La reciente sentencia que declara la nulidad del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria no puede ser despachada como un simple trámite administrativo o un avatar jurídico más. Estamos ante un golpe de calado cuyas ondas expansivas amenazan con frenar en seco el motor de nuestra isla. Lejos de aportar la tan necesaria seguridad jurídica que requiere cualquier territorio, esta resolución siembra una incertidumbre que debilita nuestra planificación y, lo que es más grave, atenta directamente contra el interés general de todos los grancanarios.
Suscribo, palabra por palabra, la valoración del presidente del Cabildo, Antonio Morales: esta decisión es «injusta, técnicamente cuestionable y claramente desproporcionada». No hablamos de una pataleta institucional, sino de una objeción de fondo. El tribunal parece haber ignorado el contexto, el ingente esfuerzo técnico acumulado y las urgencias reales de nuestra tierra. Me atrevería a decir que quienes han dictado este rechazo, o no sienten esta isla como propia, o sencillamente no se la han «pateado» lo suficiente como para entender lo que hay en juego.
El rigor frente a la piqueta judicial
El PIO no nació de la improvisación. Fue el fruto de años de trabajo de campo, de un escrupuloso rigor técnico, de procesos de participación pública y de un consenso político que pocas veces se ve en nuestras instituciones. Su meta era nítida: dotar a Gran Canaria de un modelo ordenado, sostenible y coherente.
Resulta incomprensible que posibles defectos de forma —subsanables bajo cualquier prisma de razonabilidad— o interpretaciones restrictivas de la norma, hayan servido de excusa para una nulidad absoluta. En lugar de corregir, se ha optado por dinamitar. Es una política de «tierra quemada» jurídica que no distingue entre lo que es válido y lo que es mejorable, enviando un mensaje devastador: que el esfuerzo colectivo de una sociedad puede saltar por los aires por tecnicismos que tenían solución sin necesidad de consecuencias tan traumáticas.
Un vacío que pagamos todos
El impacto de esta sentencia no se queda en los despachos. La anulación genera un vacío de planificación que paraliza inversiones, frena proyectos de protección territorial y asfixia el desarrollo económico. Ninguna isla que aspire a un crecimiento serio puede permitirse este nivel de inseguridad.
Este episodio nos obliga a reflexionar sobre la deriva de nuestro sistema. No es lógico que instrumentos de esta envergadura, elaborados por profesionales serios durante años, queden expuestos a un borrón y cuenta nueva que no pondera el daño social y económico que provoca. La justicia, si se limita a un análisis puramente formalista y olvida el bienestar colectivo, deja de ser justa para convertirse en un obstáculo.
Firmeza y arraigo
Mi rechazo a esta decisión es rotundo. No busco el enfrentamiento gratuito con el poder judicial, sino reivindicar que el principio de proporcionalidad debe ser el faro de cualquier sentencia. Defender la legalidad es también tener el valor de cuestionar sus interpretaciones cuando estas resultan, a todas luces, desmedidas.
Gran Canaria no puede retroceder. Es el momento de exigir soluciones y de blindar los mecanismos que eviten que el futuro de nuestra isla quede a merced de una interpretación fría de la norma. Confiamos plenamente en que el recurso presentado por el Cabildo prospere; ya está bien de poner piedras en las ruedas de una carreta que ya de por sí tiene un camino difícil.
Como «maúro» patriota de Telde, mi paciencia tiene un límite. Me duele ver cómo se juega con el porvenir de nuestra gente desde la frialdad de un papel. Ya está bien de palos en las ruedas. Como decimos por aquí cuando la indignación aprieta: «Ya me tienen caliente, compadre; así que pique al toque o arranque la caña… y si te quieres d’ir dite, que aquí nadie los julea».
Por el bien de Gran Canaria, esperamos que impere el sentido común. No pedimos privilegios, pedimos que nos dejen avanzar.
¡QUE COSAS!
