Juan Jiménez, Concejal De Obras E Infraestructuras Del Ayuntamiento De Guía(1).jpg
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Menos espectáculo político y más sensatez

Con el paso de los años he llegado a una conclusión que cada día tengo más clara: el populismo puede ser la ruina de cualquier proyecto,  ya sea de carácter  social,  político o empresarial.

En una empresa es fácil entender los problemas que generan las falsas promesas. Si un director ofrece a sus trabajadores mejoras extraordinarias,  que sabe que no podrá asumir, o a sus clientes servicios imposibles de prestar, durante un tiempo recibirá aplausos, un sinfín de elogios, será el centro de atención y de todas las miradas. Sin embargo, cuando llegue  el momento de cumplir y la realidad económica se imponga, aparecerán la decepción, la pérdida de confianza y, en muchas ocasiones, el fracaso del proyecto. Una empresa no se sostiene sobre promesas; se sostiene sobre una gestión responsable.

En la política ocurre exactamente lo mismo. Prometer es relativamente sencillo. Gestionar es otra cosa muy distinta. Quien ha tenido responsabilidades públicas sabe que detrás de cada decisión existen leyes, informes técnicos, presupuestos, prioridades y procedimientos administrativos que no siempre permiten hacer todo aquello que nos gustaría.

La política necesita menos espectáculo y más gestión; menos promesas imposibles y más compromisos cumplidos; menos populismo y más responsabilidad. Porque gobernar no consiste en decir siempre lo que la ciudadanía quiere escuchar, sino en tener la honestidad de explicar lo que realmente se puede hacer y el compromiso de trabajar cada día para conseguirlo.

Por eso creo que, en una comunidad madura, las promesas por sí solas ya no son suficientes. La ciudadanía merece algo más que discursos bonitos o soluciones milagrosas. Merece dirigentes que hablen con sinceridad, que expliquen la realidad tal y como es y que no generen expectativas que después no podrán cumplir.

La historia reciente nos ha demostrado que algunos proyectos políticos han crecido al calor del descontento y del populismo, despertando grandes esperanzas con propuestas aparentemente sencillas para problemas muy complejos. Sin embargo, cuando llega el momento de gobernar, la realidad impone sus límites y la gestión exige mucho más que buenas intenciones. Es entonces cuando las expectativas no cumplidas pueden convertirse en frustración.

También en el ámbito local empiezo a observar esa tendencia. Hay quienes recorren nuestros barrios ofreciendo soluciones inmediatas para todo, como si gobernar consistiera únicamente en querer hacerlo. Pero la realidad es bien distinta. Gobernar exige conocimiento, responsabilidad, capacidad de diálogo y, sobre todo, respeto por la verdad. No siempre se puede hacer todo lo que uno desea, ni todo lo que otros reclaman, porque administrar recursos públicos implica tomar decisiones difíciles y establecer prioridades.

No escribo estas líneas para señalar a nadie. Al contrario, las comparto como una reflexión que también me hago a mí mismo. Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos ser los primeros en actuar con prudencia, evitando prometer aquello que no depende de nosotros o que sabemos que difícilmente podrá hacerse realidad. La credibilidad de un político no se mide por la cantidad de promesas que hace, sino por la coherencia entre su palabra y sus hechos.

Estoy convencido de que nuestros vecinos y vecinas tienen criterio, experiencia y sentido común. La sociedad ha madurado y cada vez distingue mejor entre quien ofrece soluciones fáciles y quien trabaja, muchas veces de forma silenciosa, para resolver los problemas reales. La confianza ya no se gana con grandes discursos; se gana con transparencia, con trabajo diario, con cercanía y con resultados.

Al final, el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar. Las promesas pueden conquistar titulares e incluso ganar elecciones, pero solo la gestión responsable, la palabra cumplida y el servicio público son capaces de mantener la confianza de la ciudadanía. Y esa confianza, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que de conseguir.

Juan Jiménez Suárez

Concejal de Vías, Obras e Infraestructuras,

Limpieza Viaria, Parques y Jardines

Ayuntamiento de Santa María de Guía

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El desalojo de la antigua Casa de Mr. Leacock está previsto a partir de las 12:00 horas en Santa María de Guía

El lanzamiento judicial afecta al asentamiento existente en la histórica finca de Becerril, en un contexto marcado por la presión habitacional que atraviesa Canarias Santa María de Guía afronta este martes el desalojo de la antigua Casa de Mr. Leacock, previsto a partir de las 12:00 horas, salvo suspensión, aplazamiento o acuerdo de última hora. La actuación judicial afecta al asentamiento existente en el entorno de la antigua finca y fábrica vinculada a Mr. Leacock, situada en la zona de Becerril, junto a la carretera que conecta Guía con Gáldar. El lanzamiento se produce en un espacio que lleva años ocupado de manera irregular y que ha ido acumulando una compleja realidad social, administrativa y patrimonial. En el lugar residen familias y personas en distintas circunstancias, incluidas situaciones que deberán ser valoradas por los servicios sociales competentes conforme a los protocolos establecidos. El Ayuntamiento de Santa María de Guía ya había advertido de que la dimensión del caso excede el ámbito exclusivamente municipal y solicitó la intervención de la Delegación del Gobierno en Canarias, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. La petición municipal se centraba en coordinar medidas de seguridad, atención social, protección de menores, salud pública y posibles recursos de acogida temporal para los casos que legalmente correspondan. En las imágenes remitidas a esta redacción durante la mañana se observa presencia policial en el entorno de la finca, en una jornada marcada por la ejecución prevista del procedimiento judicial. La hora señalada, a partir de las 12:00, sitúa el operativo en una fase decisiva y obliga a las administraciones implicadas a actuar dentro de sus competencias. La cifra de personas afectadas ha variado según las fuentes. El Ayuntamiento llegó a hablar de aproximadamente 200 residentes en el inmueble, mientras que otras informaciones periodísticas han señalado un número inferior de personas empadronadas en la antigua finca. En cualquier caso, el procedimiento no afecta a una vivienda aislada, sino a un asentamiento consolidado durante años en un enclave de titularidad privada. El desalojo ha sido promovido por la propiedad del inmueble en el marco del procedimiento judicial correspondiente. La ejecución del lanzamiento responde, por tanto, a una resolución que busca recuperar la posesión de una propiedad privada ocupada, aunque su desarrollo práctico obliga también a activar respuestas sociales e institucionales cuando existan menores, personas enfermas o situaciones acreditadas de vulnerabilidad. Un enclave con peso en la memoria agrícola del Norte La antigua Casa de Mr. Leacock no es un edificio cualquiera dentro de la historia reciente de Santa María de Guía. Su nombre está vinculado a la presencia de la familia Leacock en el desarrollo agrícola del Norte de Gran Canaria, especialmente en torno al agua, la caña de azúcar y el posterior auge del plátano. Diversas referencias históricas sitúan a la familia Leacock entre los nombres relevantes de la agricultura de exportación en la comarca norte. En 1909, John Milberne Leacock adquirió la fábrica de azúcar de Guía, vinculada a la firma Lathbury y Compañía, una operación que forma parte de la huella empresarial británica en la zona. Con el paso de las décadas, aquel espacio asociado a la actividad agrícola fue perdiendo uso y acabó deteriorándose. La finca, que forma parte de la memoria económica y agraria del municipio, quedó progresivamente abandonada y fue ocupada por distintas personas hasta convertirse en el asentamiento irregular que hoy afronta su desalojo. Una actuación judicial en plena crisis habitacional El caso de la Casa de Mr. Leacock no puede analizarse al margen del contexto general que vive Canarias. El Archipiélago atraviesa una fuerte presión habitacional, con dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna y asequible, especialmente entre rentas bajas, jóvenes, familias trabajadoras y personas en situación de vulnerabilidad. Por eso, el debate no debe limitarse únicamente a este inmueble ni presentarse como un caso aislado. En Canarias hay muchas personas y familias con necesidades severas de vivienda, algunas sin acceso estable a un techo, otras atrapadas en alquileres inasumibles y muchas pendientes de recursos públicos insuficientes. La ejecución judicial sobre la antigua Casa de Mr. Leacock plantea así una cuestión más amplia: cómo actuar ante ocupaciones consolidadas en el tiempo sin convertirlas en una solución habitacional de hecho, pero también sin ignorar las obligaciones públicas de asistencia cuando existan situaciones acreditadas de vulnerabilidad. El equilibrio es complejo. La propiedad privada cuenta con protección legal y los procedimientos judiciales deben cumplirse. Al mismo tiempo, las administraciones deben aplicar los mecanismos previstos para evitar situaciones de desprotección, especialmente cuando haya menores o personas que requieran atención específica. Esa respuesta, en todo caso, debe insertarse dentro de una política más amplia, justa y ordenada, que no deje fuera a tantas familias canarias que también atraviesan graves dificultades. A partir de las 12:00 horas, Santa María de Guía queda pendiente de una actuación que tendrá consecuencias judiciales, sociales y patrimoniales. La antigua Casa de Mr. Leacock vuelve al primer plano no solo por el desalojo, sino por lo que representa: un enclave histórico deteriorado, una ocupación prolongada, una propiedad que reclama su recuperación y una crisis de vivienda que afecta a todo el Archipiélago. El desalojo de este martes puede cerrar una etapa en la antigua finca de Becerril, pero no resuelve el problema de fondo. Canarias sigue necesitando respuestas estructurales ante la emergencia habitacional, con criterios claros, recursos suficientes y una atención equilibrada para todas las personas que se encuentran en situación de necesidad.