Cuando España dejó de creer en sí misma
Cuando España Dejó De Creer En Sí Misma
Cuando España Dejó De Creer En Sí Misma

Hubo un tiempo en que España no se limitaba a esperar el futuro: contribuía a construirlo.

El prestigio del país no descansaba únicamente sobre su historia, su cultura o su patrimonio. También se forjaba cada día en los astilleros, las fábricas, el campo, los talleres y los puertos. España producía, exportaba y competía. Confiaba en su capacidad para generar riqueza mediante el trabajo, el conocimiento y el talento propios.

Cada territorio ocupaba un lugar esencial dentro de aquella estructura económica. Barcelona se consolidó como uno de los grandes polos industriales del sur de Europa. Ferrol construía buques destinados a numerosos países. Vizcaya convirtió el acero en el motor de una potente industria. Andalucía hizo de su agricultura, especialmente del aceite de oliva, una referencia internacional. Castilla fue durante décadas sinónimo de cereal y vino. Galicia encontró en el mar una fuente de empleo, riqueza y proyección exterior.

Aquella diversidad no era únicamente geográfica. Constituía una amplia red productiva capaz de generar prosperidad, conocimiento y oportunidades.

También hubo empresas que simbolizaron esa ambición colectiva. Pegaso, Barreiros, Ebro, Derbi, Montesa, SEAT o Talgo representaban a un país que diseñaba, fabricaba y exportaba. Eran la expresión de una economía que aspiraba a competir en los mercados internacionales con productos propios y mayor valor añadido.

Aquel modelo, naturalmente, también tenía limitaciones. España nunca fue ajena a las crisis económicas, las reconversiones industriales o las desigualdades entre territorios. Sin embargo, existía una idea ampliamente compartida: buena parte del progreso dependía de producir más, producir mejor y hacerlo con un mayor componente de innovación.

Hoy, aquella convicción parece haberse debilitado.

La industria ha perdido peso dentro de la economía. El sector primario afronta costes crecientes, incertidumbre regulatoria y márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos. La pesca intenta sobrevivir entre las restricciones, el envejecimiento de sus trabajadores y la falta de relevo generacional. Mientras tanto, miles de jóvenes altamente cualificados continúan buscando en otros países las oportunidades profesionales que no encuentran en España.

A ello se suman el crecimiento de la deuda pública y los sucesivos casos de corrupción, que han contribuido a erosionar la confianza de una parte de la ciudadanía en las instituciones.

Sería injusto atribuir esta situación exclusivamente a las decisiones adoptadas dentro de nuestras fronteras. La globalización, la deslocalización industrial, la revolución tecnológica y el aumento de la competencia internacional han transformado profundamente las economías de prácticamente todos los países desarrollados.

Pero sería todavía más equivocado utilizar esas transformaciones como excusa para eludir una pregunta incómoda: ¿qué modelo económico quiere construir España para las próximas décadas?

Las economías más sólidas no pueden sostenerse únicamente sobre el consumo y los servicios. Necesitan una base productiva capaz de generar innovación, empleo cualificado, inversión y autonomía estratégica. Necesitan empresas que investiguen, industrias que fabriquen, agricultores y ganaderos que mantengan vivo el territorio, pescadores que puedan seguir faenando, ingenieros que desarrollen nuevas tecnologías y emprendedores capaces de abrir mercados.

Porque los países rara vez entran en decadencia de un día para otro.

Comienzan a hacerlo cuando dejan de confiar en sus propias posibilidades. Cuando la ambición colectiva es sustituida por la resignación. Cuando producir deja de ser una prioridad, innovar se convierte en una excepción y el conformismo ocupa el lugar de la confianza.

España continúa contando con talento, empresas competitivas, universidades de prestigio, recursos naturales y una posición estratégica privilegiada entre Europa, África y América. El potencial sigue existiendo.

La cuestión ya no es si España puede volver a crecer con fuerza.

La verdadera pregunta, mucho más incómoda, es otra:

¿En qué momento dejamos de creer que podíamos hacerlo?

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Crisis Migratoria
Opinión Política
Redacción NorteGranCanaria

Pedro Sánchez se niega a declarar la emergencia mientras Ceuta se desborda

Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. En apenas unos días han accedido a la ciudad alrededor de 1.500 personas, una cifra que ha desbordado los recursos asistenciales, los dispositivos de seguridad y la capacidad de acogida de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. El propio presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha definido la situación como una «emergencia humanitaria y social» y ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de una emergencia nacional y la creación de un mando único que coordine la respuesta del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rechazado esa posibilidad. La explicación oficial es jurídica: la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil no contempla las crisis migratorias como supuesto para declarar una emergencia de interés nacional. Según el Ministerio del Interior, esa figura está reservada para catástrofes naturales, accidentes tecnológicos o situaciones similares, por lo que considera que el marco legal actual no permite activar ese mecanismo. Esa es la posición oficial. Pero el debate político y social va mucho más allá de la interpretación de una ley. Cuando una frontera exterior de España y de la Unión Europea registra miles de entradas irregulares en pocos días, los centros de acogida se encuentran completamente saturados y los servicios públicos trabajan al límite de sus posibilidades, resulta legítimo preguntarse si el Estado está respondiendo con la rapidez y contundencia que exige una situación excepcional. Las autoridades ceutíes llevan días alertando de un auténtico colapso operativo. El Gobierno local ha reclamado más medios, la derivación urgente de personas acogidas hacia otros territorios y una implicación mucho mayor del Estado para evitar que la situación siga deteriorándose. Diversos medios locales reflejan además la enorme preocupación existente entre instituciones y ciudadanos por la presión que soporta la ciudad. Es evidente que gestionar una crisis migratoria exige respeto absoluto a la legalidad nacional, europea e internacional y la protección de los derechos humanos. Pero también es cierto que el Estado tiene la obligación de garantizar el control efectivo de sus fronteras, preservar la seguridad ciudadana y asegurar que ninguna ciudad quede desbordada por una situación extraordinaria. Algunos califican lo que ocurre en Ceuta como una «invasión». Ese término tiene una fuerte carga política y jurídica y no forma parte de la terminología utilizada oficialmente por el Gobierno de España. Lo que sí es un hecho objetivo es que la presión migratoria registrada durante los últimos días es extraordinaria, ha superado ampliamente la capacidad de respuesta de la ciudad y ha obligado al presidente ceutí a reclamar una actuación excepcional del Estado. La gran pregunta sigue sin respuesta: si una situación de este calibre no merece una actuación extraordinaria del Estado, ¿qué tendría que ocurrir para que el Gobierno considerase que se han alcanzado los límites de la capacidad ordinaria de respuesta? Mientras Madrid insiste en que el ordenamiento jurídico no permite declarar una emergencia nacional por una crisis migratoria, en Ceuta continúan llegando personas, los recursos siguen tensionados y crece la sensación de que la ciudad afronta prácticamente sola una crisis que afecta a toda España y, por extensión, a toda la Unión Europea. Porque Ceuta no es únicamente una ciudad autónoma. Es una frontera española. Y proteger una frontera española constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado.