Hace unos días, el 28 de febrero, se cumplieron 57 años de la famosa «Operación Golondrina». Si no te suena el nombre, fue el dispositivo con el que España terminó de recoger sus bártulos en el Sáhara Español. Fue el punto final a casi un siglo de presencia allí, pero más allá del dato frío del calendario, esto sigue siendo una herida abierta en nuestra memoria y, sobre todo, en nuestra conciencia política.

La verdad es que aquello fue un proceso atropellado. Entre la presión internacional y la Marcha Verde que organizó Hasán II en el 75 —justo cuando España lidiaba con la agonía de Franco—, la situación se volvió insostenible. Mientras miles de civiles marroquíes cruzaban la frontera en una jugada maestra de Rabat, España firmaba los Acuerdos de Madrid. Hay que decirlo claro: fue una cesión vergonzosa y humillante donde le entregamos la administración del territorio a Marruecos y Mauritania.

Aunque la salida real tardó unos meses más, ese 28 de febrero se arrió la bandera en El Aaiún y nuestras tropas se retiraron del todo. La Operación Golondrina nos dejó imágenes de barcos zarpando, bases desmanteladas y familias enteras volviendo a la península o a Canarias. ¿Y el pueblo saharaui? Abandonado a su suerte, así de crudo.

Una renuncia que aún pagamos

Si lo miramos hoy, cuesta no verlo como una rendición política por pura debilidad. España tenía la responsabilidad legal de hacer un referéndum de autodeterminación, pero el miedo a una guerra y la fragilidad del régimen pesaron más que el Derecho Internacional.

Las consecuencias las vemos hoy: el conflicto sigue ahí, con generaciones de saharauis malviviendo en campamentos en Tinduf y un muro que divide la tierra. Medio siglo después, esa decisión sigue marcando nuestra política exterior y la estabilidad de toda la zona.

El golpe directo al corazón de Canarias

Para nosotros en Canarias, esto no fue algo que pasó «allá lejos». Por cercanía y por los lazos que tejimos durante décadas, la retirada fue un mazazo económico y social que todavía nos duele, especialmente en el sector pesquero.

Durante años, el banco canario-sahariano fue nuestra despensa. Barcos de Las Palmas, Arrecife o Santa Cruz faenaban en esas aguas riquísimas, creando miles de empleos en astilleros, conserveras y comercios. No eran solo números; era una forma de vida, una cultura del mar que pasaba de padres a hijos. Para un marinero canario, el mar del Sáhara era su casa.

Pero tras esa salida humillante, el acceso se cortó. De la noche a la mañana, los pescadores se quedaron en un limbo legal. Muchos tuvieron que desguazar sus barcos porque ya no era rentable pagar las tasas que imponía Marruecos. Barrios enteros en Gran Canaria o Fuerteventura vieron cómo el desempleo y la precariedad se instalaban donde antes había prosperidad.

¿Estamos repitiendo la historia?

Hoy, la pesca ya no es un derecho, es una «concesión» que depende de los despachos de Bruselas y Rabat, mientras Madrid suele mirar para otro lado. Y aquí viene la gran pregunta: ¿Estuvo España a la altura? Muchos creemos que no.

Y ojo, que esto puede volver a pasar. Estamos viendo cómo empresas estatales marroquíes entran en nuestro territorio y cómo construyen puertos gigantes frente a nuestras costas para quitarnos el sitio como «Hub» del Atlántico Medio.

¿Vamos a seguir permitiendo que Canarias sea el «pariente pobre» que paga los platos rotos de la miopía de nuestros políticos? El único que ha sacado pecho con este tema es Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Lo vamos a dejar solo en esta lucha?

Como bien dice el autor, la historia nos enseña que estas decisiones no son «abstracciones diplomáticas». Son empleos perdidos y hogares vacíos.

Y para cerrar, como decimos por aquí: este asunto me huele ya a trapo quemado. He estado encima del tema hasta cogerle la vuelta, porque «el jodido moro» ya me tiene caliente, compadre. Así que, o picamos al toque o que arranque la caña, porque… ¡casos se han dado!

¡Qué cosas!