La Palma, Valencia, Ceuta y Melilla han vivido situaciones muy diferentes, pero todas dejan una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿responde el Estado con la misma rapidez cuando quien gobierna el territorio afectado pertenece a otro color político?

Hay preguntas que resultan incómodas precisamente porque no tienen una respuesta sencilla.

La política española lleva demasiado tiempo instalada en una dinámica en la que cualquier desgracia termina convirtiéndose en un campo de batalla entre administraciones. Un volcán, una riada, una crisis migratoria o la presión sobre una frontera deberían borrar durante unas horas los colores políticos. Sin embargo, demasiadas veces ocurre exactamente lo contrario.

La Palma. Valencia. Ceuta. También Melilla.

Situaciones completamente diferentes, que no pueden meterse alegremente en el mismo saco, pero que comparten algo: ciudadanos reclamando soluciones mientras los responsables políticos discuten sobre competencias, financiación, errores ajenos y responsabilidades.

Y surge entonces una pregunta inevitable.

¿Estamos ante simples casualidades o existe una forma de gobernar en la que el color político de la administración afectada termina influyendo, aunque sea indirectamente, en la velocidad y en la intensidad de la respuesta?

No existe, a día de hoy, ninguna prueba seria que permita afirmar que el Gobierno de España haya decidido castigar deliberadamente a territorios gobernados por el Partido Popular. Decirlo como un hecho sería irresponsable.

Pero tampoco debería despacharse cualquier duda como una teoría partidista cuando existen retrasos, enfrentamientos públicos y promesas que tardan años en materializarse.

La Palma: cuatro años después, la reconstrucción continúa

El volcán de Tajogaite comenzó a cambiar la vida de miles de palmeros en septiembre de 2021.

Casas sepultadas, explotaciones agrícolas destruidas, carreteras desaparecidas, negocios paralizados y familias que, de un día para otro, vieron desaparecer bajo la lava buena parte del esfuerzo de toda una vida.

En aquellos momentos presidía el Cabildo de La Palma Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular. Conviene precisar algo importante: el gobierno insular no era exclusivamente popular. PP y PSOE compartían responsabilidades en la Corporación.

Por tanto, utilizar La Palma como demostración de un supuesto castigo exclusivamente dirigido al PP sería simplificar demasiado la realidad.

Lo que sí resulta difícil de explicar es que, años después de finalizar la erupción, la reconstrucción continúe arrastrando problemas pendientes.

El Estado asegura haber destinado más de 1.100 millones de euros a La Palma. Es una cantidad importante y sería falso afirmar que Madrid no ha aportado recursos.

Pero dinero comprometido y reconstrucción terminada no son exactamente lo mismo.

En julio de 2026 el propio Gobierno de España todavía hablaba de buscar la “fórmula adecuada” para abonar recursos pendientes destinados a culminar actuaciones vinculadas a la reconstrucción y al sector primario.

Cinco años después del comienzo de la tragedia, cualquier cantidad importante que continúe pendiente merece una explicación.

Porque para una familia que perdió una finca, una vivienda o su medio de vida, la burocracia administrativa no es una explicación suficiente.

La emergencia terminó hace tiempo.

Las consecuencias, no.

Valencia: una tragedia convertida en guerra política

El 29 de octubre de 2024, la DANA dejó una devastación extraordinaria en Valencia y más de 230 víctimas mortales.

La Generalitat estaba gobernada por el Partido Popular y presidida por Carlos Mazón.

Aquí tampoco sirven los relatos simples.

La investigación judicial abierta después de la tragedia ha puesto el foco en errores y decisiones adoptadas dentro de la propia Generalitat, especialmente en la gestión de la emergencia y en el envío de las alertas a la población.

Por tanto, responsabilizar exclusivamente al Gobierno central de lo sucedido sería ignorar una parte esencial de los hechos.

Pero una cosa es determinar quién gestionó correctamente o incorrectamente las horas críticas de la emergencia y otra muy distinta reconstruir una provincia devastada.

Y ahí comenzó nuevamente la batalla.

Gobierno central y Generalitat discutieron sobre cifras, financiación, responsabilidades y velocidad de ejecución mientras miles de afectados intentaban recuperar viviendas, negocios, vehículos y una normalidad que había desaparecido en unas horas.

El Gobierno de España sostiene que ha movilizado 16.600 millones de euros y que, a finales de julio de 2026, había empleado aproximadamente 9.700 millones.

Son cifras que impiden hablar seriamente de ausencia de ayuda estatal.

Pero tampoco las cifras pueden utilizarse como un muro para impedir cualquier crítica.

La pregunta que debería hacerse un ciudadano no es únicamente cuánto dinero aparece presupuestado o contabilizado.

La pregunta es cuánto ha llegado realmente donde debía llegar, cuánto queda pendiente y cuánto tiempo ha tardado.

Porque una Administración puede presentar miles de millones en una rueda de prensa y, al mismo tiempo, existir familias esperando una solución concreta.

Ambas cosas pueden ser ciertas.

Ceuta: cuando el problema era competencia directa del Estado

Y llegamos a Ceuta.

Probablemente el caso que plantea las preguntas más difíciles.

Ceuta está presidida por Juan Jesús Vivas, del Partido Popular.

A finales de julio de 2026, la ciudad sufrió una entrada masiva de Inmigrantes Ilegales procedentes de Marruecos que sometió a una presión extraordinaria la frontera, los servicios públicos, la acogida de menores y la propia convivencia de una ciudad de apenas 19 kilómetros cuadrados.

Aquí existe una diferencia fundamental respecto a otras emergencias.

El control fronterizo, la inmigración, las relaciones internacionales y buena parte de la seguridad son competencias del Estado.

No del Ayuntamiento.

No del Gobierno de Ceuta.

Del Estado.

Durante semanas escuchamos declaraciones contradictorias, reproches políticos y discusiones sobre informes de inteligencia, responsabilidades y coordinación.

Mientras tanto, Ceuta soportaba el problema sobre el terreno.

El Gobierno terminó declarando el 25 de agosto la situación de interés para la Seguridad Nacional y estableció una coordinación reforzada de los recursos estatales.

Un mes después de los acontecimientos iniciales.

Y el 1 de septiembre aprobó finalmente un plan de choque que moviliza 309 millones de euros para seguridad, acogida humanitaria, servicios esenciales, empresas y trabajadores.

La ayuda existe.

Es importante decirlo.

Pero también resulta legítimo preguntar por qué determinadas decisiones extraordinarias llegaron semanas después de producirse una situación extraordinaria.

La rapidez también forma parte de una buena gestión.

Cuando una frontera nacional está sometida a una presión excepcional, el ciudadano espera que el Estado llegue antes que la polémica política.

No después.

Y al otro lado está Melilla

Melilla observa inevitablemente lo ocurrido en Ceuta con preocupación.

También está gobernada por el Partido Popular, con Juan José Imbroda al frente.

Su Gobierno ha venido reclamando recursos al Estado por los costes derivados de la atención a menores extranjeros no acompañados y llegó a cifrar en 120 millones de euros el déficit acumulado durante casi veinte años.

Aquí nuevamente hay que ser rigurosos.

Esos veinte años incluyen gobiernos nacionales tanto del PSOE como del Partido Popular.

Por tanto, tampoco puede utilizarse esa deuda acumulada como demostración de una política exclusiva del actual Ejecutivo.

Pero demuestra algo quizá más preocupante: España continúa sin resolver estructuralmente problemas que conocemos desde hace décadas.

Ceuta y Melilla no pueden convertirse únicamente en prioridad nacional cuando aparece una crisis en televisión.

Son frontera española y europea todos los días del año.

El verdadero problema quizá no sea el dinero

Cuando se observan conjuntamente La Palma, Valencia o Ceuta resulta tentador establecer una relación directa: territorios con presencia del PP frente a un Gobierno central socialista.

Pero esa conclusión no puede demostrarse con los datos disponibles.

Y precisamente por eso sería un error convertir una sospecha en una certeza.

Sin embargo, existe otra conclusión mucho más difícil de negar.

España tiene un serio problema de cooperación institucional.

Cuando gobiernan partidos diferentes, una emergencia demasiado pronto deja de ser únicamente una emergencia para convertirse en una disputa sobre quién tiene la culpa.

El Gobierno central exhibe las cantidades aportadas.

Las comunidades denuncian retrasos.

Los ministerios hablan de competencias autonómicas.

Los gobiernos autonómicos reclaman al Estado.

Y en medio queda siempre la misma persona: el ciudadano.

El palmero que perdió su casa.

El valenciano que vio desaparecer su negocio.

El ceutí que quiere recuperar la normalidad de su ciudad.

Ellos no preguntan qué administración tiene la competencia escrita en un artículo determinado.

Quieren soluciones.

Entonces, ¿casualidad o realidad?

Quizá la cuestión no sea demostrar que existe una orden política para abandonar territorios gobernados por adversarios.

No tenemos pruebas para sostener semejante afirmación.

La pregunta realmente incómoda es otra.

¿Por qué nuestro sistema político permite que, una y otra vez, surja esa percepción?

¿Por qué después de una catástrofe aparecen promesas pendientes años más tarde?

¿Por qué ante una emergencia nacional se necesitan semanas para adoptar determinadas decisiones extraordinarias?

¿Por qué cada tragedia termina produciendo una batalla entre gobiernos?

Y, sobre todo, ¿responderían exactamente igual todas las administraciones si quienes gobernasen a ambos lados pertenecieran al mismo partido?

Esa pregunta no tiene una respuesta demostrable.

Pero merece ser formulada.

Porque la solidaridad del Estado no puede depender del color de una papeleta, pero tampoco puede dar siquiera la impresión de que depende de ella.

La Palma no puede desaparecer de la agenda cuando se apagan las cámaras.

Valencia no puede convertirse únicamente en munición parlamentaria.

Ceuta no puede sentirse sola cuando está defendiendo una de las fronteras más sensibles de España y de Europa.

Y Melilla no debería necesitar otra crisis para recordar al resto del país dónde está.

Gobierne quien gobierne.

Porque cuando ocurre una desgracia, el ciudadano no es socialista, popular, nacionalista ni conservador.

Es simplemente un ciudadano que necesita que su Estado funcione.

Y debería poder exigirlo sin preguntarse antes quién gobierna su ayuntamiento, su cabildo o su comunidad autónoma.