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Articulos - Julio César González Padrón

Cumplir con Hacienda: Mucho más que un trámite, un compromiso con nuestra convivencia

28 de abril de 2026
Julio César González Padrón

Con la llegada de la primavera, se abre un periodo que pone a prueba nuestro civismo. Más allá de las cifras, la Declaración de la Renta es el engranaje que sostiene el bienestar de todos.

Con la llegada de la primavera no solo florecen los campos; también se abre uno de los periodos más determinantes para la vida cívica de nuestro país: el de la Declaración de la Renta. Para muchos, se trata de un trámite tedioso, casi una carrera de obstáculos burocráticos; para otros, una oportunidad de ajustar cuentas con la Administración. Sin embargo, si nos alejamos del ruido individual, descubrimos que cumplir con nuestra obligación fiscal es la pieza clave del engranaje que sostiene nuestra sociedad.

Pagar impuestos no es, o no debería ser, una simple imposición legal. Es, en esencia, un compromiso colectivo. Gracias a ese esfuerzo común se financian servicios esenciales que utilizamos a diario, muchas veces de forma inconsciente: la sanidad pública que nos atiende en los momentos críticos, la educación que moldea a las nuevas generaciones, las infraestructuras que nos permiten movernos y, por supuesto, los sistemas de protección social que amparan a los más vulnerables. Y sí, hablo también de «mi pensión» y la de todos los jubilados que hoy recogen el fruto de lo sembrado.

En este sentido, hacer la declaración —y hacerla con rigor— no es solo una cuestión de evitar sanciones. Es una forma de contribuir de manera justa al bienestar común. Además, no nos engañemos: presentarla correctamente tiene ventajas directas. Permite acceder a deducciones y beneficios que suponen un alivio económico y nos ofrece una radiografía clara de nuestra salud financiera para planificar el futuro. Cumplir bien no es solo cumplir; es optimizar dentro de la legalidad.

El espejo europeo: ¿pagamos mucho o poco?

Si alzamos la vista y comparamos nuestra carga fiscal con la de nuestros vecinos de la Unión Europea, el panorama es revelador. España se sitúa en una posición intermedia, por debajo de países con una alta presión fiscal como Dinamarca, Francia o Bélgica, pero por encima de otros modelos más laxos.

Este equilibrio refleja la voluntad de financiar servicios públicos sin asfixiar al contribuyente. Sin embargo, el debate eterno sobre si la carga es excesiva no debería eclipsar lo fundamental: lo verdaderamente importante no es cuánto se paga, sino que cada euro se traduzca en servicios eficientes, transparentes y equitativos.

La sombra de la insolidaridad

En este contexto, resulta especialmente preocupante la conducta de quienes buscan esquivar el hombro. La evasión y el fraude no son «trucos» de ingenio financiero; son prácticas que erosionan los cimientos de nuestra convivencia. Resulta especialmente sangrante cuando este fraude proviene de grandes empresas que, lejos de ejercer una responsabilidad social real, invierten fortunas en diseñar estrategias complejas para minimizar su aportación.

Estas prácticas, a menudo amparadas en resquicios legales, pueden ser técnicamente defendibles, pero son éticamente injustificables. Contratar expertos para pagar menos de lo que corresponde no es eficiencia, es insolidaridad pura y dura. Sobre todo cuando esas mismas corporaciones se benefician de la paz social y las infraestructuras que pagamos entre todos.

Una doble traición: fraude y corrupción

A título personal, no puedo evitar sentir un profundo rechazo hacia quienes engañan a Hacienda de forma deliberada. Esa actitud quiebra el principio de solidaridad de cualquier democracia moderna. Pero hay algo igual de indignante, o quizás más: la conducta de aquellos responsables públicos que, con la obligación de gestionar el dinero de todos con manos limpias, lo desvían para su beneficio personal.

La corrupción política, alimentada por el mal uso de nuestros impuestos, es una doble traición. Traiciona la confianza del ciudadano y pervierte el propósito mismo de la contribución fiscal. La sociedad no puede permitirse normalizar estos comportamientos. La justicia fiscal es un pilar de la cohesión; si unos pocos eluden su parte o desvían lo común, el peso cae de forma injusta sobre los que sí cumplimos.

Un recordatorio de comunidad

En definitiva, la Declaración de la Renta no debería verse como una cita anual con el miedo, sino como un recordatorio de nuestro papel dentro de una comunidad. Exigir transparencia a la Administración y responsabilidad a las grandes empresas es nuestra obligación, pero también lo es cumplir con nuestra parte. Solo así construiremos una sociedad más madura y equilibrada.

Ya sé que somos un pueblo latino y que la mezcla de sangres que corre por nuestras venas nos hace sentirnos, en ocasiones, más «listos» que nadie. A veces, «nos pasamos tres pueblos» y eso no está nada bien.

Como bien saben que me gusta cerrar con nuestra esencia, les diré que, aunque casos se hayan dado, no se me hagan ahora el «Choni de pá fuera», que se les ve la perica, Pancho. Las cosas hay que hacerlas bien y de ahora para después.

¡Qué cosas!

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Redacción NorteGranCanaria

Raúl del Toro traslada a Pesca del Gobierno de Canarias la defensa del litoral aldeano y solicita una reunión informativa en La Aldea

El secretario local de Coalición Canaria plantea la exclusión de las ZIA-GC8 y GC9 de la planificación acuícola y confía en que la evaluación ambiental tenga en cuenta las singularidades de la zona y determine la inviabilidad de este proyecto. El secretario local de Coalición Canaria de La Aldea, Raúl del Toro, mantuvo este lunes una reunión con el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes Hernández, para trasladar la posición de la formación sobre el futuro del litoral aldeano y abordar las actuaciones que deben desarrollarse en torno al proyecto acuícola previsto en la costa del municipio. En el encuentro participaron también la diputada de Coalición Canaria por Gran Canaria, Vidina Espino, y la secretaria local de Organización de Coalición Canaria La Aldea, Cristina León. Uno de los principales resultados del encuentro ha sido la confirmación por parte de la Dirección General de Pesca de la celebración de una reunión informativa en La Aldea, una petición que la formación local ya había planteado en las alegaciones presentadas ante la Administración. Para Raúl del Toro, este encuentro permitirá que los vecinos y vecinas puedan conocer directamente el contenido del expediente, plantear sus dudas y recibir información de primera mano por parte de los responsables de la Administración. “Creemos que es importante que la Dirección General de Pesca venga a La Aldea y explique directamente a los vecinos en qué punto se encuentra el expediente, cuáles son las competencias de cada órgano y qué pasos quedan por dar. Ante tanto ruido mediático, queremos información de primera mano, transparencia y participación”, señala Del Toro. Durante la reunión, Coalición Canaria trasladó también las principales cuestiones recogidas en las alegaciones presentadas por la formación, en las que se ponen de manifiesto las deficiencias detectadas en el proyecto y se solicita que se deniegue la concesión acuícola proyectada en la ZIA-GC9. Desde Coalición Canaria se entiende que el procedimiento administrativo del proyecto debe continuar su curso y que corresponde al órgano ambiental competente realizar la evaluación de impacto ambiental, dentro del ámbito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. En este sentido, los nacionalistas confían en que durante el proceso de evaluación se tengan especialmente en consideración las singularidades ambientales del litoral aldeano, sus espacios naturales y los valores que justifican su protección, y que el resultado de dicha evaluación determine que el proyecto no debe ser aprobado. En cualquier caso, más allá del expediente actualmente en tramitación, Coalición Canaria ha planteado al director general de Pesca la necesidad de comenzar a estudiar los trámites necesarios para excluir las ZIA-GC8 y ZIA-GC9 de la planificación acuícola de Canarias. Para la formación, el debate debe ir más allá de un proyecto concreto y abordar qué modelo de litoral quiere La Aldea para las próximas décadas. “No queremos que dentro de unos años volvamos a encontrarnos ante el mismo debate con otro proyecto. Creemos que ha llegado el momento, una vez transcurrido el tiempo necesario, de hablar del futuro de las ZIA-GC8 y GC9 y de proponer su exclusión del PROAC”, afirma Del Toro. Esta petición adquiere, además, una especial relevancia en un territorio donde se está impulsando la protección de espacios de enorme valor ambiental y paisajístico, entre ellos Guguy o la Micro Área Marina Protegida de El Roque. Coalición Canaria La Aldea valoran positivamente el encuentro mantenido con la Dirección General de Pesca y asegura que continuará realizando seguimiento del expediente y defendiendo que, a pesar de estar actualmente incluidas en el PROAC, las ZIA-GC8 y ZIA-GC9 no son los lugares adecuados para la práctica de la acuicultura. “Vamos a seguir defendiendo nuestro mar, nuestra pesca y nuestro territorio. La Aldea tiene derecho a decidir qué modelo de municipio quiere para las próximas generaciones”, concluye el secretario local.