Hay momentos en los que un Gobierno no solo debe gestionar una crisis. También debe transmitir que comprende su dimensión.
Y ahí está uno de los principales problemas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en estos momentos: la distancia entre el discurso de normalidad que proyecta Moncloa y una realidad política, judicial y territorial extraordinariamente complicada.
Ceuta continúa soportando las consecuencias de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. No hablamos de una controversia política menor. El propio Gobierno declaró posteriormente una situación de interés para la Seguridad Nacional debido a la permanencia de un elevado número de migrantes y a que las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad habían quedado superadas.
La Audiencia Nacional, además, ha asumido una investigación relacionada con aquellos acontecimientos ante la posible existencia de un ataque grave contra la integridad territorial española. Esa calificación judicial aconseja abandonar tanto las exageraciones como cualquier intento de minimizar lo sucedido.
Los documentos posteriormente desclasificados tampoco permiten despachar el asunto como una crisis migratoria convencional. Informes del CNI y de la Guardia Civil describieron una respuesta insuficiente por parte de Marruecos y señalaron que no se detectó una actuación proactiva de sus autoridades durante momentos decisivos de la crisis fronteriza.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha ido incluso más lejos al acusar a Marruecos de utilizar en distintas ocasiones la presión migratoria para poner en dificultades la integridad territorial de Ceuta, España y Europa. Es su valoración política, no una sentencia judicial, pero procede del máximo responsable institucional de una ciudad que ha vivido directamente las consecuencias de aquella jornada.
Pedro Sánchez rechaza, sin embargo, llamar «invasores» a quienes cruzaron la frontera. En su entrevista del pasado 9 de septiembre en TVE defendió que se trataba mayoritariamente de personas que buscaban mejores oportunidades y reconoció que el Estado debe mejorar su capacidad de anticipación frente a lo que él mismo calificó como «ataques híbridos». También sostuvo que su Gobierno había estado «al pie del cañón» desde el primer momento.
La discrepancia política es legítima. Lo que resulta mucho más difícil de ignorar son las dimensiones de la crisis y la percepción de abandono expresada desde Ceuta.
Y en ese contexto sorprende especialmente la imagen pública que ofrece el presidente.
Al finalizar aquella misma entrevista, Sánchez reivindicó la cultura, la música y la lectura después de que se le preguntara por las recomendaciones culturales que suele compartir. «Música, siempre. Lectura, siempre», afirmó. No hay absolutamente nada reprochable en que un presidente lea, escuche música o recomiende cultura. El problema es el contraste político entre esas comunicaciones y la situación que atraviesa el país.
Cuando una ciudad española acaba de sufrir la mayor entrada migratoria de su historia reciente, cuando se ha activado el mecanismo de Seguridad Nacional y cuando existen diligencias judiciales sobre lo sucedido, el ciudadano puede legítimamente preguntarse si Moncloa está transmitiendo las prioridades adecuadas.
A ello se añade otro frente especialmente delicado: la Ley de Amnistía.
Este fin de semana se ha conocido la propuesta de sentencia del magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías sobre el recurso relacionado con Jordi Turull. Su ponencia considera jurídicamente razonable la interpretación del Tribunal Supremo que excluye de la amnistía determinados supuestos de malversación porque existió un beneficio personal en forma de ahorro patrimonial.
Conviene precisar algo esencial: todavía no es una sentencia del Constitucional. La ponencia deberá someterse a deliberación y votación y las informaciones disponibles apuntan a que previsiblemente no obtendrá el respaldo de la mayoría progresista del tribunal. Por tanto, hablar hoy de derrota definitiva de la amnistía sería incorrecto. Pero tampoco puede ignorarse que un magistrado del propio Constitucional considera defendible jurídicamente la posición mantenida por el Supremo.
Mientras tanto, el entorno más próximo al presidente continúa marcado por procedimientos judiciales.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, celebró el pasado 8 de septiembre la audiencia preliminar correspondiente al procedimiento que podría llevarla a juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia Provincial había respaldado previamente que esos dos delitos fueran sometidos a juicio, al tiempo que archivó otros inicialmente investigados. Su defensa reclama la absolución y niega cualquier aprovechamiento de su relación matrimonial con el presidente. Gómez conserva plenamente su presunción de inocencia.
La situación judicial de David Sánchez, hermano del presidente, está todavía más avanzada. Su juicio por la contratación en la Diputación de Badajoz quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio. Fue juzgado por presuntos delitos vinculados a prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía y su defensa solicitaron la absolución, mientras determinadas acusaciones populares pidieron condenas. También en este caso debe mantenerse íntegramente la presunción de inocencia hasta que exista sentencia.
Y la presión judicial ya no termina en el círculo familiar.
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró esta misma semana como investigada ante la Audiencia Nacional en el denominado caso Leire Díez. El juez investiga una supuesta trama destinada a obtener información o desarrollar actuaciones contra investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE. Fuentes negó conocer a Leire Díez y atribuyó al entonces secretario de Organización Santos Cerdán la decisión sobre determinados contratos investigados. Estamos nuevamente ante una investigación abierta, no ante hechos penalmente probados.
El presidente sostiene que no existe financiación irregular del PSOE y asegura que el partido ha entregado documentación y cuentas para demostrarlo. Esa es su posición y también debe reflejarse.
Pero la cuestión política trasciende ya la culpabilidad o inocencia penal de cada persona.
Un presidente puede defender a su Gobierno, a su partido y a su familia. Tiene derecho a hacerlo. También puede discrepar de jueces, tribunales y oposición dentro de los límites institucionales.
Lo que no puede exigir es que los ciudadanos contemplen todos estos acontecimientos como si fueran episodios inconexos y sin importancia.
Ceuta sigue intentando recuperar la normalidad. Marruecos continúa siendo una cuestión estratégica de primer orden para España. Melilla observa inevitablemente cuanto ocurre al otro lado de su frontera. Canarias tiene razones evidentes para seguir con atención cualquier modificación del equilibrio geopolítico entre España, Marruecos y el Sáhara Occidental.
Y simultáneamente avanzan procedimientos judiciales que afectan a la esposa del presidente, a su hermano, a antiguos responsables del PSOE y ahora también a estructuras internas del propio partido.
No hace falta insultar a Pedro Sánchez ni especular sobre su salud mental para formular una crítica política severa.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Es consciente el presidente de la gravedad acumulada de todo lo que está ocurriendo, o Moncloa se ha acostumbrado tanto a vivir permanentemente en crisis que ha terminado considerando excepcional únicamente aquello que amenaza directamente su continuidad?
España necesita respuestas sobre Ceuta, sobre la actuación de Marruecos, sobre las alertas previas, sobre los fallos de coordinación y sobre las responsabilidades políticas que puedan derivarse.
La música y los libros pueden esperar.
Ceuta, no.
