La noticia de la semilibertad concedida a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias «Txeroki», ha caído como un jarro de agua helada sobre una parte considerable de la sociedad española. Me incluyo en esa sociedad civil que jamás olvidará los años más oscuros del terrorismo de ETA. Para quienes perdieron a un padre, a un hijo, a una pareja o a un compañero, esta decisión —avalada por el actual Gobierno en lo que parece un intercambio de beneficios por aritmética parlamentaria— resulta a todas luces inaceptable.

No debemos llamarnos a engaño: esto no es un mero trámite administrativo ni una consecuencia rutinaria del sistema penitenciario, por más que intenten disfrazarlo de normalidad legal. Es una concesión política ante sus socios de Bildu, de la misma forma que se cede ante el prófugo Puigdemont y el resto del independentismo. Es una herida que vuelve a abrirse; un recordatorio brutal de que la memoria de los inocentes parece pesar menos que la estabilidad de los despachos en la Moncloa.

Si alguien dudaba de que se pudieran traspasar las líneas rojas de la decencia y el sentido común, hoy se han disipado todas las dudas. Es legítimo preguntarse: ¿Quién está valorando realmente el dolor de estas familias? A tenor de la reacción institucional, la respuesta es desoladora: nadie con la suficiente convicción ética ni el respeto debido a las víctimas y a los españoles de recto proceder.

La instrumentalización del dolor

Durante décadas, las víctimas del terrorismo han sido ensalzadas como símbolos de unidad y dignidad democrática. Se les ha homenajeado en discursos solemnes, pero esa solemnidad se desvanece de forma vergonzante cuando las decisiones afectan directamente a los responsables de los crímenes. El dolor de las víctimas no puede ser un elemento ornamental que se exhibe por conveniencia y se guarda en un cajón cuando estorba a los pactos de legislatura.

Las familias no exigen venganza; exigen respeto y coherencia. No se les puede obligar a revivir la humillación de que su sufrimiento sea secundario frente a la necesidad de sumar apoyos parlamentarios. Cada vez que un terrorista accede a beneficios sin un arrepentimiento genuino ni colaboración con la justicia, el mensaje que se envía es devastador: el dolor no es negociable, pero la justicia parece serlo.

Una crisis de integridad moral

¿Puede un gobierno democrático justificar tales decisiones por un puñado de votos manchados de sangre, incluso la de miembros de su propio partido? En democracia, los pactos son legítimos, pero cuestionar su alcance ético es una obligación ciudadana. Cuando una decisión coincide con los intereses de formaciones vinculadas al entorno de ETA, la sospecha es inevitable: ¿Se está sacrificando la dignidad de las víctimas en el altar de la aritmética parlamentaria?

La democracia no se mide solo por la legalidad de sus actos, sino por la integridad moral de quienes los ejecutan. Cuando la ciudadanía percibe que la justicia se convierte en moneda de cambio, la confianza en las instituciones se quiebra. No se trata de negar la reinserción, sino de exigir que no se use como coartada. La justicia no puede ser moldeable según las necesidades de un gobierno que busca estabilidad a cualquier precio. Si un país transmite la idea de que todo es negociable, incluso la memoria de los asesinados, pierde su columna vertebral ética.

Un llamamiento a la responsabilidad histórica

La justicia no puede ser un susurro que se apaga cuando la política sube el volumen. Un país que no honra a sus víctimas con hechos —y no solo con palabras vacías— erosiona su propia dignidad colectiva.

Para finalizar, planteo preguntas que no son retóricas, sino urgentes y necesarias. Las hago desde la libertad de quienes no sentimos miedo, en nombre de los que ya no pueden hablar porque asesinos como este les arrebataron la vida con un tiro en la nuca o una bomba.

• ¿Cuánto tiempo más se va a instrumentalizar la voluntad del pueblo español en beneficio propio?

• ¿Existe la valentía necesaria para mirar a los ojos a las víctimas y sostener esta traición?

Posiblemente, la historia señale este periodo como uno de los más oscuros en la gestión de nuestra dignidad nacional. Pero si la justicia de los hombres se muestra incapaz o cómplice, queda la certeza de que el juicio de la historia, y para quienes creen, el de Dios, será ineludible. De eso no quepa la menor duda.