La resolución dictada el 24 de Junio de 2026 por el Plaza número CINCO (Seccion Social) de Santa Cruz de Tenerife, estima la demanda presentada frente al Instituto de Atencion Social y Sanitaria de Tenerife (IASS), poniendo fin a una situacion marcada por la sucesión de contratos temporales durante más de 18 años. La trabajadora sanitaria Laura Silvia Rodríguez Santos ha obtenido una sentencia histórica que reconoce su derecho a la condición de trabajadora fija tras acreditar una situación de abuso en la contratación temporal durante casi dos décadas, gracias a la actuación del sindicato CSIF y a la defensa jurídica del abogado Antonio Brito Pérez. Según el criterio sostenido por la parte demandante, esta resolución constituye el primer fallo judicial en Canarias que reconoce la fijeza de una trabajadora del ámbito sanitario como medida efectiva frente al abuso de la temporalidad, en aplicación de la normativa europea y de la reciente evolución de la jurisprudencia. La demandante inició su relación laboral en julio de 2007 y llegó a encadenar más de un centenar de contratos temporales antes de ocupar una plaza como interina por vacante, situación que el juzgado ha considerado incompatible con la protección que exige el Derecho de la Unión Europea frente al uso abusivo de la contratación temporal. La sentencia declara el derecho de la demandante a la condición de personal laboral fijo por abuso de la contratación temporal y “superación” (concepto a efectos de la doctrina del TS) de un proceso selectivo para personal laboranl fijo. La demandante auxiliar de enfermería, como personal laboral, suscribió un total de 131 contratos, aunque el carácter abusivo se halló en el último contrato suscrito en 2020, que era de interinidad por plaza vacante, y cuya duración se seis años. El demandado (Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife), no acreditó causa alguna para justificar una duración tan dilatada en el tiempo. El juez considera que la contratación tiene carácter abusivo. La decisión se adopta por aplicación los criterios contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021, asunto C-726/2019, y la jurisprudencia mantenida por la Sala IV del Tribunal Supremo, a partir de su sentencia del Pleno de 28 de junio de 2021, recurso 3263/2019.