El AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías) no es, como algunos podrían pensar, un simple «capricho canario». Es una pieza legal, una excepción autorizada por la Unión Europea dentro de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). Pero, aun con los papeles en regla, no son pocos los analistas que vemos en esta figura rasgos de un anacronismo difícil de digerir en pleno mercado único europeo.
Permítanme que les hable, no como un doctor en economía —que no lo soy—, sino en «cristiano maúro de Telde», que es lo que soy: un humilde marino mercante que prefiere las verdades de frente. Lo del AIEM es, en esencia, un impuesto singular en un territorio singular. Pero que sea singular no significa que sea sagrado.
Un arancel camuflado de ayuda
En Canarias vivimos con una realidad fiscal distinta, eso lo sabemos todos. El AIEM grava ciertos productos importados (y algunos locales) con tipos que oscilan entre el 5% y el 15%. El objetivo oficial suena bien: proteger lo nuestro frente a la competencia de fuera.
Pero la pregunta que nos hacemos a pie de calle, mientras llenamos el carro de la compra, es otra: ¿Tiene sentido un muro proteccionista en una Europa sin fronteras?
Aunque Bruselas lo permite por nuestra condición de Región Ultraperiférica (RUP), lo hace siempre con pies de plomo, mediante prórrogas. Saben que es una excepción, no un modelo. Para un maúro como yo, que ha navegado lo suyo, esto de que nos cobren por mover mercancía entre territorios de un mismo Estado me suena a cuento chino. Como diríamos en mi pueblo: «La próxima vez, me lo pica más finito, que la quiero para la cachimba nueva». Porque esto, compadre, cuesta fumárselo.
La tensión entre el papel y el bolsillo
Le guste o no a los «doctos» del Gobierno de Canarias, el AIEM genera tensiones que ya no se pueden tapar con un dedo:
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Encarece la vida: El consumidor canario paga más por productos que en la Península no tienen ese recargo.
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Distorsiona la competencia: Crea una burbuja que a veces premia la ineficiencia.
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Barrera comercial: Introduce un freno que no existe en ninguna otra región de la Europa continental.
Soy un fiel admirador de Bravo Murillo y, por tanto, enemigo férreo de los proteccionismos que suelen beneficiar a una minoría a costa de la mayoría. A menudo, esas empresas «protegidas» tienen su sede en Madrid o en Europa, pero se instalan aquí solo para ordeñar la vaca de las ventajas insulares. Para eso, como decimos en Telde: «Mire usted cristiano, para la leche que da la cabra, mejor es dejar que se la jinque toita la baifita».
La libertad de los condenados
Escribo esto con la «libertad de los condenados». Defiendo mi tierra y a mi gente, y eso a veces tiene un precio. Ya me pasó cuando era delegado comercial de Naviera Pinillos en Las Palmas. Por no callarme ante las injusticias de las subvenciones al transporte (REA) en la televisión autonómica, algún «empresario listillo» pidió mi cabeza en bandeja de plata. Mis superiores no reaccionaron como yo esperaba, pero uno aprende que frente a la tiranía de «don dinero», lo único que le queda a un hombre honrado es su palabra y su recto proceder.
Hago mía la frase de mi difunto padre: «Mi honor me prohíbe acatar acciones, callar o permanecer indiferente, aunque la Ley lo tolere».
Conclusión: ¿Hacia dónde vamos?
No niego que el AIEM cumpla una función legal de compensación. Pero en esta Canarias de 2026, con cadenas logísticas globales y digitalización, el esquema huele a siglo XX.
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Mantiene precios altos.
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Protege sectores que deberían ser capaces de competir solos.
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Nos aleja de la lógica del mercado moderno.
La cuestión no es si el AIEM es legal —que lo es—, sino si es útil. Ha llegado el momento de un debate técnico y ciudadano, sin complejos, sobre si este impuesto es una necesidad o un lastre para el bolsillo del isleño.
Porque, como decimos por aquí: «Para una cabra partida, un macho corcovado y a la orilla de la mar, canta una loca; cada uno se jode cuando le toca». ¿Me oyó, cristiano? Y no se me haga el peninsular, que ya hace rato que le tengo cogida la vuelta.
¡Qué cosas!
