Más de 50.000 entradas irregulares, decenas de muertos, una ciudad desbordada y un Ejecutivo que admite que no vio venir la crisis. Ceuta no ha sufrido un simple episodio migratorio: ha padecido una quiebra de la seguridad fronteriza española y europea.

Cuatro días después de que decenas de miles de personas atravesaran la frontera desde Marruecos, Ceuta trata de recuperar una normalidad que todavía parece lejana.

El balance es devastador. El Ministerio del Interior cifra en más de 50.000 las personas que entraron irregularmente en la ciudad autónoma durante las horas más críticas. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero las autoridades todavía no han ofrecido un balance público definitivo sobre cuántas permanecen en territorio español. La cifra oficial de fallecidos se elevaba este domingo a 72, mientras continuaban apareciendo cadáveres en el mar y numerosas familias marroquíes buscaban a personas desaparecidas.

No estamos ante una incidencia fronteriza ni ante una llegada migratoria ordinaria. Cuando más de 50.000 personas penetran en pocas horas en una ciudad española de unos 85.000 habitantes, desbordan los servicios sanitarios, paralizan el comercio, obligan a desplegar al Ejército y llevan al límite a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, el Estado tiene un problema de seguridad nacional.

El drama humano existe y no debe despreciarse. Pero reconocerlo no obliga a cerrar los ojos ante la evidencia: la frontera española quedó rota.

Un Gobierno sorprendido por lo que tenía la obligación de prever

El delegado del Gobierno en Ceuta ha reconocido que el Ejecutivo no disponía de información sobre la magnitud de la entrada que iba a producirse, pese a que durante los días anteriores ya se había detectado un aumento significativo de los intentos de cruce.

Esa admisión es políticamente demoledora.

No se exige al Gobierno que adivine el futuro. Se le exige que disponga de inteligencia, coordinación diplomática, vigilancia fronteriza y capacidad de reacción. Cuando una crisis de semejante magnitud sorprende al Ministerio del Interior, al CNI y a la estructura territorial del Estado, no estamos ante mala suerte: estamos ante un fallo preventivo.

Pedro Sánchez terminó calificando lo sucedido como una vulneración de la integridad territorial. Grande-Marlaska defendió después que el Estado había conseguido revertir la situación en poco tiempo. Ambas afirmaciones pueden contener una parte de verdad, pero no borran lo ocurrido durante las primeras horas.

Recuperar parcialmente el control después de que más de 50.000 personas hayan cruzado no convierte la respuesta en un éxito. Significa que el Estado reaccionó cuando la frontera ya había caído.

Marlaska no puede presentarse como el ministro que solucionó rápidamente una crisis sin explicar primero por qué España no fue capaz de anticiparla.

Marruecos abre y cierra el grifo

La cuestión más delicada continúa siendo el papel desempeñado por Marruecos.

Las entradas masivas se produjeron mientras los controles marroquíes resultaban claramente insuficientes. Cuando Rabat reforzó su presencia policial y militar, la presión disminuyó de manera drástica. Esa secuencia no demuestra por sí sola que Mohamed VI ordenara una operación contra España, pero sí confirma algo preocupante: Marruecos posee capacidad para aumentar o reducir la presión migratoria sobre Ceuta según el nivel de vigilancia que decida aplicar.

Miles de personas llegaron impulsadas por vídeos y mensajes difundidos en redes sociales. Esos contenidos tergiversaban una resolución judicial española y prometían que quienes alcanzaran Ceuta podrían permanecer en España o viajar posteriormente a la Península. Muchos descubrieron demasiado tarde que aquellas promesas eran falsas.

Pero atribuir todo lo sucedido exclusivamente a rumores digitales y traficantes resulta demasiado cómodo.

Para que más de 50.000 personas alcancen casi simultáneamente una frontera internacional no basta con un vídeo viral. Hace falta una ausencia de control extraordinaria, deliberada o negligente, al otro lado de la línea fronteriza.

No está probado que Rabat organizara directamente la operación. Sí existen razones suficientes para exigir una investigación seria sobre su actuación. Incluso Sumar ha solicitado a Naciones Unidas que analice si hubo pasividad o facilitación por parte de las autoridades marroquíes.

El Gobierno español debe dejar de repetir automáticamente que Marruecos es un socio fiable. Un socio fiable no permite que decenas de miles de personas se concentren y crucen una frontera común sin avisar. Y si Marruecos tampoco conocía lo que estaba ocurriendo, entonces su capacidad para controlar su propio territorio resulta igualmente preocupante.

La solidaridad de Ceuta no puede sustituir al Estado

Durante las primeras horas fueron muchos ceutíes quienes dieron comida, agua, ropa y asistencia a las personas que deambulaban por las calles.

Algunos ciudadanos actuaron por solidaridad. Otros lo hicieron porque las administraciones estaban desbordadas y alguien tenía que responder.

Posteriormente circularon imágenes y testimonios de migrantes que denunciaban hambre, precios abusivos, hostilidad o ausencia de ayuda. También aparecieron vídeos con insultos y acusaciones contra España y contra los propios ceutíes. Reuters recogió testimonios de personas que regresaron a Marruecos por agotamiento, falta de alimentos o sensación de inseguridad, aunque algunas acusaciones de malos tratos no habían podido verificarse de manera independiente.

Conviene no manipular esos episodios en ninguna dirección.

No puede presentarse a todos los migrantes como delincuentes, ingratos o enemigos de España. Muchos fueron engañados, arriesgaron su vida y terminaron atrapados en una ciudad sin recursos suficientes para atenderlos.

Pero tampoco debe exigirse a los habitantes de Ceuta que acepten en silencio el colapso de sus calles, servicios y comercios. La solidaridad es voluntaria. La seguridad es una obligación del Estado.

Defender la frontera no es odiar al extranjero. Exigir que se cumpla la ley no es xenofobia. Y reclamar devoluciones con garantías legales no convierte a nadie en extremista.

Melilla también estuvo bajo amenaza

Mientras Ceuta concentraba la atención nacional, Melilla sufrió varios intentos de entrada y tuvo que cerrar temporalmente el paso fronterizo de Beni Enzar. Las fuerzas de seguridad reforzaron el perímetro para evitar que el colapso se reprodujera en la segunda ciudad española del norte de África.

No se registró en Melilla una entrada de la misma magnitud que en Ceuta. Pero el riesgo fue real.

Eso demuestra que el problema no puede resolverse colocando unos cuantos refuerzos provisionales en el Tarajal. España necesita una estrategia permanente para sus dos fronteras terrestres con África: medios tecnológicos, unidades suficientes, vigilancia marítima, inteligencia, cooperación europea y protocolos de intervención inmediata.

Ceuta y Melilla no pueden ser defendidas únicamente cuando las cámaras de televisión muestran el caos.

Ceuta y Melilla son España

Cada crisis fronteriza reactiva las reivindicaciones marroquíes y los mensajes de sectores que aseguran que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos. Incluso circulan discursos extremistas que extienden esas aspiraciones hasta Canarias.

Conviene responder con historia y Derecho, no con histeria.

Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415. Tras la separación de las coronas ibéricas, la ciudad permaneció vinculada a España, y el Tratado de Lisboa de 1668 reconoció formalmente la soberanía española. Melilla quedó incorporada a la Corona en 1497, cuando una expedición dirigida por Pedro de Estopiñán tomó posesión de la plaza.

Ambas ciudades formaban parte del ámbito español siglos antes de que Marruecos alcanzara su independencia en 1956.

Las reclamaciones marroquíes existen, pero carecen de reconocimiento español y no convierten la soberanía en una cuestión pendiente. Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas. Sus habitantes no pueden ser tratados como ciudadanos periféricos cuya seguridad depende de la conveniencia diplomática del momento.

Alvise Pérez: protesta legítima y una línea roja intolerable

La tensión política aumentó el sábado con la llegada a Ceuta del eurodiputado Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta.

Alvise pretendía realizar un acto político en el contexto de la crisis, pero fue rodeado por numerosos manifestantes, protegido por unidades policiales y finalmente evacuado sin poder desarrollar su intervención como estaba prevista. La Policía también tuvo que intervenir en otra concentración vinculada al grupo extremista Núcleo Nacional.

El eurodiputado denunció amenazas e intentos de agresión procedentes de radicales. Las imágenes acreditan un ambiente de enorme hostilidad y la necesidad de protección policial, aunque no permiten afirmar que todos los participantes fueran violentos ni que todos respondieran a una ideología islamista.

La distinción es imprescindible.

Los ceutíes tenían derecho a protestar contra Alvise, a rechazar su discurso y a acusarlo de aprovechar políticamente la crisis. Lo que nadie tiene derecho a hacer es amenazarlo, agredirlo o impedir mediante la fuerza que un representante electo ejerza su actividad política.

Tampoco es aceptable culpar colectivamente a los musulmanes ceutíes por el comportamiento de unos individuos.

Miles de españoles musulmanes viven en Ceuta, trabajan, pagan impuestos y forman parte de la ciudad. Confundirlos con quienes recurren a la amenaza sería falso, injusto y profundamente irresponsable.

Pero el extremo contrario también debe rechazarse. La convivencia no puede utilizarse como excusa para ocultar la existencia de sectores radicalizados o para tolerar que determinados políticos solo puedan entrar en una ciudad española protegidos por antidisturbios.

La libertad política no se somete a autorización religiosa, ideológica ni callejera.

Abascal llega a Ceuta y eleva la presión sobre el Gobierno

Este domingo, Santiago Abascal visitó Ceuta y pidió la militarización permanente de la frontera mientras persista la amenaza. El líder de Vox responsabilizó a Marruecos de promover la entrada masiva y acusó a Pedro Sánchez de mantener una posición de subordinación frente a Rabat.

Abascal tiene pleno derecho a visitar Ceuta, reunirse con sus representantes y presentar su alternativa política. También tiene derecho a utilizar términos duros para describir lo sucedido.

Pero llamar “acto de guerra” a la crisis implica una acusación extremadamente grave que necesita pruebas sólidas. La pasividad marroquí puede ser objeto de sospecha y de investigación. Afirmar que existió una operación bélica coordinada exige demostrarlo.

El planteamiento de Vox conecta, sin embargo, con una preocupación real de una parte importante de la ciudadanía: España no puede delegar de hecho la protección de su frontera en Marruecos.

La presencia del Ejército puede ser necesaria en una emergencia. Otra cuestión es que su despliegue permanente sea la única solución. Militarizar sin reforzar la inteligencia, la diplomacia, la cooperación europea y los procedimientos de devolución solo trasladaría el problema, no lo resolvería.

La visita de Abascal también puso a prueba al Estado. Después de lo ocurrido con Alvise, la obligación de la Delegación del Gobierno era garantizar que pudiera hablar, que sus detractores pudieran protestar pacíficamente y que cualquier intento de agresión fuera neutralizado.

Eso es democracia. Lo contrario sería permitir que la presión de la calle decidiera quién puede entrar en Ceuta y quién debe guardar silencio.

La izquierda habló, pero sigue sin ofrecer una política migratoria creíble

No es exacto afirmar que Podemos, Sumar o Más Madrid hayan permanecido completamente callados.

Sumar ha solicitado una investigación internacional sobre la actuación de Marruecos. Otras formaciones de la izquierda han reclamado vías legales, protección humanitaria y respeto al derecho de asilo. También se han producido críticas a Marlaska desde sectores progresistas.

El problema no es únicamente que hablen poco o tarde. El problema es que muchas de estas organizaciones continúan evitando la pregunta central: ¿cómo debe actuar España cuando decenas de miles de personas cruzan irregularmente una frontera en cuestión de horas?

Reclamar acogida sin establecer límites, presupuestos, plazas disponibles, procedimientos de devolución y consecuencias legales no constituye una política migratoria. Es una declaración moral incompleta.

La inmigración necesita humanidad, pero también reglas. Un país incapaz de controlar quién entra, quién permanece y quién debe regresar no tiene una política migratoria: tiene un vacío.

Sánchez, La Mareta y la política de las apariencias

Pedro Sánchez viajó a Ceuta durante las horas más críticas, pero posteriormente inició su estancia estival en La Mareta, Lanzarote. Paralelamente difundió en las redes sociales una selección de canciones para el verano.

El presidente tiene derecho a descansar. También tiene derecho a disponer de la protección necesaria, como cualquier jefe de Gobierno.

Pero la política no consiste únicamente en tener derecho a hacer algo. También exige comprender el momento.

Mientras Ceuta continuaba bajo vigilancia militar, aumentaba el número de fallecidos, Melilla mantenía reforzada su frontera y numerosas familias buscaban a sus desaparecidos, el presidente proyectaba una imagen de desconexión difícil de justificar.

Una lista musical no agrava una crisis fronteriza. Pero demuestra una falta de sensibilidad comunicativa que ya se ha convertido en una constante del Gobierno: cuando la realidad incomoda, La Moncloa intenta sustituirla por un relato.

Marlaska habla de control recuperado. Sánchez muestra normalidad. Pero los ceutíes han visto su ciudad colapsada, los comerciantes han cerrado sus negocios, las fuerzas de seguridad han trabajado al límite y decenas de personas han muerto en el intento de cruzar.

La normalidad no se decreta desde una residencia oficial.

Óscar Puente y Adamuz: la responsabilidad política no desaparece

En este contexto también resulta inevitable recordar el comportamiento del ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los miembros del Gobierno más activos en las redes sociales y en la confrontación verbal.

Puente no consta como imputado personalmente por el accidente ferroviario de Adamuz. Afirmarlo sin resolución judicial sería falso. La investigación continúa abierta y las víctimas siguen reclamando más medios, respuestas y mejoras en la seguridad ferroviaria.

La precisión jurídica es obligatoria. Pero también lo es la exigencia política.

Un ministro no queda liberado de responsabilidad porque no esté investigado penalmente. Debe responder por el estado de las infraestructuras, la supervisión de Adif, los recursos destinados a la investigación y las medidas adoptadas después de una tragedia.

El problema de Óscar Puente no es que utilice Twitter. Es que con frecuencia parece dedicar más energía al combate partidista que a explicar con claridad los problemas de los ferrocarriles y las carreteras españolas.

El fracaso no puede venderse como victoria

El Gobierno intentará presentar el retorno de la mayoría de los migrantes como una demostración de eficacia.

No lo es.

Eficacia habría sido detectar la concentración de decenas de miles de personas antes de que llegaran a la frontera. Eficacia habría sido obtener información de Marruecos. Eficacia habría sido disponer de un dispositivo preparado y evitar que Ceuta quedara paralizada.

Devolver a miles de personas después de que hayan entrado es necesario, pero no convierte el desastre previo en un éxito.

España necesita saber qué ocurrió, quién falló y qué responsabilidad tuvo Marruecos. Necesita un balance transparente de entradas, retornos, menores, solicitudes de asilo, personas todavía presentes, fallecidos y coste económico del dispositivo.

También necesita una revisión profunda de la seguridad en Ceuta y Melilla.

El Gobierno debe exigir explicaciones formales a Rabat, reforzar permanentemente las fronteras, mejorar los sistemas de inteligencia y abandonar una política exterior basada en no incomodar al vecino del sur.

Al mismo tiempo, la oposición debe evitar convertir el miedo en combustible electoral o señalar colectivamente a los musulmanes españoles.

Ceuta no necesita propaganda gubernamental ni provocadores buscando una fotografía. Necesita seguridad, autoridad, serenidad y respeto.

La conclusión es incómoda, pero evidente: Marruecos volvió a demostrar que puede presionar a España utilizando la frontera, y el Gobierno volvió a demostrar que reacciona cuando los acontecimientos ya lo han desbordado.

Ceuta y Melilla no son piezas negociables ni territorios de segunda categoría. Son España.

Y defenderlas no es extremismo, racismo ni alarmismo. Es la obligación elemental de un Estado que quiera seguir llamándose soberano.