo con aquellos que resultan políticamente incómodos? La duda no es retórica. Es institucional. Y cuando una democracia permite que esa duda se extienda, compromete su propia legitimidad.
El procedimiento contra Quiles, según las informaciones disponibles, se origina en una querella por un presunto delito contra el honor. El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid habría dictado la orden de detención tras dos incomparecencias del investigado. El denunciante, funcionario del Ministerio de Hacienda, niega haber sido asesor de María Jesús Montero y rechaza las afirmaciones que Quiles difundió sobre su supuesto pasado penal.
Desde el punto de vista jurídico, conviene subrayarlo sin ambigüedades que, “una orden de detención por incomparecencia no constituye una condena”, sino una medida procesal prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un instrumento legítimo del juez para garantizar la continuidad del procedimiento. Pero que la medida sea legal no elimina la dimensión institucional del debate. Porque la cuestión de fondo no es si el juzgado puede actuar, sino si el ciudadano percibe que “actúa siempre con la misma energía, sin sesgos, sin selectividad y sin oportunismo político”.
Y ahí es donde emerge el verdadero problema, “en la sospecha de agravio comparativo”.
Mientras ciertos procedimientos que afectan a cargos públicos avanzan con una lentitud que roza la inoperancia, otros se ejecutan con una rapidez que parece diseñada para enviar un mensaje ejemplarizante. Esa asimetría —percibida, denunciada o simplemente intuida— erosiona la credibilidad de las instituciones y alimenta la idea de que la Justicia no es igual para todos, sino para algunos.
La comparación con Carles Puigdemont suele aparecer como argumento recurrente. Pero desde un punto de vista estrictamente jurídico, conviene ser precisos; su orden de detención sigue vigente, y tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han mantenido su situación procesal. La pregunta, por tanto, no es por qué no se actúa contra él, sino “por qué la ejecución de determinadas decisiones judiciales parece depender del contexto político, del territorio o de la conveniencia institucional del momento”.
Una democracia constitucional no puede permitirse esa volatilidad. Quien difame debe responder. Quien malverse debe responder. Quien abuse del poder debe responder. Y todos deben hacerlo “con la misma contundencia”, sin importar su cargo, su influencia o su utilidad para el poder político.
La libertad de expresión no ampara la calumnia. Pero la lucha contra la desinformación tampoco puede convertirse en un mecanismo para disciplinar al discrepante. Ambas afirmaciones son compatibles, y precisamente esa compatibilidad es la que parece ausente en el debate público español.
Si Quiles fue citado y no acudió, deberá explicarlo ante el juez. Si difundió información falsa, deberá responder conforme a las garantías del Estado de derecho. Pero…, “también deberían responder —con idéntica diligencia— quienes han utilizado las instituciones, los recursos públicos o sus posiciones de influencia para beneficio propio”. La Justicia no puede ser selectiva. La Justicia no puede ser reactiva solo cuando el investigado incomoda. La Justicia no puede convertirse en un instrumento de escarmiento.
Porque la Justicia no solo debe ser imparcial y “como la mujer del César debe parecerlo”, como exige la doctrina constitucional y como reclama cualquier sociedad que aspire a la igualdad ante la ley. Y cuando una parte de la ciudadanía percibe que hay investigados perseguidos con lupa y otros protegidos por aforamientos, pactos, indultos, amnistías o recursos eternos, el sistema pierde autoridad moral y se debilita institucionalmente.
El caso Quiles no debería convertir a nadie en mártir ni en culpable anticipado. Debería servir para recordar algo elemental, pues hasta donde yo sé, “la igualdad ante la ley no es un principio decorativo, sino un pilar constitucional que debe aplicarse sin excepciones, sin privilegios y sin acelerones selectivos”.
El problema no es que la Justicia actúe. El problema es que parezca actuar con especial energía “solo cuando el investigado incomoda a determinados sectores del poder.” Y esa sospecha, en una democracia, no es una anécdota; es una amenaza.
Así que … Déjense de machangadas “sanchistas” trasnochadas y vigilen más a su gente y a su casa, que todos los días nos despertamos con una nueva noticia de imputación por supuesta corrupción sanchita; tanto qué, el día que no dicen nada, nos preguntamos… ¿Pero, ¿dónde fue que se les apagó hoy el farol, cristianos? Y es qué… ¡Casos se han dado!
¡Qué casos!
